Cuando la ética se aplica y se pone en práctica en el servicio público se denomina Ética Pública. Otra forma de denominarla es ética para la política y la administración pública. Se trata de un estudio al comportamiento de los funcionarios, en función a la finalidad del servicio público que le es inherente. Trata la moralidad de los actos de las personas que ejercen cargos, por lo tanto, la bondad o la maldad de su conducta debe juzgarse con relación a su tarea.

El régimen de ética pública se inspira en una filosofía: quienes ejercen cargos públicos son “servidores”. Por ello están obligados a actuar con virtud, conducta, capacidad y ética en la búsqueda del bien común que implicar la organización de un Estado. Los límites entre lo que está bien y lo que está mal deben ser claros, y cumplirse.

En Tucumán, la discusión de una ley de ética pública que regule y sancione conductas indebidas de los funcionarios del Estado es, desde hace 26 años cuando se sancionó la ley nacional, un tema que aparece de manera recurrente en la agenda parlamentaria, pero nunca llegó a debatirse, ni siquiera en una comisión.

La reforma de 1994 incorporó en la Constitución Nacional la llamada “Doctrina de la Corrupción”, la que equipara la malversación de caudales públicos a un atentado al sistema democrático. Cinco años después, se sancionó la “Ley de Ética de la función pública”. Esa norma regula la actividad de todos los funcionarios de los poderes del Estado y fija deberes de comportamiento mientras estos duren en el cargo. Entre otras cosas, se norman los conflictos de intereses que pueden presentarse en el ejercicio de la tarea, el régimen de obsequios que pueden o no recibir quienes trabajan en el Estado e impone la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas al ingreso, en forma anual y al cese del cargo para todos sin excepción. La norma creó, además, la Oficina Anticorrupción como organismo de control y ejecución de las pautas previstas. Es esta la puerta del control ciudadano a quienes ejercen la función pública. En pocas palabras, transparenta lo que estos hacen.

Tucumán tiene una deuda con la regulación de la ética pública. Hay provincias que dictaron sus propios regímenes a partir de la ley nacional, y otras abrieron la discusión el año pasado. En nuestra provincia, de las últimas ocho composiciones de la Legislatura provincial desde 1999, numerosos legisladores opositores presentaron proyectos. Las últimas iniciativas datan del año pasado y aún tienen estado parlamentario. Pero todavía no se ven avances.

Lejos del nulo interés parlamentario de tratar el tema, sí se han notado esfuerzos en particular para instalarlo ante la opinión pública. Está el caso de la Federación de Entidades Profesionales Universitarias de Tucumán, que desde hace casi una década impulsa un proyecto para regular la actuación de los funcionarios públicos en la provincia. Realizó foros y promovió campañas de recolección de firmas, pero no logró instalar la discusión en la agenda política. En el mismo lapso de tiempo, también la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia difundió un informe sobre la calidad institucional en la provincia.

En pocas semanas comenzará el período ordinario de sesiones de la Legislatura de la provincia. En la carpeta de asuntos vinculados con la transparencia en la gestión pública aparecen varios asuntos pendientes. Sería menester que el tratamiento de una ley de ética pública entre finalmente en el radar de las prioridades.