Los informes de UFET son los documentos en los que los peritos del ministerio Público Fiscal vuelcan la información que extrajeron de los celulares secuestrados. En muchos casos se convierten en pruebas muy valiosas para los acusadores, como ocurrió en esta oportunidad en la que se imputó a dos policías y cuatro civiles de integrar una banda “polirrubro”. Sus miembros se habrían ocupado de robar vehículos, utilizarlos para cometer asaltos y “escruches”, luego modificar los rodados y falsificar sus documentaciones para finalmente venderlos en nuestro país y en Bolivia.
El primero en caer fue el policía César Maximiliano Pacheco, en noviembre, quien fue acusado de liderar la asociación ilícita junto con Enrique Alfredo Mendoza. Tras analizar el celular de Pacheco encontraron conexiones con Mendoza (dijo ser comerciante), Jorge Abel Carrizo (dijo ser empleado de una colchonería de Famaillá), Santiago Maximiliano Pesoa (policía que se desempeñaba en el centro de monitoreo del 911), Gustavo Nicolás Ávila (verdulero) y Uriel Ledesma (empleado de comercio). Los cinco quedaron detenidos el miércoles luego de 13 allanamientos, pero hay otros sospechosos que siguen prófugos.
Nombres y apodos
Según expuso en la última audiencia la auxiliar Fernanda Antoni Piossek, de la Fiscalía de Robos y Hurtos que conduce Diego López Ávila, lo primero que reveló el informe UFET realizado sobre el teléfono de Pacheco fue que realizó búsquedas sobre algunos de los vehículos que la Policía buscaba, ya sea porque habían sido robados o porque habían sido utilizados durante la comisión de un delito. También buscó información sobre patentes tucumanas y sobre repuestos de vehículos.
Dos policías integrarían una banda “polirrubro”Una de las cosas que más le llamó la atención a los pesquisas fue que el celular estaba vinculado a una cuenta de Facebook con un nombre falso (“Julio Herrera”), desde la que se ofrecían a la venta vehículos en Marketplace.
Luego comenzaron a analizar sus conversaciones. La mayoría de los chats de interés para la causa eran con un contacto agendado como “Charly” (número que se vinculó con Mendoza). “En un momento le dice que consiguió un contacto para ‘llevar las camionetas arriba’, lo que entendemos que era transportarlas a Bolivia, donde sabemos que terminan varios vehículos y después es sumamente difícil recuperarlos”, señaló la auxiliar fiscal. Cuando la Policía, al mando del director de Investigaciones Miguel Carabajal allanó la casa de Mendoza encontró una gran cantidad de cédulas y títulos automotor que serían adulterados, Formularios 08 en blanco y armas.
En otra conversación con “Charlie”, Pacheco menciona que tenía un contacto en la Policía que les pasaría toda la información sobre las patentes y sobre el estado judicial de los autos a cambio de un pago. Ese texto complicó a Pesoa, pero además un informe bancario demostró que había varias operaciones realizadas entre Pacheco y el efectivo del 911.
“Negrito Motos” era otro de los contactos agendados en el celular. El número fue vinculado con el verdulero Ávila. Según la acusación, Ledesma y Ávila robaban motos para Mendoza y Pacheco y recibían un pago por cada vehículo que les entregaban. En el chat con “Negrito Motos” hablaban sobre algunos modelos de motos y sus respectivos precios. Esa no fue la única prueba que se mostró contra Ávila, dado que no solo fue imputado por asociación ilícita sino también por el robo agravado a un adolescente de 14 años. Antoni Piossek explicó que testigos lo habrían reconocido a él y a Ledesma cuando atacaron al menor en Las Heras al 3.000 e informaron donde vivían. La información coincidía con los domicilios que la Fiscalía solicitaba allanar y donde fueron detenidos.
Ávila fue imputado además por utilizar documentación falsa, porque el 19 de octubre había sido demorado en un control de tránsito por exhibir documentación “trucha” de la Motomel 110 cc. que conducía.
Finalmente, con “Jorge Famaillá” Pacheco hablaba sobre comprar vehículos con irregularidades. El número fue vinculado con Carrizo, quien según la acusación fiscal, se encargaba de vender los autos y motos “renovados” de la banda. “En uno de los chats, le dice a Pacheco que consiguió un comprador de motos en Salta, que el hombre sabe del tema y no tiene problemas de que sean sin papeles”, reveló la auxiliar fiscal.
Más implicados
Hay chats con otras personas que también estarían implicadas en la organización. Sus nombres o seudónimos no pueden informarse por el momento por expreso pedido de los investigadores, que continúan allanando viviendas para dar con esos prófugos que tendrían vínculos con bandas de otras provincias y del sur de Bolivia.