El conflicto en el transporte urbano

Hay conflictos sindicales que se repiten todos los años en Tucumán y, muchos de ellos, son tan reiterativos que aparecen en las mismas épocas del año. Uno de esos escenarios de desavenencias entre empresarios y sindicatos se registra en el transporte público de pasajeros. El cuarto mes de 2023 comenzó con un nuevo cortocircuito por la cuestión salarial. Como un efecto recurrente, la crisis del transporte público vuelve a escena con la advertencia de los choferes de iniciar un paro de actividades a partir del martes.

Desde una vereda, la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor (Aetat) ofrecieron un anticipo de $ 50.000, es decir casi un tercio del salario, por cada trabajador y esperar la llegada del subsidio de la Provincia para intentar completar el salario de marzo. Sin embargo, el gremio de los choferes rechazó el anuncio y ratificó el paro de actividades.

El escenario es el mismo que se dio en años anteriores. Los empresarios advierten que no alcanzan los fondos para el pago de los salarios y, de inmediato, surge la reacción de los choferes, que esperan que sus sueldos les sean abonados en tiempo y forma. La Unión Tranviarios Automotor anunció el paro, pero se espera un auxilio de la Nación para ayudar a la Provincia a descomprimir el conflicto a través del Fondo de Compensación al Transporte Público. Una vez más, el objetivo será atender el reclamo salarial.

Este nuevo capítulo ratifica que se trata de una irresuelta crisis. Casi todos los meses, tanto los representantes de las empresas como los de los trabajadores mantienen conversaciones para evitar medidas drásticas, que afectan a los usuarios. El eje del debate gira siempre en torno al arribo de los subsidios nacionales. La cuestión salarial es la variante que dispara el conflicto en el sistema de transporte, que viene en picada desde hace mucho tiempo. La historia demuestra que hubo años en los que el conflicto derivó en situaciones caóticas como ocurrió en 2021 con más de 60 días de paro. Los empresarios reclaman por el aumento en los costos y por la falta de resolución del sistema de subsidios y las respuestas del Estado a los conflictos han sido sectoriales.

Pasó el primer trimestre del año y la crisis del transporte público resurge en Tucumán. Los proyectos anunciados de manera rimbombante siguen guardados en algún cajón y sin tratamiento ni debate. Una de esas iniciativas fue la estatización de las líneas de colectivos –circulan 800 unidades en San Miguel de Tucumán y 400 en el interior provincial-, planteado como la panacea, pero que, por lo que se ha visto, va a generar un fuerte conflicto por la autonomía municipal y va a producir un debate intenso de compleja resolución.

El año pasado, tras la advertencia de iniciar un paro de 72 horas por parte de la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) en todo el país y en medio del reclamo de empresarios del interior por el reparto inequitativo de recursos que beneficia al área metropolitana de Bueno Aires (AMBA), el Gobierno nacional decidió fortalecer las transferencias a las provincias por el Fondo de Compensación al Transporte Público, con el objetivo de alcanzar los $ 46.000 millones durante 2022.

Una vez más se hace necesario considerar las diferentes partes del conflicto, que no sólo involucra a los trabajadores y los empresarios, sino a los funcionarios provinciales, municipales y nacionales, puesto que el esquema funciona o no según el aporte de dinero que se haga desde la Nación. Todas estas aristas deben sentarse a negociar para dar a luz no sólo las soluciones coyunturales sino una salida con miras al futuro de la actividad. Mientras no haya esa voluntad de discusión amplia, se seguirá resolviendo sobre la emergencia, con resultados insatisfactorios para todos y dañinos para los usuarios que, al fin de cuentas, son los más perjudicados.