Los controles de velocidad llevados a cabo por las municipalidades de Lules y de Banda del Río Salí en las rutas 321 y 301 y 306 y 9, respectivamente, han  generado controversia con respecto a la legitimidad y propósitos de su uso; y al mismo tiempo derivaron en debates sobre las formas de lograr la reducción de las infracciones y de los accidentes.

La situación se hizo pública a partir de la nota publicada en LA GACETA del martes 18/02 en la que se describe que los aparatos, según cuentan los vecinos, son advertidos por los automovilistas una vez que son notificados de las multas que recibieron, porque no hay señalización que advierta de su presencia. De acuerdo a la producción periodística, en Lules las cámaras están junto al semáforo y la única señalización que hay está a 100 metros; se trata de un cartel que dice “tránsito controlado”; en Banda del Río Salí el cartel señalizador está quebrado. El responsable de Tránsito dijo que las señales son vandalizadas constantemente, pese a los intentos por mantenerlos. En el caso de Lules, el secretario de Seguridad dijo que se solicitó a la empresa cordobesa que trabaja en el complejo semaforizado que coloque la nomenclatura correspondiente, aunque en nuestra edición de ayer enviaron una nota informando que hay señales colocadas de manera visible.

En ambos casos, los vecinos habían dicho a LA GACETA que apenas habían detectado las cámaras, y un experto en circulación vial había criticado que los radares no se estaban usando de acuerdo a las normas y que con ellos se perseguía un fin recaudatorio y no concientizador. “Se tiene que comunicar que hay control con radar porque -se supone- el objeto que tiene no es generarte una multa por una falta de tránsito sino persuadirte a bajar la velocidad y cumplir con la norma”, dijo. Los funcionarios dijeron que se adecuan a la ley nacional de tránsito y enfatizaron que gracias a estos aparatos se ha logrado hacer disminuir los accidentes y que esperan que esto ayude a cambiar la cultura transgresora.

Del debate deberían quedar varias reflexiones para cambiar esa cultura. En primer lugar, tendría que haber un criterio unánime en toda la provincia con respecto al control de tránsito con radares, que deben serv homologados. Se sabe que tanto la capital como Yerba Buena han tenido inconvenientes para implementar estos sistemas. Según una nota publicada hace pocos días, los radares se usan con intensidad en Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y Córdoba, y efectivamente han ayudado a cambiar la conducta de los conductores, aunque también se sospecha que hay una voluntad y hasta una voracidad recaudadora en muchos municipios incluso aunque se adecuen a la ley. Hay sitios como Recreo (Catamarca) donde la exigencia parece desmesurada, porque se obliga a los conductores a bajar la velocidad a 40 km/h. Otros lugares, como Chumbicha (Catamarca), han tenido radares irregulares pero han generado la conciencia de circular a menos de 60 Kmh a lo largo del trayecto urbano de la ruta.

En definitiva, las autoridades deberían asegurar y demostrar que se aplican medidas siempre de acuerdo a la ley, con la señalización adecuada, y buscar la forma de generar efectiva conciencia sobre la necesidad y los beneficios de bajar la velocidad.