El 2023 dejará un dato que genera preocupación y ya abrió un debate. En nuestra provincia, en lo que va del año, se registraron 12 femicidios, la misma cantidad de crímenes registrados por hechos de inseguridad, es decir, el número de personas que fueron ultimadas durante un robo. Este número habla a las claras que los esfuerzos para frenar la violencia machista son insuficientes. La persecución penal no sólo no alcanza para acabar con la violencia de género (VG), sino que además atenta contra la seguridad de los tucumanos.

De los casos que se llevan registrados hasta ayer, 10 mujeres fueron víctimas de VG y los otros dos hechos se encuadran en una nueva figura muy poco aplicada a nivel nacional: instigación al suicidio, que también es considerada como muertes violentas y en un contexto de violencia contra la mujer. En esa estadística se pueden encontrar al menos tres datos clave:

- La franja etaria de las fallecidas van desde los 15 hasta los 59 años, con lo que queda demostrado que es un flagelo que no sabe de edades.

- En cinco casos, las víctimas tenían medidas de protección a su favor dictadas por la Justicia. Sólo en dos de estos crímenes el femicida violó la orden, en los otros tres casos, las mujeres incumplieron la medida por propia voluntad y se reencontraron con las personas que habían denunciado por VG.

- El endurecimiento de las penas para los que cometen femicidios también queda reflejado en las estadísticas. Los especialistas sostienen que cada vez son más los autores de estos crímenes que prefieren quitarse la vida antes de recibir una condena a perpetua. .

Debate

Las causas de VG representan más de la mitad de los expedientes que se abren en el fuero penal. Según los números que maneja la Corte Suprema de Justicia, son más de 18.000 las causas por este delito. De esa cifra, más del 50% son para pedir medidas de protección como prohibición de acercamiento o exclusión del hogar. También trascendió que el número de condenas dictadas en lo que va del año supera las 900, aunque casi el 90% sea de cumplimiento condicional. Los abogados penalistas aseguran que el alto índice de efectividad de las penas tiene que ver con otra razón: los acusados prefieren llegar a un acuerdo por más que sean inocentes para evitar seguir encerrados en las atestadas celdas de las dependencias policiales. Esa quizás sea la razón para entender por qué el nivel de reincidencia no es alto: cuatro de 10 sentenciados vuelven a atacar a sus víctimas.

Detrás de esta política criminal hay un problema que ya está siendo advertido por las autoridades. El despliegue de recursos por este flagelo está atentando contra la seguridad. A saber:

- La VG es el principal motor de la crisis carcelaria. Actualmente hay alrededor de 2.100 detenidos en las comisarías de la provincia (tienen una capacidad máxima de 700), de los cuales, más de 1.500 son por este delito. Eso implica que cada vez sean más los policías que deben dedicarse a cuidar presos en vez de realizar tareas de prevención. Se estima que entre el 30 y el 40% del personal de las dependencias realizan esta tarea.

- Según la información a la que tuvo acceso LA GACETA, la Justicia ordenó 800 custodias para víctimas. Ese es el número de efectivos que se encargan de realizar ese trabajo y superan los 550 con los que cuenta toda la Unidad Regional Norte para luchar contra el delito en ciudades como Yerba Buena, Tafí Viejo y Las Talitas, por sólo citar un ejemplo. En esa estadística no están contemplados el movimiento de uniformados para controlar el cumplimiento de las medidas de protección, para notificar las prohibiciones de acercamiento o los operativos que deben montar para excluir del hogar a los denunciados.

- Al ser tan importante el volumen de causas que ingresan diariamente, las tres Unidades Fiscales de Violencia de Género tienen el doble o el triple de recursos humanos que las que se dedican a investigar robos, homicidios, delitos complejos y hasta narcomenudeo. También cargan las agendas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales, atentando contra las pesquisas de otros delitos.

Incertidumbre

Días atrás, LA GACETA publicó una producción  en la que tres penalistas aseguraban que la política criminal contra la violencia de género había fracasado y que era necesario buscar otras alternativas.  “Para lograr prevenir y evitar que aumente todo tipo de violencia contra la mujer, hay que tener un Estado presente que aplique políticas públicas eficaces en la materia, planes de acción y programas educativos de sensibilización y de atención hacia las formas de violencia por razones de género, aplicándose en todos los niveles educativos, desde temprana edad. Esto va más allá de las políticas criminales que se puedan adoptar, ya que hablamos de programas integrales por parte de los tres poderes del Estado”, señaló la abogada Agustina Lasquera.

El panorama es preocupante. Históricamente los años con crisis catapultaron los femicidios en el país y en la provincia. La cifra más alta, con 19 casos, se registró en 2020, el año de la pandemia. En 2021, el de la post pandemia, fueron 15, en 2022 se contabilizaron tres, y en 2023, 12. Los especialistas no son optimistas con lo que pueda pasar en 2024. No sólo porque la situación social y económica puede hacer recrudecer la violencia, sino por los recortes presupuestarios que se pueden dar.

Con la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad se acabaron algunos programas vitales para combatir la violencia de género. Entre otros, la ayuda que se otorgaba por única vez a las víctimas (especialmente los hijos que se quedaban sin madre y padre) y los que financiaban microemprendimientos para mujeres que buscaban tener independencia económica. Las dudas van dominando un futuro escenario, justo en el momento en el que quedó demostrado que hay que buscar soluciones alternativas a la persecución penal.