Después de más de nueve años de estar en vigencia, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán dejó cerrado el hábeas corpus iniciado por la crisis carcelaria. En la resolución, que se tomó antes de que se inauguraran las cárceles de Delfín Gallo y de Benjamín Paz, el Poder Judicial le dio “tareas” al Ejecutivo y al Legislativo, ya que deberán activar todos los mecanismos necesarios para poner en marcha una comisión que analizará el trato que reciben las personas privadas de la libertad y crear una nueva ley de contravenciones policiales.

En octubre de 2015, por una presentación realizada por los fiscales Adriana Giannoni (ya jubilada) y Diego López Ávila, presentaron ante el máximo tribunal de la provincia un pedido de hábeas corpus a favor de los detenidos, los policías y los vecinos por el hacinamiento de los presos en las comisarías. La Corte, le dio la razón a los representantes del Ministerio Público y ordenó que se tomaran una serie de medidas y que haya un exhaustivo seguimiento de la situación a través de diferentes comisiones.

Cuando se dictó esta medida de protección, en las comisarías ya había por lo menos 500 personas detenidas. Los años fueron pasando y la situación no cambió mucho. Pero con la aplicación del nuevo código procesal penal los centros de detención colapsaron: en las dependencias policiales llegó a alojarse a más de 2.000 personas.

Cambio

En una acordada firmada el 2 de diciembre por los vocales Claudia Sbdar, Daniel Posse y Antonio Estofán, se decidió dar por cerrado este expediente al entender que lo justificaban las remodelaciones realizadas en comisarías y, fundamentalmente las inauguraciones de las cárceles de Delfín Gallo y de Benjamín Paz.

“En el PE existe un plan de obras de infraestructura en ejecución que procura resolver la falta de cupos carcelarios que existe de manera estructural en la provincia de Tucumán, situación que ya era grave en 2015 y que se vio impactada fuertemente por la implementación del nuevo código como había sido advertido por esta Corte sucesivamente advirtió en diferentes resoluciones dictadas en esta causa”, se pudo leer en la resolución.

“También han encarado mejoras en los distintos módulos destinados al alojamiento de personas en el Servicio Penitenciario y se han concretado acciones de mantenimiento para sostener la funcionalidad de las dependencias policiales que, ante la referida crisis, funcionan como alojamiento de personas detenidas en el marco de un proceso judicial”, determinaron los vocales.

Dos planteos

Si bien decidieron cerrar el expediente, el máximo tribunal resolvió dos cuestiones. La primera, es exhortar al Ejecutivo a convocar a la primera reunión de la “Comisión Provincial contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes”. “Una vez conformada, sean ellos, en conjunto con los demás sectores del PE con responsabilidades en la materia penitenciaria, quienes diseñen un programa de contingencia urgente para la superación del hacinamiento de la población privada de su libertad”, resolvieron los jueces.

Gustavo Palmieri, integrante del Comité Nacional de Prevención de la Tortura y del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), en una entrevista difundida en LG Play exigió este jueves la conformación del comité provincial en Tucumán para abordar las graves problemáticas dentro del sistema penitenciario y comisarías.

Palmieri subrayó que Tucumán enfrenta situaciones penitenciarias críticas, como el hacinamiento de detenidos, condiciones insalubres y casos de violencia. “La provincia tiene más personas alojadas en comisarías que en cárceles y esto crea condiciones lamentables. Hemos visto casos brutales, como el incendio en Concepción donde mujeres perdieron la vida. Hay detenidos alojados en el exterior, durmiendo en el piso y enfrentándose a enfermedades y violencia”.

Larga polémica

En el fallo, la Corte tocó otro tema que generó polémica en los últimos tiempos: las detenciones por contravenciones policiales. Primero instó al Poder Legislativo a “adecuar la legislación contravencional a los estándares constitucionales y convencionales vigentes”.

Pero también una orden para el Ejecutivo en este tema: regularizar de todos los detenidos en la provincia por este tipo de causas con estas medidas:

- La imprescindible intervención de un defensor o letrado particular en cada de los supuestos casos de contravenciones.

- La comunicación inmediata al juez de la situación procesal de los contraventores.

- La conversión de la multa a días de cárcel no puede realizarse sino luego de que la autoridad policial haya agotado los medios extrajudiciales y judiciales para el pago de la misma.

- El contraventor debe permanecer en libertad hasta tanto ello se efectivice.

“Es una buena noticia que se haya decidido cerrar el expediente del hábeas corpus. Habla que el Gobierno no sólo se está encargando del problema, sino que lo está solucionando”, destacó el ministro de Seguridad Eugenio Agüero Gamboa. “Sabemos que todavía falta, pero seguimos trabajando para, como nos pidió el gobernador (Osvaldo) Jaldo, los policías no se dediquen a cuidar presos”, añadió.

Sobre la ley de contravenciones policiales, el funcionario se mostró de acuerdo con el dictado de una nueva norma. “Este será el desafío de este año. Estamos dispuestos a analizar todos los proyectos que existen para pedir que uno se apruebe. No sólo debe ser moderno, sino que tenga en cuenta que se necesitará de toda una estructura para llevarlo adelante”, finalizó.