En enero siempre pasan cosas que darán que hablar

“En enero nunca pasa nada”, es la irónica reflexión de un experimentado periodista de LA GACETA cuando intenta justificar por qué siempre elige vacacionar durante el primer mes del año. En 2025, como en otros años, en enero sí pasan cosas. A este le quedan cuatro jornadas para ser historia y dejó mucho para analizar. Probablemente serán noticias que se analizarán durante los próximos 334 días.

En Tucumán terminó de estallar el escándalo de la venta de tierras de la Reserva natural de La Angostura. El fiscal Miguel Varela descubrió la existencia de una organización que se habría dedicado a vender terrenos fiscales y luego tratar de darle una cobertura legal a través de trámites irregulares con los que conseguían documentación falsa. Habrían utilizado estos instrumentos para engañar a más de 30 personas que compraron lotes a un valor de entre U$S15.000 y U$S20.000. Pero lo más grave del caso es que los supuestos autores de este ilícito son trabajadores del Estado que están designados en la subsecretaría de Regularización Dominial y de Hábitat, repartición que paradójicamente debería ordenar todos los intríngulis territoriales y decidir si corresponde entregar una escritura (único papel válido para demostrar la titularidad de un inmueble) al reclamante.

Los investigadores son conscientes de que agentes estatales rasos no podrían realizar semejante maniobra sin tener el apoyo de personas que tienen poder de decisión y de firma, por supuesto. En el expediente aparecen dos nombres. Uno de ellos es el del ex subsecretario Fernando Rogel Chaler porque habría firmado una constancia para informar que el titular del proyecto inmobiliario Juan Pablo Castro estaba realizando trámites de escrituración, papel que nunca se debería haber otorgado porque las tierras en cuestión estaban a nombre de la Provincia. El otro es Jorge Cruz, el comisionado rural de El Mollar por haber aprobado la factibilidad del servicio de agua potable en agosto de 2023, cuando los terrenos en cuestión comenzaron a ser comercializados en 2020. Según las normas vigentes, ese trámite debería haber concluido antes de que salieran a la venta las parcelas.

Rogel Chaler se defendió al asegurar que la firma que aparece en el documento no es la de él y que no pudo determinar si los sellos que aparecen son los de la repartición. La versión exculpatoria de Cruz es realmente insólita. El fiscal Varela le pidió a través de un oficio que informara quiénes habían sido las personas que estaban detrás del emprendimiento “Loteo Gaucho Castro”. El funcionario respondió que en su comuna no existe trámite alguno sobre ese proyecto inmobiliario y que se ponía a disposición de la Justicia para despejar todo tipo de dudas.

El escándalo de El Mollar es apenas la punta de un iceberg. La duda es si estas maniobras se repitieron en otras villas turísticas. La Fiscal de Estado Gilda Pedicone sabe que este es un paso muy importante para regularizar varias situaciones. “Este caso debe servir de enseñanza para que no haya otros”, le dijo a LA GACETA días atrás. La decisión política del Gobierno de avanzar contra las usurpaciones está mostrando sus frutos. En los próximos días comenzarán a ventilarse los detalles de una usurpación en el barrio Islas Malvinas, en Tafí del Valle. Cuando finalice la feria judicial, si las autoridades de la Universidad Nacional de Tucumán colaboran, se podría poner fin a la ocupación ilegal de las tierras de “Nina” Velárdez, en Tafí Viejo. Por lo pronto, el gobernador Osvaldo Jaldo decidió disolvió la subsecretaría de Regularización Dominial, considerada como el origen de todos los males.

Crímenes e inseguridad

En lo que va de enero, se registraron tres homicidios en la provincia, casi la mitad de los contabilizados en 2024 que fueron cinco. Pero se incrementaron considerablemente los casos de violencia intrafamiliar. Por día, según los registros de la Policía, intervienen en entre cuatro y cinco intervenciones por agresiones de hijos contra sus padres y peleas entre hermanos. Esta cuestión dejó de ser un problema penal, sino que requiere un abordaje mucho más amplio que contemple los problemas que generan la adicción al alcohol y a las drogas y la crisis social y económica.

En lo que se refiere a hechos de inseguridad, la sensación es que en la capital se mantuvo el promedio de casos, pero en el Gran San Miguel de Tucumán y en otras localidades podrían haberse incrementado. La sensación tiene que ver con la falta de estadísticas oficiales y que están acompañadas por un océano de cifras en negro, es decir, casos que no fueron denunciados.

En el primer mes de este año, en un duro informe, el Comité Nacional para la prevención de Tortura reclamó sobre los llamados “trencitos” que realiza la Policía. Dijeron que los vecinos de los barrios populares relataron sobre allanamientos sin autorización judicial, detenciones arbitrarias y malos tratos. Varios abogados penalistas se sumaron a las quejas y advirtieron que esta modalidad se está expandiendo hacia el interior de la provincia. El Gobierno demostró que seguirán realizando este tipo de operativo. Lo demostraron realizándolos en Tafí del Valle y en El Mollar.

Cuestiones narco

La comercialización y el tráfico de drogas también estuvieron en la agenda de este enero. En Tucumán, se encendieron las alarmas por el secuestro de ampollas de nalbufina, una droga similar al fentanilo. Por segunda vez en menos de tres años, se halló esta droga en el barrio Toledo, al sur de la capital. Como no ocurrió con el “paco” en 2007, las autoridades comenzaron a buscar indicios de su origen y si es que hay algunos adictos que la están consumiendo. Esa reacción tiene su razón de ser: el consumo masivo de este estupefaciente puede generar un desastre social, como sucedió en Estados Unidos y algunos países de Europa.

A nivel regional también hubo novedades. Según los reportes de Gendarmería Nacional, en lo que va del año se incautaron 521 kilos de drogas (485 kilos de cocaína y 36 de marihuana) en 16 procedimientos. Las cifras asustan, ya que en 2024 en nueve operativos, decomisaron 86 kilos de estupefacientes (74 kilos de “merca” y 12 de cannabis). Estos números se cosecharon luego del lanzamiento del Plan Güemes, operativo lanzado en la zona de frontera, especialmente en Orán. Sin embargo, más del 50% partió de esa localidad salteña. En el NOA hubo un importante revuelo al confirmarse que las autoridades de Aguas Blancas, con el apoyo de la Nación, tienen intención de levantar un alambrado de 200 metros que van desde la terminal de ómnibus hasta el puesto de migraciones y aduana del lugar. Nada se dice de los más de 30 pasos clandestinos que hay en ese lugar.