La intendenta, Rossana Chahla, anunció la creación de un fondo fiduciario municipal para ayudar a los taxistas a que renueven sus unidades. Además, se recibirá mañana a los referentes del sector para acordar la metodología de una nueva plataforma digital municipal.

“Mañana empezamos con una ronda (de diálogo) sobre una aplicación que estamos por presentar, con distintos tipos de modalidad para los taxis, para poder ofrecerles a ellos a ver cuál es la que ellos eligen. Con la que ellos estén conformes es la que vamos a acompañar”, declaró la jefa municipal.

Chahla planteó que la situación respecto de las demás plataformas electrónicas como Uber, Cabify o Didi atraviesa un “vacío legal, que no es problema de San Miguel de Tucumán, sino provincial y de la Argentina; no es un tema nuestro”.

A su vez, la intendenta informó que con el pago mensual del canon que pagan los taxistas, de $4.700, se creará un fondo fiduciario que ayudará a que los choferes reparen sus coches. “Ese fondo común va a pagar, no sólo la aplicación, sino que con él vamos a ayudar a que todos puedan pasar la certificación. Si les falta un foco, los vamos a ayudar; si tienen problemas de tapizado, también”, explicó.

“Es decir, vamos a hacer un fondo común con la misma plata que ellos generan en el municipio. Lo que ellos pagan, el municipio lo va a invertir para ayudarlos a ellos a ser mejores”, remarcó Chahla.

Consecuencias del decreto nacional

El titular de la Federación Nacional de Conductores de Taxis en Tucumán, Julio Rodríguez, reaccionó a la medida del Gobierno nacional sobre la desregulación del transporte de media y larga distancia. El chofer dijo que el decreto del presidente Javier Milei repercute en la problemática local con las plataformas digitales, e insistió con el pedido de declaración de emergencia económica del sector en San Miguel de Tucumán.

El artículo 19 del decreto sobre el Transporte Automotor de Pasajeros por Carretera indica que “en los espacios de acceso público de todos los puertos, aeropuertos y aeródromos nacionales, podrán ingresar para el ascenso y descenso de pasajeros -y su transporte hacia cualquier destino- servicios de alquiler con taxímetros habilitados en cualquier jurisdicción”.

A su vez, añade que también estarán autorizados “los vehículos de cualquier tipo de empresa prestadora del servicio de transporte automotor de pasajeros, sean estos contratados de manera tradicional o mediante la utilización de plataformas digitales”. “Esto da curso para que las aplicaciones, y también el taxista, puedan descender y ascender pasajeros y transportarlos, más allá de cualquier jurisdicción”, resaltó Rodríguez.

El problema es que la disposición se refiere a terminales nacionales, sin contemplar la legislación vigente en las provincias o municipios. “Por eso solicitamos a la intendenta, Rossana Chahla, que de una vez por todas se clarifique la situación para saber dónde vamos a quedar parados nosotros, los taxistas”, planteó el chofer, sobre la regulación de las plataformas digitales.

Solicitud de emergencia

En este sentido, se insistió en el Concejo Deliberante con la declaración de emergencia del sector taximetrero. El 26 de septiembre ingresó en el edificio de Monteagudo y San Martín dicho pedido, que se sostiene en base a tres puntos: que se suspendan las inspecciones oculares anuales para los taxis, que se prorrogue el plazo de vencimiento de inspección anual consecutiva (porque hay coches que desde 2022 no pueden realizar el examen, sumando tres años sin hacer la prueba) y que se extienda el plazo de vencimiento del modelo requerido para los vehículos 2012, 2013 y 2014.

“Se generó una creciente competencia desigual y desleal con las distintas aplicaciones que funcionan libremente en este municipio y los aledaños, a causa de la cual se ha arribado a una situación insostenible de deterioro de nuestras unidades”, fundamenta el escrito. Además, plantea que lo expuesto “afecta directamente a nuestra actividad, por lo que incluso cumpliendo con la totalidad de los requisitos, vemos disminuidos nuestros ingresos”.

Rodríguez sostuvo que la medida nacional complejiza aún más el escenario para los taxistas. “La emergencia se tiene que dictar en el sector. (Por esta medida) podrían dejar de existir oficinas como el Sutrappa, porque esto marcaría una inscripción a nivel nacional donde le daría potestad a la Provincia a adherirse a estos decretos y trascender en una ley donde se contenga la parte legal de las aplicaciones conjuntamente con el sistema a de taxis”, consideró.

Y cerró: “precisamos saber dónde vamos a quedar parados después de todo esto: si vamos a seguir siendo taxistas o si vamos a ser socio conductores (de las plataformas electrónicas). Si elegimos lo último, tendrá que desaparecer la oficina de Sutrappa; no tiene sentido que esté”.