Manzur declaró sobre el Potenciar Trabajo y se deslindó de responsabilidades

El jefe de Gabinete declaró por escrito y remarcó que el ministerio conducido por Victoria Tolosa Paz es la autoridad de aplicación.

Manzur declaró sobre el Potenciar Trabajo y se deslindó de responsabilidades

En el marco de la investigación que lleva adelante el fiscal Guillermo Marijuan para determinar las razones por las cuales la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, no dio de baja a unos 250.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo que habrían cobrado el beneficio de manera irregular según un informe de la AFIP, el jefe de Gabinete, Juan Manzur declaró por escrito y deslindó responsabilidades en su compañera de gabinete y remarcó que el área comandada por Tolosa Paz es la “autoridad de aplicación” para dar las altas y bajas de los titulares del programa social.

Si bien el gobernador tucumano en uso de licencia debía comparecer ante la Fiscalía Federal Número 9, el lunes, sus respuestas se retrasaron a raíz de su agenda política.

Después de hacerle saber a Manzur que investiga el presunto delito de incumplimiento de funcionario público por parte de la ministra Tolosa Paz y los otros responsables del programa, como Emilia Pérsico y los funcionarios que trabajan en su secretaría, el fiscal formuló 11 preguntas.

En una de las preguntas, el fiscal le pidió al ministro que diga “si conoce los resultados informados por la AFIP” y el jefe de los ministros dijo haber tomado conocimiento del documento por haber sido acompañado con su consulta. “Por su tenor, la información estadística que suministra la AFIP no es información que deba producirse en la órbita de mi jurisdicción”, respondió Manzur.

Del informe elaborado por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) se destaca que sobre un padrón de 1.382.279 beneficiarios se detectó que “44.235 recibieron ingresos en los últimos seis meses (entre enero y junio pasado) mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil”. Que “52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc”. Que “63.211 registran gastos o consumos con tarjeta de crédito o débito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil y que “253.184 presentaron declaración jurada de bienes personales (no se aclara si son dueños de una moto o un auto de alta gama).

De acuerdo al formulario, al que tuvo acceso Infobae, Marijuan también preguntó a Manzur si conocía cómo se monitorean y/o controlan los requisitos que debe reunir cada persona que se inscribe en el Programa Potenciar Trabajo, y el dirigente respondió: “Poseo conocimiento de tales requisitos mencionados, los cuales se encuentran establecidos en el Punto 5 de la resolución número 121/2020 del 20 de marzo del 2020 del ministerio de Desarrollo Social. (…) De lo que aquí interesa en la relación a la aplicación y/o ejecución de cada individuo que se inscribe en el “Potenciar Trabajo”, como así también la aprobación de su incorporación de su incorporación al mismo, son potestad de la autoridad de aplicación, a través de la ejecución de los planes, programas y proyectos”.

Entre las preguntas, el fiscal consultó si conocía el alcance de las bajas realizadas sobre el programa y Manzur aseguró estar en conocimiento y se remitió a las explicaciones brindadas por la ministra Tolosa Paz. En su respuesta, el jefe de Gabinete copio el link con la conferencia de prensa de Victoria Tolosa Paz subida a la página web de www.argentina.gob.ar y en la cual hace mención a otro informe de la AFIP solicitado por ella, con parte del padrón ya depurado -según refirió las propia AFIP en su informe- y con un número inferior de preguntas, y que comenzó con la siguiente frase de la ministra: “Quiero llevar la tranquilidad al 99,7% de los titulares del programa Potenciar Trabajo”. En su exposición, reproducida por Manzur, Tolosa Paz reconoció que “en los últimos 26 meses, 82.272 destinatarios del Potenciar Trabajo han consumido 4.498.144 dólares con tarjeta de crédito”.

Horas después de la declaración de Manzur, el fiscal Marijuán presentó una denuncia penal contra la ministra de Desarrollo Social por el presunto delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

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