El gobierno de Milei acaba de publicar un decreto que representa el fin del derecho de huelga en Argentina. Bajo la forma de una “reglamentación” de las actividades “esenciales” y otras “trascendentales”, la medida oficial cancela la posibilidad de la huelga bajo cualquier circunstancia. En la condición de servicio esencial, el decreto incluye a la energía, el petróleo y las telecomunicaciones, aviones, puertos y transporte por agua. La “esencialidad” abarca también a la educación preescolar, primaria y secundaria, así como al conjunto de los trabajadores de la salud. Para todas estas actividades, el decreto establece una prestación mínima del 75%, que equivale a la proscripción lisa y llana de cualquier huelga. Pero la norma “crea” también la categoría de “servicio trascendental”, donde la cobertura laboral de la actividad debe llegar al menos al 50% en caso de huelga. Aquí se encuentra el conjunto del transporte público, los bancos, la gran industria de “proceso continuo”, la industria alimentaria y toda industria afectada “a la exportación”, además de la gastronomía y el turismo. Es difícil encontrar cuál actividad no sería afectada. En un extremo, puede declararse como actividad “trascendental” a toda aquella que “pudiera afectar metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”. Con excepción del narcodelito, todas las demás actividades tributan impuestos. El decreto que acaba de lanzar Milei es un refrito del capítulo laboral incluido originalmente en el DNU 70, y que quedó suspendido por un fallo judicial. Ahora, forma parte del paquete de las iniciativas de “desregulación” que pilotea Sturzenegger.
Pedro Pablo Verasaluse
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