La Municipalidad de San Miguel de Tucumán denunció penalmente al taxista que hace dos días agredió con una brutal trompada a un inspector de Tránsito que le había advertido que estaba mal estacionado. “Esto podría dar lugar a que esta persona no pueda seguir desempeñándose como chofer sino también a la quita de la concesión, en este caso de la licencia que se le otorgó para poder explotar el servicio de taxi. Esto se está estudiando en la Fiscalía de Estado Municipal”, dijo el secretario de Movilidad Urbana capitalino.

Se trata de un episodio que se debe analizar por los problemas que contiene. Uno es el respeto básico a las normas que rigen la conducta de los ciudadanos en la vía pública. Cada persona que circula a pie o en vehículo está obligada a respetarlas y espera que los demás lo hagan; de lo contrario, pueden suceder circunstancias de riesgo, tal como se ha podido observar en videos difundidos ayer. Uno muestra que una mujer y una niña fueron embestidas por un auto al cruzarse por mitad de cuadra por la avenida Mate de Luna. Por fortuna, el percance parece haber sido solamente un susto. Otro episodio fue el de una camioneta que circuló a toda velocidad a contramano, de noche, por la avenida Aconquija hace dos semanas.

La situación del taxista que estaba mal estacionado refleja la primera ruptura de esa condición básica. Si todos dejáramos de cumplir las normas sobrevendría el caos. Allí es donde interviene la autoridad que debe hacerse cargo de la difícil tarea de administrar de modo armónico, con rigor y comprensión, el desenvolvimiento de los ciudadanos que circulan por la vía pública. La agresión del taxista importa, básicamente, negar la obligación de la autoridad de hacer cumplir las normas y por lo tanto ese rapto de furia del chofer importa introducir el caos en la circulación urbana. Lo que se agrava, además, por la condición de servidor público del conductor del taxi, tal como lo señala el secretario de Movilidad Urbana: “Para poder tener una licencia profesional que habilite a manejar un taxi es necesario cumplir con un sin número de cuestiones, no solamente en lo que respecta a la aptitud física, sino que además se conozcan las reglas de la Ley Nacional de Tránsito y saber conducirse en la vía pública”. Conviene recordar, además, el problema de la furia al volante. Ceder a la ira ha dejado más de un arrepentimiento en casos emblemáticos. Basta recordar el caso de un juez que perdió su cargo por desatar su enojo contra la moto de un cadete, o el de un inspector de tránsito que “noqueó” a un taxista (circunstancia opuesta a la actual) que por esta acción fue condenado en marzo pasado a tres años de prisión de ejecución condicional y a un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En definitiva, la violencia en la calle nos debería movilizar a una profunda reflexión. Hay un básico problema de comportamiento social y también una falta de educación vial, que necesita ser más estimulada, así como se debe seguir los caminos penales y administrativos que correspondan, a fin de que sirvan de ejemplo para que se tienda a mejorar la vida urbana.