Como un golpe de nocaut, el anuncio de la quita de subsidios para el transporte del interior dejó tambaleantes a los gobernadores en general –no así a Osvaldo Jaldo, que dice que hay que esperar para conocer bien la medida- y anticipa nuevas tormentas para el enfermo terminal que es el transporte público tucumano. “Ya no hay más a quien echarle la culpa. La responsabilidad es de las jurisdicciones, no hay quién señalar con el dedo”, dice Maxi Villagra, de la Línea 19, con el pragmatismo derivado de un sistema privado - estatal que desde hace tres décadas funciona mal y desde 2018 hace agua sin terminar de hundirse.
Asimetrías y salvataje
La Nación ya era reticente desde hace años para entregar los subsidios para que funcione el sistema. Siempre de modo injusto –se reparte mucho, uno 85%, para el populoso AMBA; y migajas a cuentagotas para todo el interior- mostrando la cruda y horrible realidad de que Buenos Aires y CABA son la cabeza de Goliat. El ex presidente Mauricio Macri fue esquivo para entregar los subsidios y obligó a cambios con el pacto fiscal que terminaron agravando la agonía. El siguiente mandatario, Alberto Fernández, fue ambiguo y con él Tucumán debió asumir más responsabilidad en los subsidios llevando la participación al 50%. Ahora la Provincia duplicó su aporte -$ 2.000 millones- con un plan de salvataje de 90 días. La Nación decía que entregaba los suyos “de buena onda” –entre $ 700 y $ 900 millones-, pero que la Provincia debía hac=erse cargo del sistema y descaradamente mostraba cómo se protegía al AMBA y se desguarnecía al interior. Y con el presidente Javier Milei se repite la injusticia: prometen que ya le llegará el turno al AMBA pero ahora sacan de un plumazo los subsidios al resto el país. El secretario de Transporte, Franco Mogetta, recordó el pacto fiscal de 2018 donde los gobernadores se comprometían a establecer compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte.
Nubarrones
Como no se sabe qué pasa, las reacciones han sido de parte: el representante de los empresarios, Jorge Berretta, dijo que es un golpe de nocaut y recordó que la Nación aún debe los subsidios de enero y febrero. Describió que como en Tucumán no rige la tarjeta SUBE (que aporta descuentos del 55% para sectores sociales vulnerables) “no podría el Estado nacional subsidiar directamente a los usuarios”. En su opinión, el Estado nacional debería primero validar los sistemas existentes de pago iguales que la tarjeta SUBE y entonces hacer el cambio.
El Gobernador Jaldo, cuidadoso frente a los anuncios del Gobierno federal, pidió sentido común y mencionó las asimetrías, pero dijo que hay que esperar para saber cómo se implementará esto. Su secretario de Transporte, Vicente Nicastro, en cambio, dijo que “es un golpe tremendo para las expectativas que teníamos de que se logre una mayor equidad en la distribución de recursos”. Como en Tucumán no hay tarjeta SUBE, el escenario que se viene, advirtió, es “bastante peor del que veníamos esperando”.
Consecuencias
La explicación nacional es la de Milei y su proyecto de retirar al Estado de todo lo posible. El ex ministro de Transporte de Macri, Guillermo Dietrich, dijo que el Estado está quebrado “porque gran parte de la política, que desconoce el concepto de bienes escasos, viene planteando sistemáticamente como solución normativas enfermizamente regulatorias”. Conceptos para reflexionar, que acaso aporten para nuevas definiciones sobre el rol que debe cumplir el Estado, y en eso la discusión debe ser amplia; pero que en este caso, aún sin haber sido establecida la quita del subsidio, ya tiene consecuencias por esta operación sin anestesia. El Ministerio de Educación tucumano, ante la crisis del transporte, postergó el reintegro de los docentes del 14 al 19 de febrero y probablemente se cambien fechas de exámenes. Entre otras cosas que acaso se vayan conociendo en estos días.
A merced de los piratas
También hay miradas políticas que mencionan que se trata de un golpe contra los gobernadores por lo sucedido con la Ley Ómnibus. Aun cuando sea parte de negociaciones políticas esto es un mazazo brutal a un sistema enfermo y precarizado que, además, arrastra desde hace tres décadas la retirada de las empresas privadas y del Estado en una gran parte del interior que no era rentable. Con el agravamiento de la crisis de los últimos años han surgido pequeños sistemas de transporte municipales como el de Tafí Viejo y el de Yerba Buena. Pero en el gran interior los ciudadanos están abandonados a su suerte, a merced de taxis pirata y transportes rurales de escasa o nula seguridad. ¿Ese es el futuro que se viene para la capital tucumana y las áreas recorridas por líneas interurbanas?
Tensiones inmediatas
En lo inmediato, el empresario Luis García estimó que boleto debería costar arriba de los $ 1.000 . “O lo paga la provincia o lo hará el usuario”. Nicastro explicó que se analiza la posibilidad de estatizar el servicio pero aun con esa decisión esa estatización no se podría implementar en forma inmediata. Por otra parte, hay que recordar que hace pocos días se aventó un paro de choferes con el dictado de una conciliación obligatoria y cuando eso venza habrá de nuevo tensiones: los conductores ya están pidiendo un salario de $ 1 millón para marzo.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, advirtió que “si alguna provincia considera que no puede abonar ese subsidio y sostener la tarifa, tendrá que aumentarla”. Un terremoto. Como dicen los Redondos en una canción del disco “Último bondi a Finisterre”, “la raya que separa vida y muerte / es tan angosta como su dolor”.