El legislador y presidente del bloque Compromiso Tucumán, Claudio Viña, se manifestó a favor de complementar la conocida ley de Ficha Limpia con una actualización de la ley provincial N° 8.850 de 2016, que establece que los funcionarios públicos deben estar libres de adicciones a drogas o sustancias ilegales para ocupar cargos en el Estado provincial.
En un proyecto presentado en la Legislatura, Viña propuso la implementación de tests anuales para evaluar si los funcionarios de todos los poderes del Estado, incluidos los organismos de contralor, están libres de drogas o sustancias psicoactivas. Según el legislador, el objetivo es garantizar que quienes ocupan cargos públicos estén en plenas condiciones cognitivas y funcionales para administrar los recursos y bienes del Estado en beneficio de la comunidad.
"He presentado un proyecto para aggiornar y relanzar la ley N° 8.850, de manera tal que los funcionarios hasta determinado nivel de jerarquía, de los tres poderes del estado, como así también de los organismos de contralor, se sometan anualmente a un test para evaluar si se encuentran libres de drogas o sustancias sicoactivas", señaló.
Viña destacó que la ley N° 8.850, vigente desde 2016, establece como requisito de permanencia en el cargo público el no tener adicción a sustancias ilegales, pero lamentó que no se cumpla de manera efectiva. "Es necesario actualizar y relanzar esta ley, para que los funcionarios, electivos o por designación, se sometan a estos test anualmente", explicó.
El proyecto de Viña también contempla que, en caso de que un funcionario o agente público dé positivo en el test de drogas, deberá ser licenciado y someterse a un tratamiento de recuperación antes de poder retomar su cargo. "Cada poder del estado, debe designar un responsable, generalmente su máxima autoridad, quien deberá implementar las medidas para la realización de los exámenes con la periodicidad y requisitos que establece la ley y que pueden ser complementados por la autoridad de aplicación", expresó.
Y prosiguió: "El derecho de un ciudadano a ser elegido es desplazado por el derecho de la comunidad toda a ser administrada, conducida, juzgada, legislada o protegida por funcionarios idóneos y probos, no solamente desde el prisma relativo a los antecedentes penales, sino también en lo referido a su prescindencia de sustancias prohibidas que pudieran alterar su capacidad intelectual o funcional".
"Tomando como punto de partida el discurso el gobernador Osvaldo Jaldo, al anunciar que el proyecto de ley de Ficha Limpia se encuentra en la Legislatura para ser tratado, espero que la modificación y nueva puesta en marcha de la olvidada ley 8850, también encuentre tratamiento en las primeras sesiones de este año 2025", concluyó Viña.