Caso Espinoza: piden perpetua para cuatro policías

La acusación se dividió según los roles que tuvo cada imputado. Además se solicitó indemnizar a las víctimas. La querella pidió cinco perpetuas

A SALA LLENA. La familia Espinoza y pobladores de Villa Chicligasta coparon el recinto del Tribunal Oral Federal. A SALA LLENA. La familia Espinoza y pobladores de Villa Chicligasta coparon el recinto del Tribunal Oral Federal. La Gaceta / foto de Antonio Ferroni

“Estamos ante un hecho gravísimo de violencia institucional, uno más de los tantos que hubo durante la pandemia. Fueron policías quienes abusando de sus funciones mataron a Luis Espinoza y luego ocultaron el cuerpo a su familia y a la Justicia. Generaron una conmoción a nivel nacional”, comenzó diciendo el fiscal federal Pablo Camuña, que junto con la fiscal auxiliar Lucía Doz Costas expusieron su alegato ante una sala repleta. En el Tribunal Oral Federal no cabía un alfiler. Con carteles y remeras pidiendo justicia por la víctima, la familia Espinoza y otros habitantes de Rodeo Grande y Villa Chicligasta acudieron en grupo.

Camuña reconoció que la pericia del médico forense era clara y que llevaba a descartar la acusación inicial por desaparición forzada de la víctima, sin embargo, el fiscal subrayó: “a pesar de eso, nos queda la estructura de ese delito, sino no se entiende este hecho. No se trató de un simple homicidio, por eso después borraron huellas, ocultaron información a la familia y también por eso, sólo así se explicaría los dichos de los imputados que contaron que el comisario condujo a más de 180 kilómetros llevando el cuerpo de la víctima en el baúl”.

Acusaciones

Los tres hechos ocurrieron el 15 de mayo de 2020 cuando el jefe de la comisaría de Monteagudo, Rubén Héctor Montenegro convocó a los efectivos José Alberto Morales, Gerardo Esteban González Rojas, Mirian Rosalba González , Claudio Alfredo Zelaya, Carlos Lisandro Romano, José María Paz, René Eduardo Ardiles, Víctor Manuel Salinas y al vigía comunal Héctor Fabio Villavicencio, para un operativo que habría tenido como fin disuadir a quienes se congregaban en el paraje El Melcho -supuestamente- por unas carreras cuadreras.

Ese día, según la acusación, Zelaya y González Rojas llegaron al lugar en una moto haciendo disparos con una escopeta. La gente se dispersó pero los disparos continuaron. En ese contexto, Luis y su hermano Juan Espinoza, quienes iban a caballo, comenzaron a ser agredidos. Juan se cayó de su corcel y fue reducido a golpes. Luis gritaba que dejaran a su hermano cuando un tiro le impactó en la espalda y le causó una muerte inmediata.

Las pericias comprobaron que Morales realizó el disparo mortal, pero también que Zelaya, González Rojas y Mirian González efectuaron tiros con las pistolas reglamentarias, armas letales. Doz Costas destacó que no se encontró ninguna prueba de que se haya tratado de un enfrentamiento. Las 8 vainas encontradas en el lugar pertenecían a las pistolas de los efectivos, y se presume que los acusados tuvieron al menos 45 minutos para recoger evidencias y borrar rastros. El cuerpo fue encontrado días después en un precipicio de Catamarca.

Tras el crimen, siguiendo órdenes de Montenegro, el vigía Villavicencio junto con los demás imputados se distribuyeron funciones en lo que fue una detención ilegal de Juan Espinoza, que en ese momento no sabía lo que le habían hecho a su hermano.

De esa manera, la Fiscalía pidió perpetua para Montenegro, Zelaya, Morales y González Rojas por el crimen y por privación ilegitima de libertad. Por los mismos delitos, aunque como partícipe secundaria, pidió 14 años de prisión para Mirian González. Además, acusándolos por privación de libertad con distintos grados de participación y por encubrimiento del crimen; Camuña pidió: 10 años para Salinas, 7 para Romano y para Paz, 6 para Ardiles y 4 para Villavicencio. Se levantó la acusación fiscal contra Álvaro Gonzalo González por falta de pruebas.

Doz Costas además solicitó una reparación para la familia Espinoza (ver nota complementaria).

“Un pedido expreso”

La querella, integrada por Carlos Garmendia y por Stella Maris Chávez aseveró que “seguimos teniendo a la misma Policía que teníamos en la dictadura”, y criticó el empoderamiento excesivo que se le dio a la Fuerza durante la pandemia: “sólo así se explica el salvajismo con el que actuaron en El Melcho”.

Garmendia sostuvo que: “por expreso pedido de la familia Espinoza, pediremos lo máximo de las penas”. En ese sentido, solicitó que Mirian González también sea condenada a perpetua como partícipe necesaria. Para Ardiles, Paz, Romano, Salinas y Villavicencio, 21 años de prisión, como partícipes secundarios del crimen. Para Álvaro González pidió 6 años por encubrimiento: “es imposible que no haya sabido para qué le pedía colaboración su primo (González Rojas)”.

“No olvidemos que en el juicio Romano confesó que Montenegro les pidió ir a buscar un arma para intentar plantársela a la víctima”, destacó. El lunes comenzarán a alegar las defensas.

Reparación: La Fiscalía solicita que los condenados paguen una indemnización de $20 millones para la familia Espinoza

“Este fue el caso más grave de por lo menos los últimos 6 años. Toda la provincia se movilizó. Destaco el despliegue que tuvieron las divisiones policiales, del ECIF y los bomberos en los rastrillajes; los vecinos que buscaron día y noche y a la prensa que seguía el caso. Se buscó con perros, drones, balsas y buzos el cuerpo de Luis”, señaló la fiscal auxiliar Lucía Doz Costas, que expuso varios de los puntos centrales del alegato del ministerio Público.  

Doz Costas solicitó la reparación integral para las víctimas de Derechos Humanos. “El Estado no sólo tiene el deber de investigar y resolver estos casos, sino también el de restablecer las cosas e indemnizar. En el caso de una muerte, es imposible restablecer el daño, pero se debe indemnizar a los familiares, que también son víctimas”, expresó. Además enumeró todas las carencias con las que conviven los damnificados y recordó que Luis tenía un rol clave para cuidar de su madre enferma y para trasladarla largas distancias para que se hiciera diálisis.

Por eso, la Fiscalía solicito que quienes sean condenados paguen una reparación de $ 20 millones en total para la familia Espinoza. En segundo lugar, que se ordene a la Dirección de Niñez Adolescencia y Familia y a organismos nacionales que garanticen una vivienda digna para cada familiar de Luis “ya sean niños, niñas o adolescentes”. En tercer lugar, que el Siprosa le garantice el acceso a la salud a la familia Espinoza y a los pobladores de Villa Chicligasta.

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