Un operativo policial derivado de una denuncia por violencia de género en la capital tucumana terminó revelando presuntas irregularidades vinculadas al manejo de mercadería destinada a programas de asistencia social y podría ser la punta del ovillo. Ahora deberá explicarle a la Justicia por qué tenía en su poder fardos de alimentos con los sellos del ministerio de Desarrollo Social.
El domingo pasado, la Policía acudió al domicilio de O.J.C, de 30 años, quien denunció haber sido agredida física y sexualmente por su pareja, J.A.L.C., de 39 años. Tras recibir la demanda, se dio intervención a la Fiscalía de Violencia de Género, que ordenó medidas judiciales.
Venta ilegal de mercadería: alivio para tres imputadosAl día siguiente, bajo orden del juez Lucas Alfredo Taboada, se llevó a cabo un allanamiento en el domicilio del acusado, ubicado en el Barrio 2.500 viviendas, en Manantial Sur. La medida tenía como objetivo detener al denunciado y secuestrar elementos específicos relacionados con la investigación, como un teléfono celular y un vehículo.
Hallaron fardos con mercadería
Sin embargo, durante el procedimiento, los oficiales encontraron gran cantidad de mercadería almacenada en la propiedad, que incluía fardos de fideos, arroz, yerba, puré de tomate y cajas de leche en polvo etiquetadas con la leyenda “Prohibida su venta”.
La trama secreta de la venta ilegal de la mercaderíaEn el lugar también se hallaron cuadernos con anotaciones que sugerían la venta de los productos a negocios locales. Ante este descubrimiento, la Fiscalía de Violencia de Género derivó la causa a la Unidad Fiscal de Delitos Complejos, que dispuso el secuestro de toda la mercadería y documentación relacionada para investigar su procedencia y posible comercialización ilegal.
Luego del operativo se reforzaron las medidas judiciales contra L.C. por violencia de género y se abrió una nueva línea de investigación sobre delitos económicos y posibles irregularidades en la distribución de la mercadería destinada a la ayuda social.
La mercadería encontrada en una vivienda de Manantial Sur
- 66 fardos de puré de tomates (cada fardo contiene 12 unidades por 520 grs. c/u, haciendo un total de 411 kg.)
- 41 fardos de aceite (cada fardo contiene 15 unidades por 900 cc c/u, haciendo un total de 553.500 cc - alrededor de 487 kg- )
- 90 fardos de arroz (cada fardo contiene 10 unidades de 1 kg c/u, haciendo un total de 900 kg.)
- 118 fardos de yerba (cada fardo contiene 10 unidades de 1 kg, haciendo un total de 1.180 kg.)
- 63 fardos de fideos (cada fardo contiene 15 unidades de 500 grs., haciendo un total de 472 kg.)
- 119 fardos de harina 000 (cada fardo contiene 10 unidades de 1 Kg, haciendo un total de 1.190 kg.)
- 101 fardos de lenteja (cada fardo contiene 10 unidades de 400 grs., haciendo un total de 404 kg)
- 79 fardos de azúcar (cada fardo contiene 10 unidades de 1 kg, haciendo un total de 790 kg)
- 3 fardos de harina 0000 (cada fardo contiene 10 unidades de 1 kg., haciendo un total de 30 kg)
- 4 cajas de leche en polvo (cada caja contiene 10 unidades de 1 kg., haciendo un total de 40 kg.)
Otro caso de venta de mercadería de manera ilegal
El primer expediente que llegó este año a la Justicia se originó en enero pasado, a partir de una denuncia formulada por el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Federico Masso, que advirtió sobre desvíos en lotes de alimentos destinados a cooperativas de trabajo, comedores y merenderos comunitarios.
Por el escándalo, se llevaron adelante allanamientos y arrestos. Y si bien no hay personas privadas de la libertad por este proceso, la Justicia tiene bajo la lupa a seis sospechosos: los Juárez y Sánchez (defendidos por Gustavo Morales), Marcos Eduardo Soria (representado por Patricio Char), Lucas Matías Orrillo (patrocinado por Marcela Ledesma e Iván Escobedo) y Rosa Margarita Ibáñez (por Agustina Recalde).
Venta ilegal de mercadería: ser empleado legislativo lo complicó procesalmenteSobre la base de los primeros datos obtenidos, la Justicia provincial ordenó una serie de procedimientos y, además de encontrarse evidencia, se concretó el arresto de cinco sospechosos. Una de las hipótesis es que los lotes eran retirados de un depósito contratado por el Gobierno provincial para luego ser revendidos, a sabiendas de que estaba prohibida la comercialización de estos productos.