Los especialistas en ciberseguridad aseguran que el 90% de los fraudes con las tarjetas se dan “a distancia”, es decir, cuando la persona no está viendo la tarjeta con la que paga. Esta fue una de las razones por las que el Gobierno Nacional emitió la Resolución 87/2024, la cual obliga a los comercios a acercar el posnet al cliente, principalmente en bares y restaurantes.

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La normativa había sido publicada el 12 de marzo en el Boletín Oficial y otorgaba 180 días para adaptarse. Ese plazo finalizó y ahora no hay excusas para cumplir con la determinación. En este marco, es de suma importancia saber qué puede pasar si en un restaurante te llevan la tarjeta y no acercan el posnet a tu mesa.

Las multas a los comercios, bares o restaurantes si te llevan la tarjeta

“Todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1° de la Ley N° 25.065 y sus modificaciones, y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (terminales de captura de datos o “POS”), deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aun momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación”, indica la normativa en el primer artículo.

Quienes no cumplan, tendrán distintas sanciones establecidas en el artículo 47 de la Ley N° 24.240, de Defensa del Consumidor. Se trata de una multa económica que, según el apartado, se aplica de la siguiente manera: “De cero coma cinco (0,5) a dos mil cien (2.100) canastas básicas total para el hogar 3, que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (INDEC)”. Es decir, las sanciones arrancarán en $450.000 y podrían llegar a millones de pesos.

Otras penas son el decomiso de la mercadería, clausura del local, suspensión del servicio por 30 días, suspensión de hasta cinco años en los registros de proveedores que posibilitan contratar con el Estado e incluso la pérdida de concesiones, privilegios, regímenes impositivos o crediticios. Las denuncias pueden hacerse en Defensa del Consumidor nacional.