Tensiones institucionales por la obra del Registro Civil

La obra del nuevo Registro Civil está atrapada entre las tensiones institucionales y la falta de diálogo entre la Municipalidad y la Provincia. Funcionarios que responden al Poder Ejecutivo (PE) sostienen que les hicieron requerimientos fuera de lo habitual para una obra pública y que no les brindan las autorizaciones para avanzar. Incluso, deslizaron que podría tratarse de una suerte de “revancha” por lo ocurrido con el Mercado del Norte. En la Intendencia, en cambio, advierten que hay permisos que no fueron exhibidos y que incluso no conocen el proyecto ejecutivo. Sostienen que hay violaciones al Código de Planeamiento Urbano y que agrandar el inmueble va en contra de la descentralización del Estado.

El Ministerio de Gobierno y Justicia, que encabeza Carolina Vargas Aignasse, logró el año pasado que la Nación financie la construcción de un nuevo edificio del Registro Civil. Una torre de siete pisos, con un subsuelo y una plaza seca. Son casi 6.200 metros cuadrados de trabajos valuados en unos $1.000 millones (incluye imprevistos y adicionales). La intención es centralizar en el histórico edificio de 24 de Septiembre 871 las dependencias que actualmente funcionan -en locales alquilados- en Ayacucho al 300 y en Crisóstomo Álvarez al 900. Esto, según sostienen, beneficiará a los ciudadanos porque no andarán como ‘cadetes del Estado’, de un domicilio a otro, para hacer un trámite.

“Condimento político”

La UTE integrada por las firmas Alfa y Queñoa ganó la licitación de la obra. Se hizo la demolición, pero hace unos dos meses que los trabajos están parados. El titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), Alfredo Quinteros, sostiene que hay trabas municipales que tendrían un trasfondo político.

“En la historia de la obra pública, el Ejecutivo provincial fue y ejecutó la obra que tenía que hacer. Ahora, por algunos intereses políticos, nos hicieron un acta pidiendo documentación. Aquí hay un condimento político. Se frenó el Mercado del Norte, entonces ahora están frenando esta obra. En otras obras chicas no se pidió nada”, expresó el funcionario provincial a LA GACETA.

Quinteros aseguró que la Municipalidad no fue tan meticulosa en remodelaciones del Hospital de Niños, el Museo Timoteo Navarro, el Hospital Padilla o en el Cepla de la Costanera. “Una de las objeciones que tuvimos es que seguimos haciendo edificios, metiendo gente en el microcentro. Y no es que estemos metiendo más gente: es gente que ya estaba adentro, pero vamos a unificar las estructuras del Registro Civil que están dentro del microcentro”, explicó. Y añadió: “esto es una disputa política. Llevamos dos meses trabados a causa de todo esto”, señaló.

Puntos en conflicto

La fachada y el primer sector del edificio de 24 de Septiembre forman parte del patrimonio histórico. Datan del siglo XIX, cuando allí funcionaba una caballeriza. Dijeron que para preservar el inmueble se proyectó que la torre de siete pisos se eleve en la parte trasera del terreno, en parte del pulmón de manzana, y que no haya cocheras. Son excepciones al Código de Planeamiento Urbano (Ordenanza N° 2.648) que debe autorizarlas el Concejo Deliberante. Para ello se planeó sesionar esta semana, posiblemente el miércoles.

El secretario de Obras Públicas de la Municipalidad, Alfredo Toscano, rechazó las acusaciones de la Provincia. Remarcó que lo único que se solicitó fue el pedido de demolición, el cual fue autorizado. Comentó también que no les mostraron el proyecto ejecutivo de la obra y que tampoco recibieron consultas sobre el tema. Al tiempo que advirtió que si se están por solicitar excepciones en el Concejo es porque el proyecto fue creado en contra del Código de Planeamiento. “No hay nada político, para nada”, remarcó.

“Lo que hace falta es respetar el Plan Estratégico de Desarrollo. San Miguel de Tucumán tiene que caminar para la descentralización. Si estoy por construir un edificio nuevo, lo que haría es generar nuevos polos. Se debería fomentar el desarrollo de nuevos sectores y que el edificio histórico de 24 de Septiembre quede como un centro de interpretación”, dijo Toscano y puso como opciones Campo Norte y el Complejo Muñoz.

El funcionario municipal se expresó en desacuerdo con seguir cargando urbanísticamente y vehicularmente al microcentro. Además, consideró que el proyecto debería haber ido en consonancia con la normativa vigente. “Han licitado y adjudicado algo que va en contra de la normativa de la ciudad y del Código de Planeamiento. Debería haber sido un paso previo. No se puede hacer inconsultamente las cosas. El gobernador debe hablar con el intendente. Se debería consultar, no esta cosa de ‘yo hago lo que quiero y luego mando al Concejo’”, dijo.

Primera sesión del Concejo: con apoyo de FR, el PJ lograría que se otorguen las excepciones

Las excepciones que solicita la Provincia para poder avanzar con la obra del Registro Civil será el tema central de debate en el Concejo Deliberante, que no sesiona desde diciembre de 2022. Se estima que los ediles volverán al recinto el miércoles.
Los pedidos de excepciones para el proyecto que es financiado con fondos nacionales no reintegrables ya cuentan con dictámenes favorables de las comisiones de Obra Pública y de Planeamiento. El bloque de Juntos por el Cambio (JxC) se expresó en contra de las solicitudes. De todos modos, el oficialismo provincial estaría en condiciones de sancionar las ordenanzas necesarias dado que el bussismo anticipó su respaldo para el avance de la obra.

El titular del bloque de Fuerza Republicana, el edil Eduardo Verón Guerra, destacó que es una obra que se realizará con fondos no reintegrables de la Nación y que tendrá un costo cercano a los $1.000 millones. Comentó a este diario que la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU), que diseñó el proyecto, solicitó las excepciones para acogerse a la Ley de Patrimonio Histórico. “Si se hace un estacionamiento no se podría respetar dado que el único acceso es por la fachada existente”, dijo. El también candidato a intendente remarcó que en 2022 el Concejo otorgó a la Corte Suprema excepciones similares para un edificio judicial que se levantó en calle Congreso.

El titular de la bancada de JxC, Agustín Romano Norri, opinó que el Estado es contradictorio porque impide expandirse a los sanatorios ubicados en el microcentro pero ahora se impulsan excepciones para un edificio público que colisiona con lo que dice el Código de Planeamiento. “Si estamos buscando descentralizar, esto nos centraliza más”, dijo.

El concejal peronista David Mizrahi remarcó que la necesidad de la excepción es por un pedido realizado por la comisión de Patrimonio Histórico de la Provincia, con el fin de preservar la fachada y el patio del edificio de 24 de septiembre 800. “Nuestro patrimonio arquitectónico hace a la identidad de nuestra ciudad”, señaló.

Además, solicitó al intendente Germán Alfaro (PJS-JxC) que no se interponga al desarrollo de la construcción. “No sería Justo para la comunidad que el intendente ponga trabas a una obra que se realiza con recursos nacionales no reembolsables y que tiene como único fin brindar un mejor servicio a la comunidad”, dijo y resaltó que miles de tucumanos pasan cada semana por el Registro Civil.

En la Intendencia remarcaron que la Provincia licitó y adjudicó una obra que va en contra de la normativa municipal vigente.