Si bien hubo avances a lo largo de este año, los problemas ambientales de San Miguel de Tucumán están lejos de ser resueltos. Con ese argumento, la Intendencia solicitó al Concejo Deliberante la extensión del estado de emergencia ambiental de la ciudad. El tiempo apremia, ya que la declaración vigente vence en enero.

El planteo fue formulado por Julieta Migliavacca (Ambiente), Luciano Chincarini (Servicios Públicos) y Luis Lobo Chaklián (Obras Públicas) en el último informe trimestral, en el que relataron lo logrado en estos casi 12 meses de emergencia.

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“La renovación de la emergencia es un instrumento fundamental para abordar la problemática ambiental a la que se enfrenta nuestra ciudad y sobre la que venimos trabajando desde el primer día de gestión. Sin embargo, aunque la realidad nos demuestra que la situación ambiental va mejorando poco a poco, somos conscientes que para que la mejora sea tangible en mayor medida debemos continuar trabajando durante un largo período de forma sostenida y para eso, resulta de vital importancia darle continuidad a las políticas públicas implementadas. Estas no podrían ser llevadas a cabo sin el fomento que la emergencia implica”, advirtieron los funcionarios de la intendenta Rossana Chahla.

Luego, enumeraron una serie de argumentos. El primero, la persistencia de las problemáticas: “Los desafíos ambientales que llevaron a la declaración de la emergencia en 2024 no han sido resueltos en su totalidad porque no es posible técnica ni humanamente que así sea. Principalmente, todo lo relacionado a los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) y a la generación de basurales, que requieren una acción urgente y coordinada”. Luego, la continuidad en las políticas públicas. “La emergencia ha permitido la implementación de políticas específicas y la asignación de recursos para abordar las problemáticas ambientales. La interrupción de estas acciones, producto de la no renovación de la emergencia, tendría consecuencias negativas, desestabilizando los avances logrados y dificultando la implementación de soluciones a largo plazo”, se añadió.

Otro de los justificativos desarrollados es el impacto en la salud pública de la contaminación. En particular, ante la posibilidad de un nuevo brote de dengue.

En paralelo, se destaca el compromiso de la gestión con el desarrollo sostenible. “Estamos trabajando fuertemente para potenciar la economía circular y para dignificar el trabajo de los recuperadores urbanos, que cumplen un rol determinante en cada una de las políticas públicas vinculadas a la separación en origen. Renovar la emergencia ambiental representa también un compromiso con las más de 600 familias que viven dignamente del trabajo que se realiza en nuestro nodo de reciclaje y con los productores eco amigables”, adujo el municipio.

Finalmente, los funcionarios plantean a los concejales que se necesita fortalecer un gobierno municipal con perspectiva ambiental: “En gran medida, la emergencia es la que facilita las acciones, los programas y proyectos que se ejecutan. Perder el fomento de la emergencia impediría que trabajemos al ritmo que lo hacemos hoy y con los recursos con los que contamos. Esto impactará negativamente en un escenario ambiental que es crítico pero prometedor para nuestra ciudad”.

Contrato de la basura

La extensión de la declaración de la emergencia allanaría el camino a la renovación del contrato por la recolección de residuos entre el municipio y la empresa Transportes 9 de Julio.

El artículo segundo de la ordenanza en cuestión concedió una prórroga que vence en febrero, pero a lo largo de este año el municipio debía licitar el servicio. Sin embargo, el pliego correspondiente está desde abril en el Concejo y los ediles no lograron ponerse de acuerdo para aprobarlo.

En consecuencia, resolvieron en un plenario de comisiones devolver el documento al Departamento Ejecutivo para que se realicen algunos cambios.

“Pedimos algunas modificaciones. Cuando se habla de la garantía de la empresa que se presente en la licitación, nosotros planteamos que sea de un 20% y no de un 10%. También sobre la cantidad de cuadras del servicio: planteamos que deben ser 15.000 las que tiene que cubrir la empresa (el pliego menciona 10.321)”, justificó el concejal Ernesto Nagle. Luego, elogió el trabajo de la empresa 9 de Julio, que realiza la recolección de residuos desde 1991. “En el bloque tenemos nuestra mirada de que la empresa está haciendo un buen servicio, ha mejorado muchísimo”, afirmó.

Migliavacca defendió la gestión ambiental y cruzó a opositores por las críticas a la emergencia

Carlos Arnedo, presidente de la comisión de Peticiones dijo que se abordaron “muchas modificaciones del pliego original”. “No coincidimos en el número de zonas en el que se debe dividir la capital para la prestación del servicio. Algunos promovemos cuatro zonas y otros solo dos”, agregó. “Hay que analizar este pliego con mucho detenimiento debido a las implicaciones ambientales, sanitarias y fundamentalmente económicas que supone para el municipio y para la comunidad capitalina”, completó Arnedo.