Victoria Villarruel iniciará esta semana una serie de contactos con la Casa Rosada para definir si convoca a una sesión especial este jueves en el Senado por el caso Edgardo Kueider. Esta solicitud surge en medio de la resistencia del gobierno de Javier Milei a reabrir el Senado, en respuesta a un pedido anticipado por parte de Unión por la Patria (UP) para tratar la expulsión del senador de Entre Ríos.

El tema de la salida de Kueider se ha convertido en un punto clave, ya que su alianza con La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, y su voto crucial a favor de la Ley Bases, se perciben como un obstáculo para el oficialismo. La Casa Rosada busca evitar que la salida del legislador entrerriano implique la pérdida de una banca en el recinto, pues en su lugar podría ingresar Stefanías Cora, una legisladora provincial de Entre Ríos vinculada a La Cámpora.

El equipo de Villarruel analiza los antecedentes de convocatorias a sesiones extraordinarias, dado que, aunque Milei quien tiene la facultad de fijar el temario para este periodo, la expulsión de Kueider podría ser tratada como un asunto reglamentario por el propio Senado, sin necesidad de depender de la agenda presidencial, consignó el sitio de noticias del diario "Ámbito".

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Para llevar adelante la expulsión, se necesitarían dos tercios de los votos de los senadores, un objetivo difícil de alcanzar en diciembre, con muchos legisladores ya regresando a sus provincias.

El conflicto por la expulsión de Kueider también ha tensado las relaciones entre Villarruel y Milei, debido a la resistencia del oficialismo a convocar a la sesión, que debe llevar la firma de la vicepresidenta como titular del Senado. Además, en la Cámara Alta se subraya que fue el Ejecutivo quien decidió convocar a sesiones extraordinarias y reabrir el Congreso sin acuerdos previos, incluso en medio de la controversia por el fracaso del Presupuesto 2025 y las tensiones con los gobernadores.

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El fin de semana, trolls de La Libertad Avanza comenzaron a difundir en redes sociales la posibilidad de analizar la destitución de cualquier legislador nacional procesado o con condena penal, una línea que también respaldó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta respaldó la idea al señalar que la causa contra Kueider, relacionada con contrabando de divisas, podría implicar lavado de activos. Bullrich añadió que varios otros legisladores enfrentan procesamientos y que la expulsión de estos contribuiría a “limpiar” el Congreso.