02 Diciembre 2022
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Tras una jornada de lucha de los movimientos sociales, el Gobierno se comprometió a postergar hasta febrero el estudio de incompatibilidades en la asignación de los planes Potenciar Trabajo y adelantó que la cuota de noviembre se pagará en los próximos días.
El presidente Alberto Fernández recibió esta tarde en la Casa Rosada a la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz; al secretario general del Movimiento Evita, Emilio Pérsico; y al secretario general de la UTEP, Esteban “Gringo” Castro.
En ese encuentro resolvieron que el relevamiento de los planes que se iba a hacer con los datos de la AFIP, a partir del levantamiento del secreto fiscal, se llevará adelante recién en febrero.
En todo el país, los movimientos sociales salieron hoy a la calle ante la posibilidad de que no se abone la cuota de noviembre y de la amenaza de “desenganchar” los planes del salario mínimo.
La decisión de la ministra Tolosa Paz de solicitarle a la Justicia que levante el secreto fiscal para que la AFIP entregue la lista nominal de los beneficiarios del Potenciar Trabajo que cobraban el plan con incompatibilidades (como haber comprado dólares o tener más de dos propiedades) había generado un fuerte malestar en los movimientos sociales. Ayer incluso dejaron trascender desde el Movimiento Evita que analizaban renunciar a los cargos que ocupan en el Poder Ejecutivo, principalmente dentro de la cartera de Desarrollo Social.
Cómo fue la discusión
Según publicó Infobae, durante la reunión Alberto Fernández le reprochó a Tolosa Paz el manejo desprolijo de la situación y señaló que como resultado terminó “con la gente en la calle”. En esa línea, Pérsico le recriminó que no debería haber pedido el levantamiento del secreto fiscal.
Por su parte, la ministra Tolosa Paz explicó que hizo el pedido para evitar una imputación del fiscal Guillermo Marijuán. Sin embargo, el fiscal federal la denunció -junto con Pérsico- por los presuntos delito de “abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público y malversación de caudales públicos”. Fue por no haber dado de baja a los 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo que habrían cobrado ese beneficio de manera irregular por tener alguna “incompatibilidad”, según el informe que el 24 de octubre envió la AFIP por pedido de su antecesor Juan Zabaleta.
Dado que Marijuán igualmente hizo la denuncia, Tolosa Paz se mostró de acuerdo con Alberto Fernández y Pérsico en esperar hasta febrero para depurar los listados.
Sin embargo, aclaró que las asignaciones que ya fueron canceladas porque los beneficiarios compraron dólares o están fallecidos, seguirán dadas de baja.
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