Por unanimidad y en menos de una hora, la comisión de Juicio Político de la Legislatura resolvió clausurar y archivar el pedido de destitución promovido por el abogado Marcos Aníbal Rougés contra el presidente del Tribunal de Cuentas (TC) de la Provincia, Miguel Chaibén Terraf. Los parlamentarios consideraron la improcedencia de la denuncia por ser general y vaga, sin sustento probatorio como para continuar con el procedimiento.

El comité que preside el legislador oficialista Sergio Mansilla se reunió ayer en el cuarto piso de la Cámara. Con asistencia perfecta de los 12 integrantes y bajo un fuerte hermetismo (los colaboradores tuvieron que aguardar en el pasillo), la comisión rechazó la presentación promovida por el letrado. La acusación sostenía que el titular del organismo de control incurrió reiteradamente en incumplimiento a sus deberes como funcionario público.

Califican como "improlija" la visita de Terraf a Jaldo, en la Casa de Gobierno

Además de Mansilla (presidente subrogante de la Legislatura), votaron por el rechazo los legisladores justicialistas: Aldo Salomón (vicepresidente primero de la Cámara), Sara Assan, Tulio Caponio, Paula Galván, Mario Leito, José Orellana, Leopoldo Rodríguez y Francisco Serra; y los opositores Eduardo Verón Guerra (Fuerza Republicana), Rodolfo Ocaranza y Claudio Viña (Compromiso Tucumán).

Sin elementos suficientes

El legislador Leito fue designado por la comisión para explicar los motivos de la decisión. “Consideramos, y lo establece con mucha claridad la Constitución de la Provincia, que debe ser una cuestión muy específica cuando se plantee o presente un juicio político sobre alguien. Esto (la presentación de Rougés) es muy general, muy vago, entonces nosotros, desde el análisis que hicimos, consideramos que no encontramos elementos suficientes para promover este pedido de juicio político”, dijo a la prensa.

Mediante de un escrito de 47 páginas (que luego ratificó), Rougués aseguró que “existen graves motivos que inhabilitan (a Terraf) para continuar siendo un integrante máximo del organismo que ejerce la delicadísima función de controlar la ejecución presupuestaria de la Provincia”. Enumeró cinco hechos ocurridos tiempo atrás, entre ellos supuestas fallas en los controles de obras públicas y que 11 jugadores del plantel titular del equipo del club Natación y Gimnasia prestan servicios en el organismo de control.

Mientras la Legislatura analiza un pedido de destitución en su contra, Terraf se reunió con Jaldo

Al respecto, Leito expuso que del análisis de la presentación surgió que en el año 2007, por los mismos argumentos, se impulsaron pedidos de juicio políticos contra Terraf y el vocal del TC, Sergio Díaz Ricci, que también fueron archivados. “Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo tema”, señaló. Hizo referencia también al nombramiento de los jugadores de rugby. “Con ese criterio nadie podría trabajar en ninguna parte puesto que todos tienen afinidad deportiva o social con algunos colores. Creo que no es un argumento sólido o válido, que se pueda analizar en profundidad. Consideramos también que la comisión de Juicio Político no es quien debe resolver estas cuestiones; on netamente judiciales y debían haber ido por la vía que corresponde, en el tiempo que corresponde. Estamos hablando de cuestiones de hace 17 años”. Añadió que cualquier ciudadano tiene derecho a ser empleado en un organismo público, siempre que tenga la idoneidad para trabajar.

“Falsa y maliciosa”

En la Resolución 611, a la que tuvo acceso LA GACETA, se argumentó que el artículo 124 de la Constitución detalla que una presentación contra alguna de las máximas autoridades de la provincia (detalladas en la Ley 8.198) no debe ser “general ni vaga, sino detallada y específica en sus cargos, los cuales irán numerados y resumidos”.

“De la lectura de la denuncia se evidencia su improcedencia al ser general y vaga, incumpliendo la precisión exigida desde el texto constitucional, sin advertirse ningún tipo de sustento probatorio y/o jurídico, que alcance algún grado de verosimilitud que habilitaría a continuar con el procedimiento de destitución promovido”, se desarrolló. Se consideró entonces que la denuncia resulta “carente de seriedad y advirtiéndose que la misma deviene manifiestamente infundada, falsa, maliciosa y temeraria”, por no ser suficientes para acreditar una conducta de gravedad de parte de Terraf.

Dos días antes de que la comisión de Juicio Político se expidiera Terraf mantuvo un encuentro en el despacho del gobernador Osvaldo Jaldo durante media hora. Dicha reunión fue repudiada por el denunciante, quien la calificó de “improlija” y dejó un manto de sospechas.