“Yo nunca usurpé, ni apropié, ni mucho menos violé. Ni tampoco participé de ninguna patota”. Con estas palabras, Santo González, el hombre que está siendo juzgado en el Tribunal Oral Federal por la apropiación de un niño que había nacido durante el cautiverio de su madre en 1976 en Villa Urquiza, intentó despegarse de la acusación. Lo hizo al terminar de escuchar los testimonios de los testigos de este juicio histórico, ya que es la primera vez que se juzga a una persona por ese tipo de delito en Tucumán.

González purga actualmente una condena por delitos de Lesa Humanidad ya que se probó su participación en secuestros, torturas y asesinatos cometidos dentro del Complejo Penitenciario mientras él se desempeñaba como guardiacárcel.

El juicio está vinculado con la apropiación de Mario Navarro, a quien arrancaron de brazos de su madre cuando esta estaba detenida dentro de la cárcel. Había sido secuestrada cuando regresaba de su trabajo por un grupo de policías en 1975, llevada primero a la seccional 11, del parque 9 de Julio, luego a la Jefatura de Policía y finalmente al penal de Villa Urquiza. Allí fue sometida a todo tipo de vejámenes, golpeada y violada todas las noches hasta que finalmente quedó embarazada. A la hora de dar a luz la tiraron sobre un colchón en el piso y luego se llevaron a la criatura sin darle tiempo a verlo al menos (tenía los ojos vendados) y sin siquiera decirle si era un varón o una mujer. Poco después la liberaron. El bebé fue entregado posteriormente a un comerciante español, José Espinoza López, y vendido a Alcides Santiago Bravo y Cecilia Magdalena Raggiardo, una pareja de Las Rosas, en Santa Fe quienes, mediante una partida falsa, aseguraron que el niño había nacido en Las Parejas, el 6 de mayo de 1977. En 2015, Navarro comenzó con dudas sobre su identidad. Esto lo llevó a tener su primer contacto con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. Allí fue derivado a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Meses después le confirmaron su identidad apropiada y pudo reencontrarse con su madre.

Tras la investigación que supervisó el juez federal Fernando Poviña, González y otros dos miembros del Servicio Penitenciario, Daniel Arturo Álvarez y Francisco Alfredo Ledesma, quienes ya fallecieron, fueron procesados. Todos ya habían sido condenados por delitos de Lesa Humanidad a 12, 25 y 16 años de cárcel respectivamente. Durante la investigación también fallecieron Espinoza López, Bravo y Raggiardo.

Hoy, ante los jueces subrogantes Enrique Lilljedahl, de Catamarca (único en forma presencial), Ana Carina Farías y Abelardo Jorge Basbús, ambos de Santiago del Estero, que asistieron vía zoom, González negó todos los cargos. “Yo en esa época estaba en la guardia externa del penal. No sabía lo que pasaba adentro. No nos enterábamos. Me embargaba de custodiar los muros y los patios, no de estar en las celdas. Yo no formaba parte de ninguna ‘patota’”, dijo el hombre luego de que el defensor oficial Mariano Galleta advirtió que declararía, pero que no contestaría preguntas, amparado por su derecho. Y negó ser el González al que la misma víctima reconoció como uno de sus agresores por la cantidad de días que estuvo en cautiverio. “Había otros González, yo no hice esto”, se defendió.

A primera hora, y citada por el fiscal Pablo Camuña y la fiscal auxiliar Valentina García Salemi declaró Mariana Herrera Piñero, doctora en Ciencias Biológicas y Directora General del Banco Nacional de Datos Genéticos desde mayo de 2015. La especialista despejó las dudas con respecto al análisis que permitió certificar que Mario Navarro era hijo de la mujer que había sido secuestrada. “El peso de la prueba genética es enorme. Nuestro trabajo es fundamental para los procesos de identificación”, dijo. Luego fue el turno de la psicóloga Julieta Ramasco, miembro de la Comisión nacional por el Derecho a la Identidad quien en 2006 entrevistó a la madre de Navarro, quien le narró todo lo que le había sucedido en el marco del proceso de identificación de su hijo. Y finalmente fue el turno de la psicoanalista Fabiana Rousseaux, Directora del Centro de Asistencia a víctimas de violaciones de Derechos Humanos. Su testimonio fue demoledor en cuánto a las consecuencias de una experiencia como la que vivió Navarro. “La mujer violada y el bebé que lleva en su vientre son víctimas de torturas. El bebé también es torturado y amenazado. Es traumático en términos orgánicos.  Llega a este mundo en condiciones de puro terror. El terror de la apropiación no termina con la liberación y pasa de generación en generación”, aseguró. Además la especialista indicó que “había un plan sistemático de parte del Estado para las apropiaciones y que debía dar garantías de que no haya ciudadanos que lleven identidades falseadas. La sociedad tiene el derecho de decir quién es quién y una persona apropiada es una persona desaparecida con vida”. Luego repitió que lo que le sucedió a Navarro “es una situación extremadamente traumática. No hay manera de salir de ese dolor psíquico”. Y profundizó: “hay un consenso en pensar que el daño se tiene que reparar.  El daño es profundo. Pero lo que sí hay son medidas de reparación como lo pecuniario.  Y el Estado debe reconocer la criminalidad de sus actos. En estos casos el daño transgeneracional se transmite en generaciones sucesivamente por el terror que se sufrió. Los nietos preguntan qué pasó décadas antes”. Y finalmente concluyó: “hay un riesgo de vida para ese niño nacido en cautiverio”.

Hoy, desde las 9.30, los miembros del Ministerio Público expondrán su alegato, luego lo harán las representantes de la querella, Patricia Chalup y Carolina Villella y finalmente lo hará el defensor oficial. Luego los jueces darán a conocer la sentencia.