El Senado aprobó la Ley de Financiamiento Universitario, que ya tenía media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. La iniciativa había sido impulsada por la UCR, el kirchnerismo y otras fuerzas no oficialistas, y tiene como objetivo principal blindar el presupuesto universitario. Si bien el Gobierno de Javier Milei ya dijo que vetará la norma dado que, según su criterio, pone en riesgo el déficit cero, cumplir esa promesa podría colocar a esta administración en una posición muy delicada.
La decisión de asegurar los fondos para las universidades públicas prosperó con el apoyo de 57 senadores, 10 en contra y una abstención. El dictamen aprobado por Diputados había logrado 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención, e incorporado el fortalecimiento de la ciencia y técnica en las universidades, y el refuerzo de la actividad de extensión universitaria, así como un aumento en el monto de las becas.
La sanción de la ley es una victoria de la oposición, en particular del sector de los radicales muy identificado con la gestión de las universidades nacionales. Se calcula que la ley insumirá el 0,14% del producto bruto interno (PBI) o alrededor de $ 780.000 millones. Para el oficialismo, se trata de un acto demagógico porque, al igual que lo que había ocurrido con la normativa que recomponía los haberes previsionales, no estipula de dónde saldrán los recursos para hacer frente a los nuevos gastos.
En el último plenario de rectores, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había manitestado que, para funcionar adecuadamente el año próximo, las universidades públicas debían cuadriplicar el presupuesto. El CIN había reclamado la sanción urgente del proyecto que el Senado convirtió en ley esta madrugada. Según el senador kirchnerista Eduardo De Pedro, en 1983 había 350.000 estudiantes y 25 universidades nacionales. "Hoy tenemos más de 2.500.000 de estudiantes universitarios y 57 universidades nacionales", afirmó en la sesión.
El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que impulsó un paro este jueves para acompañar la sesión del Senado, dijo que "se había tocado fondo". Esta asociación incluye a los gremios nacionales más convocantes de la educación universitaria: Conadu, Conadu Histórica, FEDUN, CTERA, Fagdut, UDA y FATUN.
Claves de la norma
Estas son las disposiciones claves de la Ley de Financiamiento Universitario:
- Aumenta el presupuesto de las universidades públicas de la Argentina. El 90% de la ampliación se destinará solamente a la recomposición del salario docente.
- Establece una distribución fija del presupuesto universitario al asignar el 85% a gastos salariales, y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento.
- Para los gastos de funcionamiento, introduce un mecanismo de actualización bimestral basado en una fórmula que combina el índice de precios (50%), la variación del tipo de cambio (25%) y la variación de tarifas de servicios públicos (25%).
- Propone una recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación, pero de manera complementaria a las paritarias.
- Autoriza al Poder Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios para actualizar el presupuesto de las universidades al 1 de enero de 2024, considerando la inflación anual de 2023 (211,4%).
- Modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior y dispone nuevos criterios para la distribución del presupuesto entre las universidades. Estos criterios incluyen factores como el número de estudiantes, tipos de carreras, cantidad de egresados y actividades de investigación y extensión.
Las implicancias de un posible veto
Si Milei cumple su promesa y rechaza la recomposición universitaria, sería la segunda medida drástica de este tipo que toma en pocos meses contra un sector muy afectado por la inflación. En la primera oportunidad, el veto contra la ley que mejoraba la situación de los jubilados funcionó: el Gobierno logró que un número justo de diputados cambiara de opinión y frustró las posibilidades de que el Congreso insista con la idea.
El veto de la Ley de Financiamiento Universitario podría exacerbar el malestar manifestado en abril por medio de las marchas masivas que obligaron a la gestión de Milei a morigerar sus planes de ajuste. A diferencia del segmento de los pasivos, estudiantes, docentes y no docentes universitarios ya demostraron su capacidad para movilizarse y plantear sus reclamos. Esta probable resistencia, sumada al costo político que tuvo el veto anterior, obligaría al Gobierno a elevar el tono de la confrontación para impedir que el Parlamento consiga la mayoría de dos tercios necesaria para ratificar la norma en el caso de que el Poder Ejecutivo la descarte.
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