Tucumán es la segunda provincia con mayor tasa de abortos legales

Tucumán es la segunda provincia del país con mayor tasa de abortos en el sector público de salud desde que se legalizó la práctica, hace dos años. La Ley 27.610 (Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo -IVE-) se sancionó el 30 de diciembre de 2020, y empezó a regir el 15 de enero de 2021, cuando se publicó en el Boletín Oficial.

De acuerdo a datos difundidos por el Ministerio de Salud de la Nación, a partir de ese momento y hasta septiembre del año que acaba de terminar se realizaron en todo el país casi 133.000 IVE en el sector público: 73.487 durante 2021; y 59.267 entre enero y septiembre últimos.

Durante ese período, Tucumán muestra una tasa de un 17,2‰ (por mil), según la cantidad de mujeres en edad fértil: un 9,4‰ durante 2021; y un 8,2‰ de enero a septiembre del año pasado. Este registro solo es superado por el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que presenta una tasa de un 21‰ (11,7‰ y 9,3‰).

Si la se toma en cuenta la cantidad de procedimientos realizados durante ese lapso en números absolutos, la provincia de Buenos Aires presenta la mayor cantidad de casos, con 55.812 abortos. Entre las provincias donde menos prácticas se notificaron figuran Chaco y San Juan, con tasas de un 4,6‰ y de un 3,1‰, respectivamente.

La ley establece el derecho de las personas embarazadas a interrumpir el proceso hasta las 14 semanas de gestación (IVE), y reconoce, sin plazos, el derecho a la interrupción legal del embarazo (ILE) en casos de violación, de peligro de la vida o de la salud de la persona gestante.

La distribución de la cantidad de abortos por provincia es desigual. A CABA y a Tucumán le siguen, en orden decreciente, Jujuy, con un 16,5‰ desde enero de 2021 hasta el último septiembre (un 8,5‰ durante 2021 y un 8‰ en el lapso de enero a septiembre de 2022); Tierra del Fuego (15,9‰: 7,1‰ y 8,7‰); Salta (15,6‰: 8,1‰ y 7,5‰); La Pampa (14,5‰: 12,5‰ y 2,4‰); Catamarca (13,3‰: 7,3‰ y 6,1‰); Buenos Aires (12,8‰: 7,6‰ y 5,2‰); La Rioja (12,2‰: 7,1‰ y 5,2‰); Chubut (12,2‰: 6‰ y 6,2‰); Neuquén (11,9‰: 3,8‰ y 8‰); San Luis (11,6‰: 6‰ y 5,6‰); Santa Fe (9,8‰: 4,9‰ y 4,9‰); Mendoza (9,6‰: 5,8‰ y 3,7‰); Entre Ríos (8,7‰: 4,7‰ y 4‰); Río Negro (7,9‰: 4,3‰y 3,6‰); Córdoba (7,8‰: 4,2‰ y 3,6‰); Santiago del Estero (6,6‰: 2,3‰ y 4,4‰); Santa Cruz (6,5‰: 2,8‰ y 3,7‰); Formosa (5,8‰: 1,8‰ y 4,1‰); Misiones (4,7‰: 1,8‰ y 2,9‰); Corriente (4,7‰: 2,1‰ y 2,6‰); Chaco (4,6‰: 2,2‰ y 2,4‰), y San Juan (3,1‰: 1,9‰ y 1,2‰).

Registros mensuales

“Mensualmente, cada provincia envía a la Nación los registros de las interrupciones que los equipos de salud realizan, ya sea de manera ambulatoria (primer trimestre) o por internación (segundo trimestre)”, explicó la directora de Salud Sexual y Reproductiva de la Nación Valeria Isla, a la periodista Lucía Martínez, del sitio Chequeado.com.

Añadió que con las distintas jurisdicciones se coordinaron una serie de lineamientos para que la información se recopile en modo uniforme y sirva como insumo para la política sanitaria.

La periodista precisó que estos indicadores no incluyen las prácticas realizadas en el ámbito de las obras sociales y en el sector privado -empresas de medicina prepaga-. Esto no resulta un dato menor, debido a que el 60% de la población argentina tiene cobertura de obras sociales y un 13,6% la obtiene de prepagas, según la Red Argentina de Investigadores de Salud.

De acuerdo a la nota de Chequeado.com, Isla también señaló que el Ministerio de Salud de la Nación debió intervenir en 51 ocasiones durante 2021, ante posibles vulneraciones de derechos, relacionados con el acceso a IVE/ILE. Estas habían sido denunciadas a la línea telefónica de consultas por Salud Sexual (0800-222-3444). Las provincias en las que se advirtieron más posibles vulneraciones, según precisó Isla, fueron Salta (10), Buenos Aires (cinco), Chubut, Mendoza y San Luis (cuatro en cada una).

Planteos judiciales

Chequeado.com también publicó que desde que rige la ley se van presentando 37 demandas en contra de esta, según un relevamiento de la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva. El 62% de estas se presentaron ante la Justicia Federal, y un 38% ante juzgados provinciales. Se rechazaron 26 demandas; cuatro se archivaron y siete se encuentran todavía en trámite judicial.

La oficina local de Amnistía Internacional analizó los reclamos realizados ante la Superintendenica de Servicios de Salud de la Nación y ante la Dirección Nacional de Defensa de los Consumidores por el accionar de las obras sociales y de las prepagas, respecto del acceso al aborto. De acuerdo con este relevamiento, desde que la norma entró en vigencia -el 15 de enero de 2021- hasta abril de 2022, la Superintendencia había recibido 319 reclamos de algún tipo de barrera para el acceso al aborto en toda la Argentina.

Y hasta el 31 de enero de 2022, la Dirección Nacional de Defensa de los consumidores había recibido otros 361. El principal obstáculo denunciado fue la denegación de la práctica; seguido por la denegación de la cobertura integral de la práctica.