La expropiación de la escuela municipal Gabriela Mistral generó un intenso debate en el recinto. Sucede que algunos concejales cuestionaron la validez de la disposición requerida por la intendenta, Rossana Chahla, para adquirir el edificio que pertenecía a la Cooperativa de Servicios de Educación y Servicios Sociales. En lo histórico y en lo jurídico, la cuestión está revestida de un amplio trasfondo que enfrentó a las voces que intervienen. Por un lado, el Ejecutivo celebró la hazaña en una jornada de actividades con la comunidad educativa; por el otro, la contraparte puso sobre la mesa ciertas normas del Derecho Público que irritan la ordenanza recién aprobada.

La institución nació en 1988 por iniciativa de un grupo de padres que, a través de la creación de una Cooperativa y en convenio con el entonces intendente, Raúl Martínez Aráoz, creó la escuela de gestión mixta “Gabriela Mistral”. Se acordó que la Municipalidad afrontaría el pago de sueldos, mientras que la Cooperativa administraría lo demás. Luego, para sostener aquellos costos, se comenzó a cobrar una cuota a los inscriptos. “Durante 34 años y gracias a esa cuota, la escuela fue creciendo hasta tal punto que hoy es dueña de un inmueble muy grande que tiene salida por la Juan José Paso, por la Mendoza y por la San Martín”, dijo Alfredo Grassia, representante de la entidad.

Fue en febrero de este año que el Ejecutivo eliminó el pago de la matrícula y de las cuotas mensuales para “asegurar una educación gratuita, de calidad e inclusiva para todos los estudiantes de las escuelas municipales”, según defendió Chahla en ese entonces, y ahora se le sumó la expropiación del inmueble.

“Con este paso, el edificio vuelve a ser de los estudiantes, de los padres, de la comunidad educativa en general y no de una cooperativa privada que lo que hacía era vender un servicio de educación y no lo prestaba como un derecho a la educación”, sentenció Camila Giuliano, secretaria General del municipio, que participó de la sesión parlamentaria del jueves junto a Isabel Amate Pérez, directora de Educación, y Alejandra Trejo, subsecretaria de Desarrollo Humano. El día de ayer, además, se realizó una jornada de celebración en la escuela junto a padres, docentes y alumnos, con actividades didácticas y juegos.

El fundamento de las autoridades para solicitar la expropiación fue que desde 2014 hasta 2023 la Cooperativa no firmó convenios con la Municipalidad para regular los parámetros de la gestión conjunta que se pactó al crearse la institución, por lo que funcionaba de manera ilegítima. Otro aspecto que se añadió fue que había padres que denunciaban irregularidades dentro del manejo administrativo por parte de la asociación. Grassia replicó: “eso es mentira; desde 2014 que la Cooperativa presenta notas en el municipio y nunca contestaron. Administrativamente cumplimos con todas las directivas, pero jamás tuvimos respuesta en la administración de Germán Alfaro (ex intendente). Inclusive, cuando asume Chahla, presentamos una nota solicitando que se discuta un convenio; aún así, hicieron todo esto de mala fe, calumniando a la Cooperativa diciendo que había malversación de fondos”.

La controversia legal

En el recinto, la discusión tomó otra arista: la del Derecho Público. Gustavo Cobos (Unión Cívica Radical) mencionó, en primer lugar, el artículo 17 de la Constitución Nacional que establece la inviolabilidad de la propiedad y que la expropiación es justificada por causa de utilidad pública, debiendo ser calificada por ley y previamente indemnizada. Alegó que las declaraciones de interés público le corresponden al Estado nacional (según la Ley N° 21.499) y al provincial (según la Ley N° 5.006). En cuanto al régimen municipal, el concejal apuntó al artículo 25 de la Ley N° 5.529, sobre los casos en los que el Concejo puede disponer una expropiación. “La Ley Orgánica no nos habla de escuelas ni edificios”, remarcó Cobos. En tanto, consideró que “será la Legislatura de Tucumán la que debería expropiar este inmueble y el Gobierno de la Provincia transferírselo al municipio, como lo hizo en otros municipios del interior”.

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A la extensa alocución del radical le siguió la de Gastón Gómez (Libres del Sur), que resumió: “creo firmemente en la educación pública, gratuita y de calidad. Por eso celebro que el Ejecutivo municipal haya tomado la decisión de expropiar el inmueble para beneficio de casi 800 alumnos y alumnas que concurren a este centro educativo”. Y agradeció la concurrencia de la directora de Educación al Concejo días atrás, donde “dio un informe exhaustivo de la situación de la escuela y se evacuaron todas las dudas al respecto”. Emiliano Vargas Aignasse (Unión por la Patria) tomó la palabra luego y mencionó el artículo 26 de la Ley Orgánica, que le sigue al mencionado por Cobos, y que declara que las descripciones efectuadas son “meramente enunciativas” y que “no limita las atribuciones para dictar ordenanzas reglamentarias sobre todas aquellas cuestiones que, por su naturaleza jurídica, resulten de competencia municipal”.

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La discusión jurídica continuó con José María Canelada (UCR), que dijo que el debate no era interpretativo ni político, sino jurídico-técnico. “Yo no puedo ir por la vía de la interpretación secundaria para pretender hacer que diga lo que la norma no dice, cuando lo que voy a hacer es violar el principio del artículo 17, una norma de jerarquía constitucional. La excepción no puede ser como a mí mas o menos me parece por una norma de tercer grado”, aseveró. Finalmente, la votación se resolvió 15 a dos (Cobos y Canelada) y se aprobó la declaración de utilidad pública y sujeto a expropiación de los inmuebles en los que funciona la escuela Gabriela Mistral.