Un papel amarillento por el paso del tiempo podría ser una prueba clave en la investigación de la venta de tierras de la Reserva Natural La Angostura. Ese documento habría sido utilizado para montar toda una maniobra por un grupo de al menos seis personas que, a través de supuestas maniobras irregulares, comercializaron tierras fiscales primero, y después fallaron en su intento de cubrirla con un manto de legalidad. Esos serían los significativos avances que hubo en el expediente que instruye el fiscal Miguel Varela. La causa está bien encaminada, pero hasta el momento nadie puede asegurar hasta dónde llegará y cuáles serán sus consecuencias.

A fines de octubre, los empleados estatales descubrieron que la zona protegida estaba siendo ocupada por desconocidos. La Policía destruyó varios de los cercados que se habían instalado y la fiscal de Estado Gilda Pedicone solicitó una medida de no innovar en la Justicia. Una jueza aceptó el planteo y ordenó suspender la venta de lotes y ordenar la detención de las construcciones. Buscaba preservar una zona que está protegida

El cuerpo de abogados de la Fiscalía de Estado analizó la documentación que presentaron los mismos compradores y descubrieron que se habría montado toda una maniobra para comercializar tierras que pertenecen al Estado. Por esa razón, realizaron una denuncia penal contra el titular del proyecto “Loteo Gaucho Castro” por usurpación y estafa. Pero con el correr de los días, el fiscal Varela descubrió que había mucho más que la ocupación ilegal de tierras fiscales.

Ahora sospecha de la existencia de una organización que se dedicaría a este tipo de ilícito. La investigación incluye el caso registrado en El Mollar, pero no se descarta que existan otros similares en diferentes puntos de la provincia, especialmente en las villas turísticas.

Los investigados

El expediente de este caso no para de crecer desde que ingresó al Ministerio Público. En él van surgiendo datos, el nombre de las personas involucradas y cuál podría haber sido su responsabilidad. Estos son algunos de ellos.

- Juan Pablo Castro: aparece como el responsable del proyecto. El tendría una cesión de tierras que habría sido otorgada por la familia Frías Silva. Sin embargo, ese trámite fue posterior a que la misma familia haya entregado todas esas tierras a la Provincia para saldar una deuda impositiva. Ese sí quedó inscripto en el Registro Inmobiliario, mientras que el otro no.

A su nombre se emitió un permiso de pastoreo que sirvió para comenzar a montar la maniobra que terminó con la venta ilegal de los terrenos.

Es el único integrante de esta lista al que ya lo notificaron que está siendo investigado por usurpación y estafa, aunque los investigadores creen que sólo usaron su nombre para desarrollar el emprendimiento inmobiliario. Hay un dato que puede ayudarlo: hasta aquí no apareció ningún boleto de compraventa firmado por él. Por su edad, legalmente no puede ocupar un calabozo.

- Rafael Trujillo: los compradores lo llamaron como el “ingeniero”, pero en realidad es empleado de planta permanente del Estado y se desempeña en la subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat. En esa repartición se habrían realizado varias gestiones para tratar de darle un tinte legal a la venta de tierras.

Los damnificados también habrían señalado, que no sólo estaba a cargo de gestionar los servicios esenciales del loteo (apertura de caminos, agua y luz), sino que además participaba en las operaciones inmobiliarias. Él, según los testimonios, era la persona que enviaba a los adquirentes a la comuna de El Mollar para que constataran que todos los papeles estaban en regla. No se informó cuál es su situación laboral luego de que quedara al descubierto este caso.

- Jorge Cruz: la situación del comisionado de El Mollar se complicó con la presentación de una nota. El fiscal Varela le pidió a través de un oficio que informara quiénes eran los titulares del proyecto y respondió que en la repartición que conduce no existe ningún expediente sobre el “Loteo Gaucho Castro” o “Barrio El Lago”.

Sin embargo, en el expediente hay una nota firmada por él en agosto de 2023, en la que otorga la factibilidad del uso del servicio de agua potable. Según los especialistas, se trata de un trámite irregular porque esa autorización debe darse antes de que comience la venta de las parcelas. También fue filmado por los adquirentes en una reunión dando explicaciones sobre cuestiones legales y lo que podría ocurrir en el futuro. Además, habría vendido al menos dos terrenos que podría haber adquirido.

LA GACETA intentó comunicarse con él para que diera su versión de los hechos, pero fracasó en su intento.

- Maximiliano Barreiro: otro empleado de Regularización Dominial. Su firma aparecería estampada en el proyecto que se presentó en la Dirección General de Catastro y que no avanzó, mucho menos autorizó.

Los compradores habrían declarado que él era uno de las personas que se presentó como desarrollador del proyecto. La tarea que habría realizado no es incompatible con su función de empleado estatal. Tampoco se informó sobre cuál es su situación laboral en estos momentos.

- Jéssica Mamaní: el nombre de esta mujer surgió en los últimos días porque su nombre y firma aparecerían en los boletos de compraventa rubricados por los adquirentes. Tendría algún tipo de vinculación con Trujillo y podría haber tenido una activa participación en las tareas de comercialización de las parcelas.

Los documentos que ella habría firmado serían por lotes que habría cedido Castro a Trujillo. ¿Por qué se los habría entregado al empleado estatal? Es una pregunta que aún no tiene respuesta.

- Damián Romano: el nieto político de Castro está mencionado en el expediente por dos razones. La primera, porque también estaría vinculado a la comercialización de tierras. La otra, porque él habría sido el que habría pretendido monopolizar los trabajos de albañilería que se realizaban en el lugar.

Más nombres

Hay otras personas mencionadas en el expediente, pero el fiscal Varela no pudo sumar más pruebas para definir por ahora su situación.

Uno de ellos es Fernando Rogel Chaler, ex subsecretario de Regularización Dominial, cuya firma aparece en la constancia de escrituración que se le otorgó a Castro en febrero de 2023 para que presentara en EDET con el propósito que se le otorgara el servicio de energía a los pobladores del loteo, lo que sería otro trámite irregular.

En una nota con LA GACETA, dijo que esa no era su firma y que no podía confirmar si los sellos utilizados eran los de la institución. También confirmó que la repartición que conducía no podía firmar permisos de pastoreo.

Los investigadores no pudieron seguir está línea porque en Regularización Dominial no existen esos expedientes. No se sabe si fueron extraviados o eliminados o directamente nunca se abrió uno para evitar dejar huellas. Sí confirmaron que no existe denuncia policial o iniciado trámite administrativo por la desaparición de un sello, que es lo que debería haber ocurrido si desaparecía uno de ellos.

En las últimas horas también surgió otra cuestión que está siendo analizada por Varela: la intervención de dos escribanías en el caso. Los compradores habrían declarado que, antes de firmar nada, los titulares de las oficinas notariales (que se mantienen en reserva por cuestiones legales) les habrían confirmado que todo era legal y que les habían mostrado documentos para avalar su opinión.

Varios de ellos, según habrían testimoniado, después de que se desatara la polémica volvieron a preguntarles sobre lo que estaba sucediendo. Se retiraron con la misma respuesta. Esa postura los puso en el centro de la pesquisa.