El consultor azucarero Arquímedes Carrizo desarrolló cuál, a su criterio, es el segundo proceso que se deja de lado a la hora de analizar los problemas del sector sucroalcoholero en Tucumán, en lo que va del siglo. “El paradigma económico que instauró el Gobierno en 2008 funcionó hasta 2023. Desde el año pasado, el nuevo Gobierno avanzó positivamente en varios cambios en políticas macroeconómicas; pero aún quedan bastantes normas distorsivas que afectan a los sectores que estamos considerando”, afirmó.

Dijo que a partir de 2008, el Gobierno implementó un conjunto de políticas macroeconómicas heterodoxas en materia fiscal, cambiaria, monetarias y regulatoria, con las cuales edifican un paradigma económico heterodoxo. “Este aumentó la presión fiscal en los tres niveles del Estado, impuso regulaciones cambiarias -que atrasaron el valor de la divisa- y sectoriales no racionales. Este contexto afectó a las producciones comercializables internacionalmente provocando una caída en los ingresos netos de los productores en sus ventas externas y domésticas; un aumento en sus costos -traducidos en dólares-, afectando su competitividad en el mercado mundial, y una distorsión en los precios relativos de la economía que afectaba los costos, la inversión y el empleo”, remarcó. Y precisó que estas políticas afectaron más las producciones con mayor valor agregado local y a las economías regionales.

“La política cambiaria fijaba para el dólar oficial un precio inferior al de mercado, permitiendo transferencias monumentales de recursos entre diferentes sectores de la economía, provincias, y regiones. El funcionario del Gobierno nacional que determinaba el precio del dólar oficial (el cual actuaba como un emperador romano) tenía la potestad de destruir sectores productivos eficientes y de impulsar otras ineficientes, y de facilitar prácticas corruptas”, dijo.

Agregó que el atraso cambiario se constituía, en los hechos, en un impuesto, que instituía la Nación, sin intervención del Congreso, permitiendo injustas transferencias de ingreso, corrupción, paralización de las inversiones y una reducción de la actividad económica en general. “La presión fiscal formal creció en moneda constante en los tres niveles del Estado (en Tucumán pasó de un 3,29% a un 6,87% del Producto Bruto entre 2003 y 2024), ubicando a Argentina dentro del grupo de países con mayor presión impositiva del planeta, según el Banco Mundial”, señaló.

Dijo que este modelo distorsionó los precios relativos de la economía, generando múltiples inconvenientes, afectando la competitividad, la inversión y el empleo de los sectores más eficientes del país. “En paralelo a la instauración del paradigma económico heterodoxo se construyó y se consolidó un sistema de intercambio desigual entre las provincias”, indicó.

Para realizar este análisis agrupó a las provincias en regiones: el Centro (Capital Federal, Buenos Aires y las provincias Patagónicas, con 23,3 millones de personas) y la Periferia (el resto, 22,7 millones de personas).

“El PBI per cápita del Centro comparado con el de la Periferia, para el primer semestre de 2024, fue un 161,13% mayor -si se compara solo con Tucumán fue un 325,76% superior-”, cuestionó.

Agregó que entre 2008 y 2024 el Centro recibió alimentos, servicios de energía, comunicaciones, combustibles, agua y cloacas, y transporte a precios inferiores a los de mercado: “Subsidiados por todos”.

A la vez, dijo que entre 2008 y 2023, la Periferia recibió subsidios para el consumo de energía, comunicaciones, combustibles, agua y cloacas y transporte en un nivel muy inferior a las que gozó el Centro, y vendió y vende a todo el país sus producciones a precios inferiores a los de mercado, generando fuertes e injustas transferencias de sus ingresos. “Este paradigma económico heterodoxo y el sistema de intercambio desigual heredado, está ‘vivito y coleando’, porque no se han eliminado gran parte de las normas o políticas que lo sostienen, en los tres niveles del Estado”, criticó.

Destacó que el actual Gobierno nacional redujo los subsidios en bienes y servicios para el Centro, eliminó derechos de exportación para economías regionales, redujo el impuesto inflacionario y PAIS, entre otros, y explicitó que continuará trabajando en eliminar el cepo, reduciendo impuestos, y concretando cambios regulatorios en mercados laborales y de servicios. Pero no opinó lo mismo respecto del Gobierno provincial. “La provincia no se manifestó respecto de la acción a tomar para reducir la presión fiscal y el gasto público. La presión fiscal de Tucumán se duplicó entre 2003 y 2023, y el gasto público se triplicó, en moneda constante, en el mismo período”.

Resaltó que los mercados externos son muy favorables para producciones de commodities, y tienen proyecciones futuras muy positivas. “En los últimos años, los índices de términos de intercambio de bienes externos y de exportaciones que elabora la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) son mejores a las que tenía el país después de la Segunda Guerra Mundial y durante el primer gobierno de Perón”, dijo.

Consideró, finalmente, que Tucumán y el NOA podrían replicar el programa “Proalcool” de Brasil, sin ningún subsidio. “Pero eso exige que los Gobiernos nacional, provincial y municipales desmonten el paradigma económico heterodoxo antes descrito. La omisión de cambios necesarios puede llevar a la desaparición o a un fuerte achique de sectores productivos genuinamente competitivos”, advirtió.