Una escena que se repite en Tucumán todos los años es la quema de cañaverales. Fuerza Republicana propuso más control y penas más duras para evitar la quema de caña indiscriminada en Tucumán. Los legisladores Ricardo Bussi y Eduardo Verón Guerra impulsaron la modificación de la Ley 6253 que establece las normas generales y metodología de aplicación para la defensa, conservación y mejoramiento del ambiente.
“Nuestra propuesta es a los fines de dar herramientas efectivas para combatir todo acto que atente contra el medio ambiente de la provincia. Recientemente nos hemos anoticiado de un fallo de la Cámara Contencioso Administrativa que confirmó una multa aplicada a un conocido empresario del rubro sucra - alcoholero de nuestra provincia. En dicha sentencia se confirmó lo que resulta una suma irrisoria. Esta forma de sancionar hace que sea mejor negocio infringir que evitar el impacto ambiental. De esta manera, se han incrementado los montos por infracciones graduándose en una escala que va desde los 200 litros de nafta súper, a los 5000 litros. Además de aplicar accesoriamente condenas para la asistencia obligatoria de los infractores a charlas de capacitación en materia de impacto ambiental”, dijeron en un comunicado.
La recaudación por multas
“A los fines de hacer efectiva la persecución de infractores a las restricciones respecto de la quema de vegetación (llámese caña de azúcar, pastizales, residuos de poda, etc.), que estén prohibidos por la presente ley, se ha constituido como agentes fiscalizadores a las distintas Agrupaciones de Bomberos Voluntarios de la provincia. A los fines de incentivar su labor, se les concederán los montos de las sumas percibidas por multas, conforme el mecanismo de asignación previsto en la presente norma, a aquella asociación de bomberos voluntarios que actuó en el hecho de la infracción, mitigando y/o combatiendo el daño ambiental”, agregaron.
“También hemos dispuesto destinar lo recaudado en multas por otros tipos de daños ambientales punidos por la presente norma, al Consejo Provincial de Economía y Ambiente. Dicho monto deberá ser destinado a la realización de informes ambientales y también para la restauración de áreas dañadas. Todos estos sujetos serán quienes deberán perseguir a los infractores mediante la radicación de la correspondiente denuncia”, insistieron.
“Por su parte, a los fines de imprimir celeridad al trámite de aplicación de multas, se ha adecuado el procedimiento administrativo conforme a las nuevas modificaciones impuestas por el gobierno nacional respecto de los pronunciamientos de la administración pública. En efecto, se ha dispuesto un plazo único de sesenta (60) días hábiles a los fines de resolver la imposición de sanciones. Quien estará a cargo de esta tarea será la autoridad de aplicación de la presente norma, es decir, el Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia. Este Ministerio deberá recibir las denuncias, tendrá 10 días hábiles para solicitar aclaraciones y/o ampliaciones; y luego deberá resolver la cuestión dentro del plazo dispuesto por la norma”, precisaron.
“Para asegurar un correcto funcionamiento del mecanismo de infracciones, y también evitar la persecución injustificada a productores de nuestra provincia, en caso de vencido el plazo dispuesto para la decisión de la multa, en caso de silencio, el infractor queda sobreseído", remarcaron.
"En este último caso, es decir, de sobreseimiento por silencio de la administración, la responsabilidad que pueda derivar de la infracción recaerá sobre el agente responsable de la cartera ministerial, quien podrá quedar incurso en la figura de incumplimiento a los deberes del funcionario público. Por último, se creará una comisión especial para el control del destino de lo recaudado por multas a los efectos de ejercer un control sobre las agrupaciones de bomberos que reciban dinero y, también sobre el trabajo que realice la Comisión Provincial de Economía y Ambiente respecto de los montos asignados”, aseveraron.