El anticipo del jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, respecto de que habrá problemas con la provisión de energía en el verano, vuelve a poner en foco el debate sobre la falta de inversión en infraestructura del país. Responsabilidad, claro está, que excede a un partido o Gobierno: es, en realidad, una cuestión que trasciende los signos políticos y que lleva años. Al punto que en 1988, durante la gestión de Raúl Alfonsín, ya se efectuaron cortes programados en el suministro eléctrico.

Este domingo, caluroso en todo el país, Francos confirmó lo que venían alertando funcionarios de segunda y de tercera línea: habrá restricciones ante episodios de alta demanda por olas de calor y culpó de eso a la “falta de inversión” de la gestión anterior, algo que disparó inmediatas reacciones de rechazo de la oposición. En paralelo, se filtró un documento del Gobierno en donde se plantean posibles escenarios de apagones masivos ante “picos de demanda sin precedentes”. “Se supone que si viene un verano de mucha temperatura puede haber una demanda muy alta de electricidad y con lo cual va a faltar generación y lamentablemente no ha habido inversiones en estos últimos tiempos, va a tener que programarse algún corte”, dijo Franco.

Que el cambio climático y el aumento de la temperatura es una realidad no se puede ocultar, por lo que responsabilizar a la coyuntura de un verano caliente no suena lógico. Sí, en cambio, la clase política, sin distinción, debería comenzar por admitir que la falta de inversión en infraestructura sume al país en un retraso tecnológico de décadas y hace que los cortes formen parte de la cotidianeidad. En Tucumán, sin ir más lejos, un contratiempo en el verano pasado con un cable de alta tensión derivó en cortes rotativos de una hora diaria, aproximadamente. Ayer el gobernador Osvaldo Jaldo se refirió a la advertencia de la Nación, y dijo que se están tomando medidas preventivas para asegurar el suministro eléctrico en la provincia: “Vamos a ver si mejoramos o aumentamos la generación aquí en la Usina Independencia”. Entre las acciones previstas, el Gobernador mencionó también: “Vamos a ver también si se trabaja con transformadores que generan la energía que nos pueda faltar”.

En esa línea, el interventor del ente de control de los servicios públicos, José Ricardo Ascárate, adelantó una propuesta de solución que Tucumán ya elevó a la Nación: la clave para evitar cortes en Tucumán será la reposición de los 100 megavatios (MW) que fueron retirados de la Central Independencia. “El Gobierno está tomando en serio las proyecciones de Camesa que anticipan un déficit del 20 al 30% de la energía necesaria para cubrir la demanda. En Tucumán la situación es crítica desde agosto, cuando nos retiraron dos turbinas que generan 100 MW de la Central Independencia. Si el Gobierno nacional repone esos megavatios, no habrá cortes”, aseguró.

Desde luego es importante que los funcionarios se anticipen a los problemas y encuentren, al menos un parche para sortear la coyuntura. Sin embargo, la solución definitiva no puede hacerse esperar mucho tiempo más. Durante años se utilizó el argumento de que las tarifas de la energía, en Argentina, eran muy bajas y que por ese motivo prácticamente no había inversiones en generación y en transporte de la electricidad. Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, esa ecuación cambió: hoy los argentinos pagan tarifas sumamente costosas por servicios que, en la mayoría de los casos, siguen exhibiendo problemas estructurales. Así, la combinación de una alta demanda y un sistema debilitado retrotraen un problema cíclico en el país: como hace 36 años, se avizoran apagones. Demasiado tiempo desperdiciado para avanzar en un servicio de calidad y sólido, que además de formar parte de una obligación del Estado permitiría un desarrollo económico sostenido del país.