El Gobierno argentino ha declarado confidencial la adquisición de un sistema antidrones, argumentando razones de seguridad nacional. La medida fue oficializada este lunes mediante el Decreto 21/2025, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial.
Según lo establecido en el decreto, la decisión responde a la necesidad de contrarrestar los riesgos crecientes asociados al uso de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT), conocidos popularmente como drones civiles.
El Ministerio de Seguridad explicó que estos dispositivos, debido a su facilidad de acceso y uso, representan una amenaza potencial contra la vida, la libertad y los bienes de los ciudadanos, además de poner en peligro infraestructuras estratégicas.
El texto también destaca que los drones, gracias a su alcance, portabilidad y simplicidad operativa, pueden ser utilizados con fines ilícitos. Entre los riesgos mencionados figuran desde su uso en actividades delictivas dentro de cárceles, como la entrega de objetos ilegales, hasta intentos de fuga mediante explosivos o ataques directos.
“Se pueden resaltar ataques con drones de naturaleza terrorista, deliverys con drones en el ámbito de distintas Unidades Penitenciarias, el uso de este equipamiento con explosivos a efectos de facilitar fugas de personas alojadas en el ámbito de dichas Unidades, entre otros”, detalla el decreto.
En este contexto, la cartera de Seguridad subraya la necesidad de adquirir tecnología avanzada capaz de neutralizar estas amenazas y preservar la seguridad interna bajo el marco democrático.
El documento aclara que la confidencialidad de la operación busca evitar que se divulguen detalles sobre los dispositivos y tecnologías a incorporar, previniendo así que otras personas adapten métodos para vulnerar el funcionamiento de estos sistemas.
Asimismo, se resalta la importancia de definir aspectos relacionados con la organización, doctrina, despliegue, capacitación y equipamiento de fuerzas como la Policía Federal Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, así como la coordinación con Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina.
El Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, señala que esta adquisición es indispensable para enfrentar modalidades delictivas que emplean drones, enfatizando la urgencia de declarar secreta la operación contractual.
Por último, el decreto encomienda a la Secretaría de Coordinación Administrativa la tarea de llevar adelante los procedimientos necesarios para implementar esta medida, asegurando su cumplimiento conforme a la normativa legal vigente.