En el Ministerio Público Fiscal no se perciben vientos de cambio, sino huracanes de malestar por las modificaciones que se realizaron en los últimos tiempos. Cesantía de personal, desaparición de oficinas y funciones vitales en su estructura, movimiento de empleados y nuevas tareas para los fiscales forman parte de una lista de variantes que terminaron generando dudas sobre el futuro. Los más escépticos consideran que es un retroceso que habilitará nuevamente el funcionamiento de la puerta giratoria.
El sistema judicial de la provincia tiene tres pilares. El Ministerio Público es el encargado de investigar y acusar a quienes cometen los delitos. El Ministerio Pupilar de la Defensa debe velar por los derechos de los acusados. La Corte Suprema de Justicia de la Provincia tiene la misión de resolver todos los casos después de escuchar a las partes intervinientes. Cada uno es independiente. Cada uno tiene presupuesto propio y toma las decisiones que cree convenientes. Pero si uno de ellos estornuda, los otros dos salen corriendo a buscar frazadas para taparse.
Reestructuración
El primer cambio importante fue la reestructuración de las unidades fiscales. Hubo movimientos masivos. Desaparecieron algunas y se crearon otras. Sólo en el ámbito del Centro Judicial Capital siguieron cumpliendo la misma tarea los fiscales Carlos Sale (Homicidios), Adriana Reinoso Cuello y Alejandra Navarro (Integridad Sexual), José Sanjuán (Narcomenudeo), Mariana Rivadeneira (Delitos Complejos) y Diego López Ávila (Robos y Hurtos). Las otras 12 fiscalías tienen nuevos titulares. Pero el problema no radica allí, sino en la tarea que deberán desarrollar.
Según las estadísticas de la Corte, el año pasado, las cinco fiscalías de Violencia de Género atendieron unos 23.000 expedientes. Una de ellas se llevó la mayor tarea al dictar más de 19.000 medidas de protección. Mientras que las otras cuatro abrieron unos 3.600 expedientes. Las de Integridad Sexual iniciaron más de 2.300 causas, según los registros de 2023. Por decisión del ministro Edmundo Jiménez, ahora serán cuatro las oficinas que llevarán adelante la investigación de estos casos. Teniendo en cuenta los números de 2023, cada fiscal tendrá que seguir en promedio 6.347 casos, cuando el año pasado eran poco más de 3.000. “Pareciera que no aprendieron lo que generó el caso Tacacho”, se lamentó un abogado.
Hay más ejemplos. Hasta antes de la reestructuración los delitos contra la propiedad eran investigados por las fiscalías de Robos y Hurtos (2) y de Flagrancia (4). Entre ambas especialidades, de acuerdo a los números que maneja el máximo tribunal de la provincia, el año pasado atendieron unos 2.500 casos, es decir, un promedio de poco más de 400 cada una. Con el nuevo sistema, se unificaron y quedaron cuatro oficinas dedicadas a la lucha contra estos ilícitos. Teniendo en cuenta los números de 2023, cada una de ellas tendría que atender más de 600 causas. Una fuente explicó que todo será más lento porque habrá más cosas que analizar, sin contar que no tendrán más recursos ni mucho tiempo para investigar a las grandes bandas.
Las de Homicidios también sintieron las consecuencias de estos cambios. A las dos unidades que sólo investigaban los crímenes, ahora se les agregaron los homicidios culposos (muertes en accidentes de tránsito y por mala praxis, por citar algunos ejemplos) y tentativas de homicidios. Aunque no hay estadísticas concretas sobre el número de causas, versiones dan cuenta de que a cada una de las oficinas se agregaron unas 140 ya iniciadas.
Los investigadores se quejan por la nueva realidad que se les presentó cuando todo el sistema estaba aceitado. Saben que no era el momento y que los problemas comenzarán a surgir. Como le sucedió a la fiscala Adriana Reinoso Cuello, que “heredó” una causa polémica como la de la denuncia de abuso sexual en contra de los jugadores de Vélez. Los querellantes ya presentaron un escrito pidiendo explicaciones. Quieren saber por qué el expediente cayó en sus manos y no siguió en la oficina inicial. Quejas como esa comenzaron a florecer.
Queda por determinar si los fiscales se unirán para expresar el rechazo a los cambios. Meses atrás hicieron historia al presentarse en el juicio contra Miguel “Miguelón” Figueroa para repudiar las amenazas que habría realizado contra sus colegas, ante el silencio de los otros poderes. Un investigador sostuvo que tarde o temprano cometerá un error porque es imposible atender todos los expedientes que recibirán. Consideró que esa falta de respuestas la terminará pagando la sociedad.
Malestar
Cuentan que en el MPF se eliminaron dependencias claves para el sistema. Quedaron eliminadas varias oficinas, entre ellas, las que se encargaban de realizar las estadísticas para orientar la política criminal. También dejó de funcionar el Equipo Interdisciplinario, que entre otras misiones realizaba los informes de las entrevistas de Cámara Gesell y los psicodiagnósticos. Desde hace meses que los fiscales no pueden solicitar estas pericias, sólo se las hace cuando una de las partes (querella o defensa) lo solicita. Claro está que los informes no tendrán la objetividad necesaria.
También hay un profundo malestar por la situación laboral. Entre febrero y marzo fueron cesanteados entre 50 y 60 empleados. La semana pasada se eliminó la figura de los coordinadores de las fiscalías y al menos 60 personas que ocupaban esos cargos de manera interina sufrieron una baja de categoría que representa una disminución de hasta el 50% de sus ingresos. Además, no se descarta que también haya una reducción en la planta de auxiliares fiscales.
Como si eso no fuera poco, hubo reubicación de personal. Algunas oficinas no pudieron atender en horario vespertino por falta de empleados. Todas estas novedades, que dejaron al descubierto la precarización laboral en una parte de la Justicia, genera cada vez más quejas, por lo que no se debe descartar algún tipo de acción gremial por estos cambios.
La mayoría de los fiscales consideraron que la desaparición de los coordinadores terminaría siendo otra traba. La persona que ocupaba ese cargo era el jefe administrativo de cada fiscalía. Su tarea consistía en llevar la agenda de la oficina. No sólo distribuía las causas, sino que además se encargaba de realizar el control de las causas, de los vencimientos procesales, de realizar las gestiones para la autorización de pericias y de escuchar los planteos de las partes. Todo ese trabajo quedará en manos de los investigadores.
El presidente del Colegio de Abogados, Rodolfo Gilli, ya tomó nota de todos los problemas que hay en el Ministerio Público. “En la reunión de mañana tocaremos este tema porque consideramos que es un retroceso importante”, explicó el dirigente, que comenzó a escuchar los planteos de los profesionales. En el MPF señalan que estos cambios están perfectamente estudiados y que con ellos se mejorará la administración de Justicia. Puertas adentro, los fiscales sostienen que el sistema puede colapsar y se preguntan por qué modificar lo que medianamente estaba funcionando bien.
Algunos hablan de una cuestión presupuestaria. Otros rechazan estos argumentos porque consideran que las medidas no significan un gran ahorro, sino que apuntan a modificar la política criminal, que había sido elogiada porque estaba acabando con la puerta giratoria gracias a la reforma judicial que está a un paso de cumplir cuatro años. El tiempo dirá si fue para bien o para mal.