La difusión de audios atribuidos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, abrió una nueva crisis política que rápidamente escaló hacia el plano judicial. El presidente Javier Milei reaccionó con dureza y acusó a “un grupo de periodistas” de formar parte de una supuesta red de espionaje ilegal. Al mismo tiempo, la investigación avanzó con la intervención del fiscal Carlos Stornelli, quien habilitó la apertura de una causa, aunque dejó en claro que no se podrán allanar medios de comunicación ni obligar a revelar fuentes, en cumplimiento de la Constitución.

En sus redes sociales, el mandatario escribió: “a cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”. Y agregó: “estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”.

El libertario también citó al vicepresidente de La Libertad Avanza, Martín Menem, quien había apuntado contra la oposición. Para el diputado, la grabación es “ilegal” y su difusión constituye “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”. Y subrayó: “en primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”.

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Menem sostuvo además que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”. Al respecto, aclaró que los encuentros con Karina Milei se realizan periódicamente para “coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.

El caso en la Justicia

El fiscal federal Carlos Stornelli pidió la apertura de la causa, pero advirtió que la investigación no podrá vulnerar garantías constitucionales. “No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca (...), ello por mandato constitucional”, afirmó. También recordó que la inviolabilidad de los domicilios requiere orden judicial. La aclaración se dio después de que el abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, solicitara allanar el canal de streaming Carnaval -que difundió los audios de Diego Spagnuolo y de Karina Milei- y las casas de periodistas vinculados al medio.

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El Gobierno sostiene que se trata de una operación mayor que involucraría a la oposición y que incluiría chantajes a funcionarios. Para Stornelli, las grabaciones habrían alcanzado a altos cargos bajo jurisdicción federal y fueron difundidas de manera dolosa, lo que refuerza la hipótesis de una maniobra ilegal.

“La fuente clandestina”

En un video que publicó en sus redes sociales, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, vinculó al kirchnerismo a la filtración de los audios, que habrían sido grabados “en la Casa Rosada y en la Cámara de Diputados”. “Estamos ante una de las operaciones de espionaje ilegal más importantes de la historia”, aseguró, y calificó la maniobra como “un misil político en plena campaña electoral”.

En esa línea, sostuvo que la filtración fue un “ataque directo a la democracia argentina”, desarrollado “en todas sus etapas”. Y precisó: “digna de una organización política con fines claros: volver a la Argentina que estamos dejando atrás”.

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Bullrich, además, comparó el episodio con el caso de Santiago Maldonado en 2017: “a dos meses de una elección nos inventaron un muerto”. Y recordó: “pasamos 82 días bajo una de las mentiras más brutales que se recuerden en democracia. Inventaron audios, testigos, una historia entera para destruir al Gobierno. Sin chequear nada. En esos días, mancharon el honor de la Gendarmería, acusaron a inocentes y hasta persiguieron a sus hijos en las escuelas”.

Por otro lado, arremetió contra los periodistas que publicaron los audios, contra quienes pidió allanamientos, y lanzó: “los que difunden material ilegal no están informando, están operando, desinformando. Saben que la fuente es clandestina y que los audios están manipulados y que el momento electoral no es casual. Esa conducta es real malicia, es elegir deliberadamente dañar, desestabilizar y manipular la opinión pública”.

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Según consignó el diario Perfil con fuentes consultadas de la SIDE, el Gobierno evalúa pedir ayuda a Israel para prevenir futuros casos de espionaje: “Hay mucha bronca con (Sergio) Neiffert por la inacción que mostraron en este caso, y por eso Milei quiere pedirle ayuda al servicio de Inteligencia de Israel, básicamente para que les enseñe a los de la SIDE cómo prevenir este tipo de situaciones y que no los sigan grabando. Primero Spagnuolo, después Karina, y no sabemos cómo sigue...”

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En un comunicado oficial, la delegación diplomática fue contundente: “Rechazamos categóricamente estas acusaciones, considerándolas infundadas y falsas. El deseo de ver ‘espías rusos’ en cada esquina es irracional y destructivo”. El texto difundido por la embajada advirtió que el gobierno libertario no presentó ninguna prueba que vincule a Rusia con escuchas clandestinas. En la misma línea, lamentaron que en medio de un nuevo escándalo político interno “nuestro país vuelva a ser mencionado de forma negativa”