La Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de Perú inició este martes de manera formal el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo, quien es acusado de haber intentado perpetrar un golpe de Estado, el 7 de diciembre de 2022, cuando quiso disolver el Congreso.

El Poder Judicial “inicia la audiencia de juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo y otros seis acusados por rebelión y otros delitos", confirmó a través de su cuenta en la red social X. La institución precisó en su mensaje que el procedimiento judicial se lleva a cabo en el centro penitenciario de Barbadillo de la ciudad de Lima.

Los otros acusados en el caso son Betssy Chávez y Aníbal Torres, ambos expresidentes del Consejo de Ministros. La acusación de la Fiscalía por el delito de "rebelión" incluye además al exministro del Interior, Willy Huerta, así como a los exoficiales de la policía nacional Manuel Lozada, Justo Venero y Eder Infanzón.

El Ministerio Público solicitó 34 años de cárcel para Castillo, así como su inhabilitación por tres años y seis meses para ejercer cargos públicos, mientras que para los demás acusados pidió entre 15 y 25 años de prisión. En la audiencia, Castillo se presentó vestido con una camisa de color claro, pantalones oscuros y sin su característico sombrero de paja de ala ancha.

Un grupo de simpatizantes de Castillo se concentró este martes desde temprano afuera del penal para expresar su apoyo al exmandatario peruano. El juicio se llevará a cabo tres veces por semana en forma presencial y virtual desde la cárcel de Barbadillo.

El descargo de Castillo: “Una farsa”

Pedro Castillo catalogó este martes de "farsa" el juicio oral en su contra por rebelión y abuso de autoridad, desde la cárcel de Barbadillo, donde se encuentra en prisión preventiva desde hace más de dos años. Al respecto, aseguró estar “secuestrado” allí.

"Jamás he cometido delito de rebelión", expresó el expresidente peruano, agregando que sus coacusados "nada tienen que ver en este proceso" y que lo único que hizo aquel día fue "trasladar el deseo del pueblo a través de un discurso público".

"No puedo someterme a un juicio oral donde todo puede estar predeterminado: este juicio es una farsa", dijo Castillo a tres jueces de la Corte Suprema al comparecer, flanqueado por dos agentes penitenciarios.

Castillo denunció que "la administración de Justicia está instrumentalizada políticamente"

El expresidente, que presentó en la víspera un escrito para retirar a sus cuatro abogados, se negó a aceptar un representante de la defensa pública tras asegurar que los delitos que se le imputan son "ilegales", si bien finalmente se le asignó uno "al ser este un derecho irrenunciable", explicó El Comercio.

Castillo intentó leer en la audiencia una carta difundida en sus redes sociales en la que dice no aceptar ser juzgado, aunque la jueza encargada del proceso se lo impidió. "Cuando la administración de Justicia está instrumentalizada políticamente ya no valora la verdad de los hechos ni la razón jurídica, muchos menos los argumentos de mi defensa técnica", reza la misiva.

El caso contra el expresidente Castillo

Nacido en un pequeño pueblo donde enseñó durante 24 años, Castillo ganó prominencia nacional como líder sindical durante una huelga de docentes en 2017. Después de asumir el cargo en julio de 2021, el "primer presidente pobre" de Perú enfrentó una vehemente oposición política en todos los frentes y casi de inmediato comenzaron investigaciones sobre numerosas denuncias de corrupción.

Castillo rechazó las acusaciones, calificándolas de parte de un complot político para derrocarlo. Sobrevivió a dos votaciones de impeachment y estuvo a punto de ser sometido a un tercero, lo que motivó su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto. En cambio, Castillo fue arrestado cuando se dirigía a la embajada de México en Lima con su esposa y sus dos hijos. Su familia todavía está en la embajada, buscando asilo.

Castillo intentó sin éxito disolver el Congreso, convocar elecciones anticipadas y crear un Gobierno de excepción para intentar sacar adelante las reformas prometidas durante la campaña. Esto terminó por llevar al Parlamento a apoyar una moción de censura en su contra y a su posterior detención por la policía.

El expresidente se encuentra en prisión preventiva desde el 7 de diciembre de 2022. Su cese trajo para Perú una de sus peores crisis recientes con casi medio centenar de muertos por la represión de las fuerzas de seguridad en las protestas por su detención y en contra de quien tomó el mando, la que era hasta ese momento su vicepresidenta, Dina Boluarte.

Boluarte se ha aferrado al poder a pesar de las numerosas protestas que exigen su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas. La dirigente de 62 años está siendo investigada por las muertes de manifestantes, aunque goza de inmunidad procesal hasta que finalice el mandato que sustituyó a Castillo en 2026.

También está bajo investigación por supuestamente aceptar sobornos en forma de relojes Rolex y joyas, y por supuestamente abandonar sus deberes para realizarse una cirugía plástica en la nariz, un procedimiento que, según ella, fue médico, no cosmético.