Niegan el cese de preventiva para uno de los imputados en el caso Érika

La Justicia rechazó el recurso de impugnación que había planteado la defensa de Jorge “Chicho” Díaz, uno de los acusados por el encubrimiento del crimen de Érika Antonella Álvarez. El imputado continuará alojado en el penal de Benjamín Paz mientras avanza la investigación en su contra.

El pasado 26 de febrero, el Ministerio Público Fiscal formuló cargos en contra de Díaz y de Nicolás Navarro Flores por encubrimiento agravado. Según la hipótesis que investiga el fiscal Pedro Gallo, Díaz la noche del crimen habría concurrido a la casa de Felipe “El Militar” Sosa (imputado por el femicidio de Érika) a bordo de una camioneta que tenía el logo de “Mundo Limpio” -una de las empresas del principal acusado-, y se retiró varias horas después en el mismo vehículo con varias bolsas de residuos en la caja. Los pesquisas creen que podría haber realizado tareas de limpieza en la escena del crimen.

En cuanto a Navarro Flores, sospechan que se presentó en la casa de Sosa luego de que este lo llamara, donde permaneció varias horas, y que podría haber colaborado a eliminar el cadáver de la víctima.

Ambos fueron sometidos a tres meses de prisión preventiva para cautelar el proceso. Ayer se desarrolló la audiencia para tratar la impugnación de la medida cautelar que pesa sobre Díaz. Según argumentó su defensor, Juan Pablo Bello, la jueza Isolina Apás Pérez de Nucci al momento de fundamentar los requisitos materiales “no realizó una debida justificación ni identificó concretamente cuáles son los elementos de evidencia que sostienen, según ella, que Díaz participó del hecho imputado”. En ese sentido, solicitó la revocación de la medida cautelar de mayor intensidad y que se ordene la libertad de su pupilo bajo reglas de conducta, o el arresto domiciliario, subsidiariamente.

La auxiliar de fiscal, Carolina Brito, se opuso al pedido de morigeración alegando que no sólo no existen nuevas evidencias que desvinculen a Díaz de esta investigación, sino que su situación procesal se habría complicado. Según indicó, un testigo que ocupa un cargo administrativo en una empresa de Sosa habría ubicado al imputado como la persona que conducía la camioneta que fue vista en el domicilio del “Militar” cuando trasladaba una bolsa con características similares a la que se halló junto a los restos de la víctima.

“No solo contamos con ese testimonio, sino también con las cámaras de seguridad situadas en diagonal a la vivienda de Sosa y el informe técnico de captura y digitalización, donde se observa este vehículo circulando el 7 de enero a la siesta, permaneciendo allí durante dos horas, y luego retirándose con bolsas en su interior”, precisó la representante de la Fiscalía de Homicidios I. “Lejos está de haberse atribuido a Díaz un encubrimiento pasivo. Por el contrario, se le endilga una participación activa inmediatamente posterior al hecho, tendiente a obstaculizar la investigación en esta causa”, añadió.

Luego de analizar los planteos expuestos por las partes, la jueza del tribunal de Impugnación, María Jimena Suárez, no hizo lugar al recurso interpuesto por Bello, al considerar que la sentencia de la magistrada Apás Pérez de Nucci no fue inmotivada ni arbitraria. “No debe perderse de vista que la investigación es un proceso dinámico, en el cual se produce y se recolecta evidencia. Desde esta óptica, no sólo es necesario asegurar la realización de las medidas probatorias, sino también tomar los recaudos necesarios para garantizar la efectividad de los resultados obtenidos en las mismas”, dijo y dispuso que Díaz continúe alojado en Benjamín Paz.

Segundo imputado

En la audiencia de formulación de cargos, los abogados de Navarro Brito, Patricio Char y Candelaria Hernández, también habían impugnado la resolución. Sin embargo dieron marcha atrás al pedido luego de que su pupilo declarara en sede fiscal la semana pasada. La decisión se debería a un cambio en su estrategia defensiva. Por un lado, los defensores intentarían negociar con el MPF para que la situación de Navarro Flores se resuelva mediante un juicio abreviado, aspirando a una condena condicional, teniendo en cuenta que está acusado por encubrimiento, que no tiene antecedentes y que colaboró con la causa.

En caso de no prosperar este camino, solicitarían morigerar la medida cautelar, ya que el imputado padece diabetes y es insulino dependiente. Si bien está recibiendo el tratamiento, en los próximos días será revisado por una junta médica que examinará si está en condiciones de permanecer alojado en el penal.