Como tantas veces, lo malo no fue inesperado. Así pasó con la “ley ómnibus”. Su contenido podía compartirse o no, pero el proceso mostró la mala concepción del funcionamiento institucional de varios actores políticos. Observaciones previas:

Primera, el Presidente no puede intentar atropellar diciendo que sus propuestas recibieron el 56 por ciento del apoyo popular. Estrictamente, fue el 30 por ciento. Los votos del balotaje incluyen aquellos por menos malo, no sólo por primera preferencia.

Segunda, aunque todos los votos fueran para la propuesta libertaria original el Congreso es parte esencial en las decisiones públicas. Pretender que sólo valgan los votos del Presidente es despreciar los contrapesos de poderes y por lo tanto la república. O sea, kirchnerismo.

Tercera, la oposición debe hacer oír su voz y defender lo que sea que defienda. Pero la madurez cívica requiere que acepte que perdió. No puede cerrarse en que su programa se aplique cuando los ciudadanos lo rechazaron. Es complicada esta tensión entre ganadores y perdedores, pero así es el sistema.

Cuarta, lo ocurrido implica endurecer el ajuste porque desaparece la posibilidad de mejorar el resultado fiscal desprendiéndose de empresas deficitarias. Retirar el proyecto no es fiscalmente neutro; de allí los recortes abruptos de subsidios y con seguridad menores esfuerzos por frenar la licuación de otros gastos estatales. Además, se reduce la posibilidad de aumentar la eficiencia de la economía al no avanzarse en herramientas para ello, importantes para recuperar el crecimiento.

Al fondo ahora. La restricción política existe. Un economista como Javier Milei debería reconocerla y trasladar lo aprendido de la restricción presupuestaria. Lo básico, que no se puede tener todo; si se quiere algo hay que renunciar a otra cosa, por lo tanto todo tiene costos y todo tiene precio. En la economía civilizada la restricción se sobrelleva mediante intercambios de mercado. En la política civilizada, con negociaciones.

Algunas implican tomar como referencia un horizonte temporal, cuando significan compromisos mutuos realizables secuencialmente. Claro que eso tiene aparejado el riesgo del oportunismo, cuando una de las partes, al haber recibido lo pactado, se niega a cumplir lo comprometido a cambio. Hay varios caminos para enfrentarlo y pueden verse algunos ejemplos parlamentarios.

Uno, saber elegir la secuencia de cumplimientos. En palabras de Antonio Cafiero (imposible acusarlo de gorila), al peronismo hay que cobrarle de contado y pagarle en cuotas, no al revés. Otro, una ley ómnibus. Si se desconfía de que la otra parte apoye un proyecto ajeno luego de que logró la aprobación del suyo se ponen los compromisos mutuos en el mismo texto y se vota una sola vez. Y uno más, complementario del primero, contar con qué castigar al incumplidor. Pero debe notarse que sin horizonte temporal no hay amenaza creíble.

Ahora bien, una ley ómnibus sin combinación de posiciones de las partes no parece resultado de una negociación tradicional. Aquí el gobierno presentó un solo paquete para muchos temas en vez de integrar un “combo” con propuestas ajenas para blindar su idea base. Por eso la imagen durante la discusión fue la del gobierno recortando aquello que probablemente no lograría votos suficientes. Parecía esquivar la negociación, no hacerla.

La alternativa era enviar varios proyectos individuales que en conjunto conformaran un paquete. Como igual habría habido que ceder se puede especular con qué variante las concesiones hubieran lucido peor. Pareciera que recortar más de la mitad del proyecto (sin contar su retiro) habría sido peor que un paquete de propuestas del que se sacaran algunas, se modificaran otras, unas más quedaran intactas y las aprobadas lo fueran con tranquilidad. La imagen no sería de una derrota del gobierno como ahora. Y está el calendario. Con varios proyectos, a estas alturas habría dos o tres ya convertidos en leyes.

Pero hay más. Como el gobierno es minoría en el Congreso le convendría aceitar el trabajo conjunto con algunos partidos. No necesariamente hacer una coalición pero sí buscar líneas aglutinantes estables, no sólo con Pro y por única vez. Así despejaría algunas brumas. Por ejemplo, evitaría ir “ley por ley”, o sea proyectos presentados sin conversaciones previas, como si cada uno estuviera aislado del anterior, “sorpresas” para los ajenos a La Libertad Avanza.

Este esquema puede ser más costoso que un acuerdo general de rumbo al que ocasionalmente haya que acicalar un poco según las circunstancias. Ley por ley significa para los ajenos no saber qué sigue y para el gobierno no saber con quién hacerlo. No habría horizonte, por lo tanto cada parte intentaría sacar de cada proyecto particular todo lo que pudiera. De allí su mayor costo total.

Un plan general implica beneficios de mediano o largo plazo, por lo tanto el costo individual de cada proyecto puede no resultar tan alto y así con la gestión total. Sin largo plazo los únicos beneficios son de corto plazo. Con largo plazo habría menos legisladores dispuestos a perder los beneficios totales por ser oportunistas con una ley aislada porque una línea general acordada genera la posibilidad, segunda cuestión, de aplicar castigos por incumplimiento, para todas las partes. Adicionalmente, habría un rumbo legislativo claro: menos sorpresas y más seguridad jurídica.

La política es una profesión y la ley ómnibus mostró las consecuencias del protagonismo de aficionados. Claro que un ciudadano común, un outsider, puede intentar mejorar las cosas si cree que hay una “casta” que destruye el país. Pero si llega al poder debería tratar de minimizar los errores y dejar de amenazar con un todo o nada para luego recular sin resultados. Los acuerdos con partidos más antiguos también sirven para equivocarse menos.

¿Hay políticos profesionales que cuidan intereses sólo sectoriales? Sí. ¿Los hay oportunistas? Sí. ¿Los hay saboteadores? Sí. Pero esos son los datos, como son datos que LLA es minoría y Argentina una república. Por lo tanto, con o sin casta, debe primar una ética de responsabilidad y saber negociar, sin ingenuidad. Jugar fuerte es válido, ir contra las instituciones ya no.