El Ministerio de Defensa de la Nación informó este miércoles que 23 militares fueron cesados por tener sentencia firme sobre crímenes de lesa humanidad. La cartera aclaró que no se trata de una “decisión unilateral”, sino de un pedido del Poder Judicial.
“Las bajas mencionadas no responden a una decisión unilateral de este Ministerio, sino a una orden del Poder Judicial, notificada por el Ministerio Público Fiscal, obligando al cumplimiento de la medida respecto del personal militar alcanzado por las sentencias condenatorias firmes”, aclaró el ministerio que conduce Luis Petri.
El pedido de baja fue realizado por el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), Sergio Rodríguez.
En el documento, enviado tanto a Petri como al jefe de la Armada Argentina, Carlos María Allievi, y a su par de la Fuerza Aérea Argentina, Fernando Luis Mengo, el fiscal solicitó que “se repongan o requieran las bajas de los agentes retirados de dichas instituciones que han sido condenados con sentencias firmes por delitos de lesa humanidad”.
La PIA recordó que dispuso “el inicio de actuaciones sumariales con el objeto de esclarecer los hechos y eventuales responsabilidades en relación a las presuntas irregularidades acaecidas en la información proporcionada”, y que las condenas se encuentran firmes, ya “agotadas todas las instancias recursivas”.
Además, en el escrito el fiscal le recordó a Petri que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”.