Se tensó la cuerda más de la cuenta. La decisión de los empresarios del transporte automotor de pasajeros de disminuir el servicio a la frecuencia de los domingos es un duro golpe para todo aquel que tiene que ir a trabajar, a la escuela o a realizar cualquier trámite en la capital. Sí, solo en San Miguel de Tucumán, el ámbito en el que se circunscribió el conflicto. Los ejecutivos que poseen tenencia precaria de las líneas dijeron este lunes que había salido dos centenares de telegramas comunicando el despido de choferes. La filial Tucumán de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que habrá medidas de fuerza sorpresivas si es que la patronal no vuelve tras sus pasos y deja sin efecto esas drásticas medidas. El colectivo de las incertidumbres circula con una frecuencia normal. Todos los meses el mismo problema. Cada tanto hay reclamos de incremento en el precio del boleto. Es cierto que la estructura de costo de las empresas se ha modificado desde la última devaluación de fines del año pasado. Pero, ¿acaso el poder adquisitivo del usuario se ha recuperado a mayor velocidad? Nadie frena en la parada, esa que dice “mesa de negociaciones”. Claro que a eso debería agregarse, con letras bien marcadas, “con todas las cartas sobre la mesa”. La susceptibilidad está a flor de piel. En la calle no sólo se escuchan las quejas de los tucumanos que demandan, al menos, un buen servicio. Las app prácticamente desaparecieron porque no llegan a la hora indicada en la mayoría de las líneas. Hasta los mismos comerciantes señalan que les gustaría gozar de las mismas compensaciones que las que tiene el transporte para desenvolver sus negocios. ¿Cómo es posible que llevan tantos años de pérdida de rentabilidad?, se pregunta un administrador de empresas.

Los caprichos no sirven cuando está en juego un servicio que afecta a no menos de 600.000 usuarios, al decir del Gobierno. Los empresarios demandan más subsidios y el aumento del boleto urbano a no menos de $940. La Provincia sostiene que, tras la decisión de la gestión del presidente Javier Milei de eliminar las compensaciones, en cada distrito afectado debería coparticiparse la ayuda, de tal manera que los municipios contribuyan a la asistencia, aunque no se dice de qué manera. El Poder Ejecutivo estima que, sólo en subsidios, cada mes aporta a las empresas prestatarias del servicio unos 2.900 millones. Eso sin tomar en cuenta los boletos estudiantil y para los jubilados, aclaran en la Casa de Gobierno. El gobernador Osvaldo Jaldo ha señalado ayer que el problema es económico y que requiere de una solución conjunta con los municipios. El inconveniente que se plantea es qué tanto puede llegar a aportar cada jurisdicción. Varios intendentes creen que apenas llegan a cubrir los gastos mensuales con el Pacto Social. Un esfuerzo financiero más los conduciría al déficit.

En este juego la espalda financiera no es la misma. Algunos argumentan que el Poder Ejecutivo tiene margen para hacer frente, mínimamente, a una compensación dineraria a las empresas, ya que su presupuesto vigente supera la friolera de $ 1,6 billón. Sin embargo, la Provincia tiene varios frentes de conflicto abierto. Y el salarial es uno de ellos. Además, está atendiendo un plan de obras públicas y los servicios esenciales, de tal manera de no descuidarlos y así evitar más quejas sociales de las existentes. En la Capital también advierten que, en este momento, no están dadas las condiciones para afrontar un gasto extra no sólo por aquello de la reparación de calles, sino también por la herencia que, según la administración que encabeza la intendente Rossana Chahla ha recibido de su antecesor, Germán Alfaro. En este caso, el presupuesto ronda los $180.000 millones al año, por lo que una compensación al transporte, que es privado, dejaría sin ejecutar varios trabajos que son públicos.

El inconveniente de fondo es mayor y con efecto en cascada: el 8 de febrero pasado, el Gobierno nacional anunció el fin del fondo de compensación al transporte de pasajeros en el interior del país. A esa fecha, los presupuestos de cada provincia y de cada municipio ya estaban en ejecución. Modificar partidas para atender el subsidio a las empresas no estaba en los cálculos de nadie. Y menos ahora cuando faltan cuatro meses para el cierre del ejercicio. Este es uno de los puntos que podría plantearse en la amplia mesa de negociaciones si es que las partes deciden sentarse a hacerlo. La otra corresponde al servicio que brindan las empresas. Los directivos de la Asociación de Empresarios del Autotransporte de Tucumán (Aetat) han señalado que no pueden renovar las unidades por aquello de la tenencia precaria de la concesión, que les dificulta el acceso al crédito para renovar unidades. La pregunta que se escuchó ayer en los ámbitos públicos es que si se ha decidido reducir el servicio a la frecuencia de los domingos, ¿el Estado bajará el subsidio lo equivalente a los coches en circulación? Otro punto de la negociación. “Es necesario que los empresarios cambien su actitud y mejoren el servicio. Un paro de colectivos no solo afecta a los usuarios, sino también puede impactar en la salud pública y en la seguridad”, declaró ayer el gobernador, tomando posición en el asunto. De todas maneras, sus allegados no dejan de aclarar que el poder concedente está en la capital, como así también la resolución de las tarifas que luego son replicadas en el interurbano. Según algunas estimaciones oficiales, un incremento en el precio del boleto implicaría la disponibilidad de entre $ 600 millones y $ 800 millones al mes. El municipio ha condicionado el reajuste a un mejor servicio. En la Casa de Gobierno se preguntan quién asumirá entonces ese mayor costo, tomando en cuenta que el boleto urbano roza los $ 1.000 en las principales urbes del país. La intendencia puede llegar a mejorar el porcentaje de reconocimiento del Boleto Estudiantil Municipal, hoy equivalente al 20% y se menciona que eso se elevaría al 50%. Chahla, a su regreso del exterior, haría el anuncio pertinente.

Madura la idea de dictar la emergencia municipal en el transporte público

En las encuestas, Jaldo goza de popularidad por la resolución de los conflictos que se plantean a la gestión y por su espíritu dialoguista frente a un gobierno nacional de otro signo político. Particularmente, las mediciones que ha realizado su encuestador preferido, Mario Nahuz, han señalado que siete de cada 10 sondeados avalan su administración. Por eso, el gobernador trata de que la plaza Independencia se muestre cotidianamente pacífica. Eso es lo que sucedió el lunes pasado, cuando el mandatario desactivó la protesta que iban a realizar los taxistas en esta ciudad y que iba a tener como epicentro la sede de la intendencia municipal. O la semana pasada, cuando la Provincia se involucró en el problema de la basura.

Obligaciones ajenas

Jaldo entiende que es una acumulación de obligaciones ajenas. De la capital. Y que es la intendenta la que debe tomar el toro por las astas para llegar a un final que sea acorde para todas las partes. Hoy es más visible porque con ella comparte la misma camiseta partidaria, algo que José Alperovich primero y Juan Manzur luego no tenían con Alfaro. Ambos ex mandatarios querían eclipsar la gestión del líder del Partido de la Justicia Social. Pero hoy también hay otro escenario: la desaparición de los subsidios nacionales.

Municipio, empresarios e, indirectamente, la Provincia parecen jugar al teléfono descompuesto. Aetat cree que Chahla no está dispuesta a conceder beneficios a la actividad. Los funcionarios municipales no hablaron con los provinciales para saber qué hacer con el transporte, reconocen en la sede del Poder Ejecutivo. ¿No será momento de que todos se suban al mismo colectivo para llegar a un destino mejor?