08 Julio 2023
PRESO. Rolando Alvarez, obispo de Matagalpa, se niega a salir del país. reuters
CIUDAD DE MÉXICO.- La Policía apareció dos días después de que un clérigo católico en una iglesia cerca de Managua, la capital de Nicaragua, pronunciara una homilía dominical en mayo que incluía una oración “se pide por los sacerdotes”.
Los oficiales reprodujeron un audio de la oración y advirtieron “que este tipo de cosas son peligrosas”, recordó otro sacerdote que estaba en los servicios dominicales y cuando llegaron los policías, quien pidió no ser identificado por temor a ser arrestado.
“Tratamos de explicar que es solo una oración normal, nada que ver con la política”, dijo el sacerdote en una entrevista en video. “Ya tienen pruebas contra nosotros que ellos pueden manipular a su antojo”, agregó.
La campaña de cinco años del presidente nicaragüense Daniel Ortega contra la Iglesia se ha intensificado desde febrero, según lo dicho por cinco sacerdotes dentro y fuera del país.
La breve liberación esta semana del obispo Rolando Álvarez generó esperanzas de un punto de inflexión, aunque el obispo mexicano Ramón Castro dijo que las conversaciones entre representantes del gobierno nicaragüense y la iglesia están en curso y que tenía pocas esperanzas de un gran avance.
La escalada se intensificó cuando el Papa Francisco condenó al gobierno de Nicaragua como una “dictadura grosera”, a lo que Ortega respondió cortando lazos con el Vaticano.
Los sacerdotes entrevistados, uno en Nicaragua y cuatro fuera del país, describieron el acoso a representantes de la Iglesia por parte de la policía e informantes civiles: palizas, arrestos y expulsiones de curas y monjas e incautaciones de propiedades.
Un diplomático con sede en Managua dijo que había escuchado informes creíbles de espionaje policiaco al clero. El funcionario expresó su preocupación de que la represión parecía continuar, con un aumento en las expulsiones de órdenes religiosas y confiscaciones de propiedades, además del espionaje.
Funcionarios del Vaticano han dicho que ven el conflicto en Nicaragua como uno de los peores desde la Guerra Fría, cuando muchos países comunistas de Europa del Este persiguieron a los representantes de la Iglesia.
En febrero, el obispo Álvarez, un crítico de Ortega, fue condenado por traición, despojado de su ciudadanía y sentenciado a 26 años de prisión sin que se llevara a cabo un juicio por el caso.
El comunicado de sentencia señala que Álvarez es “autor de los delitos de menoscabo a la integridad nacional, propagación de noticias falsas a través de tecnologías de la información y comunicación, obstrucción de funciones agravada y desobediencia o desacato a la autoridad”. Álvarez ha negado los cargos.
El obispo de la diócesis rural de Matagalpa fue devuelto a prisión el miércoles después de que fracasaran las conversaciones sobre su posible liberación y la de otros clérigos encarcelados, dijo una fuente diplomática.
“Debe estar en silencio”
A fines de mayo, el gobierno de Nicaragua inició una investigación contra la iglesia por lavado de dinero. Ordenó a los obispos del país y al líder principal, el cardenal Leopoldo Brenes, que entreguen documentos financieros y se congelaron cuentas bancarias de la iglesia.
El congelamiento de las cuentas ha dificultado la compra de alimentos y la respuesta a necesidades de las parroquias, dijeron los cinco sacerdotes entrevistados. El gobierno intervino el mes pasado para pagar los salarios de los maestros en cientos de escuelas afiliadas a la iglesia.
Al menos cuatro sacerdotes han sido puestos bajo arresto domiciliario desde el 23 de mayo, según Martha Patricia Molina, una investigadora y abogada nicaragüense que ahora vive en Texas, Estados Unidos.
Siete sacerdotes han sido expulsados, otros seis han huido del país y a dos más se les ha negado el reingreso a la nación centroamericana en lo que va del año, según Molina.
A un grupo de monjas brasileñas de la diócesis de León se le ordenó abandonar Nicaragua en junio.
La campaña de Ortega contra la iglesia comenzó hace cinco años, después de que el gobierno pidiera a los líderes católicos que ayudaran a mediar durante las protestas masivas provocadas por recortes de presupuesto a la pensión por vejez.
Al menos 356 civiles murieron en las protestas, según la comisión de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos.
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