Hay que pensar más en el interés de los ciudadanos

No es posible que en el tercer milenio haya que pensar en generar un código de convivencia o de conducta ética pública para aquellos políticos que cumplen funciones institucionales, que tienen la responsabilidad de conducir el Estado, de hacer que cada oficina pública o dependencia estatal funcione como corresponde, de acuerdo a la ley para garantizar un precepto básico constitucional: asegurar el bienestar general. Es inconcebible que por razones electorales, funcionarios de reparticiones provinciales y municipales no se pongan de acuerdo para avanzar con obras públicas que al final de cuentas son pensadas y ejecutadas para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y de los vecinos.

Es altamente cuestionable que los dirigentes políticos devenidos en funcionarios privilegien sus intereses partidarios y la pelea con el contrincante ocasional, y no solo en tiempos de elecciones -como ocurre hoy-, por sobre la misión que cumplen, especialmente en las administraciones estatales y municipales. A esta altura de la historia no debería haber desencuentros entre directores o secretarios de diferentes organismos para destrabar aspectos legales referidos a una obra que llevará tranquilidad a miles de tucumanos, ya sea un camino vecinal, una ruta, un puente, una calle o una vivienda.

Menos aún si está en juego la construcción de un complejo habitacional que llevaría tranquilidad a cientos de comprovincianos, los que llevan años esperando llegar al techo propio, un sueño de miles de tucumanos. El sólo pensar en la alegría de estas personas viendo satisfecha una necesidad social básica debería ser un acicate para que los funcionarios dejen de lado sus desavenencias, sus ideologías y diferencias partidarias.

Los tiempos electorales no deberían ser motivo para que cualquier emprendimiento sea una excusa para echar culpas pensando que esas acusaciones pueden sumar votos. Por sobre todo, lo que deben hacer es cumplir sencillamente con la misión para la que han sido elegidos o puestos en cargos públicos: trabajar en función de los intereses de la comunidad, de toda, no de alguna porción que creen que son los que les responden políticamente.

La función pública no puede ser expuesta bajo esta mirada mezquina y hasta desaprensiva del bienestar general. La ciudadanía no se merece esta clase de funcionarios que privilegian intereses sectoriales y hasta personales por sobre los de la mayoría. Venimos observando este tipo de desencuentros verbales y de acusaciones cruzadas, buscando desligarse de la propia responsabilidad y tratando de ponerlas en el funcionario de otra jurisdicción, en la creencia de que los tucumanos no saben de quién o de quiénes es la culpa. Creer que una persona afectada directamente por la desidia, por la incompetencia y porque privilegian sus colores políticos hace una diferencia en las urnas es impropio de los hombres de bien, pero más que nada es de una tremenda deshonestidad intelectual. Es ingenuo.

No se puede tratar al ciudadano como una persona que acepta fácilmente los relatos que les quieren imponer y que no es capaz de juzgar los hechos con independencia de criterio. No por nada la clase política cayó en descrédito. Los que han elegido esta actividad como una opción de vida deberían prestar atención a esta situación y no insistir en acusar al otro por una obra que no puede avanzar; deberían entender y aceptar que tienen que ponerse de acuerdo aunque estén en veredas opuestas porque la función que cumplen es para satisfacer al soberano que los eligió. Y los eligió para que mejoren las condiciones de vida de todos.