La Cámara de Diputados inició el tratamiento del Presupuesto 2026 en un contexto de alta tensión entre el oficialismo y la oposición. Mientras el gobierno de Javier Milei busca defender sus proyecciones económicas y destacar el respaldo financiero de Estados Unidos (EEUU), los bloques opositores anticiparon que exigirán un mayor compromiso en áreas sensibles como educación, salud, discapacidad y obras públicas.

El debate comenzó a las 13, convocado por el presidente de la comisión de Presupuesto, el cuestionado José Luis Espert, con el objetivo de dar inicio formal a la discusión sobre la ley de ingresos y gastos del próximo año y definir la metodología de trabajo legislativo.

Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica y Democracia para Siempre ya adelantaron que reclamarán la implementación de la Emergencia en Discapacidad, la restitución de fondos para el sistema educativo, garantías para el financiamiento del hospital Garrahan y recursos destinados a obras de infraestructura consideradas estratégicas.

En paralelo, la oposición volverá a poner el foco sobre el endeudamiento externo. Legisladores de distintos bloques insisten en que cualquier compromiso financiero futuro debe contar con la aprobación del Congreso. Esta postura cobra mayor relevancia tras el anuncio del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó que se están negociando con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) una línea swap por U$S20.000 millones. Al tratarse de una operación atribuida al BCRA, desde el oficialismo sostienen que no requiere intervención legislativa, consignó el diario "Ámbito".

Sin embargo, la oposición busca avanzar con herramientas legales para limitar ese tipo de acuerdos. A través de una resolución impulsada por Unión por la Patria y un proyecto de ley presentado por Marcela Pagano (Desarrollo y Coherencia), junto a Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal), se plantea la necesidad de fortalecer el control del Congreso en materia de deuda externa.

El texto respaldado por Máximo Kirchner y otros legisladores destaca que el artículo 75 de la Constitución Nacional establece que la toma de deuda, los acuerdos internacionales y su gestión son atribuciones exclusivas del Poder Legislativo. Por eso, exigen que toda negociación alcanzada con el Departamento del Tesoro o el gobierno estadounidense sea remitida al Congreso con la documentación completa, incluyendo los compromisos que eventualmente asuma el país para acceder al financiamiento.

Además del proyecto de resolución, los mismos legisladores impulsan una modificación a la Ley 27.612 -conocida como "Ley Guzmán"- para extender su alcance. La normativa actual exige la aprobación parlamentaria de acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, y la propuesta busca que ese requisito se aplique también a cualquier organismo financiero internacional, Estado extranjero, agencia pública o privada bajo jurisdicción externa. La iniciativa incluye una lista amplia de instrumentos: acuerdos stand-by, swaps, repos, derivados financieros, préstamos bilaterales y bonos soberanos, entre otros, que impliquen endeudamiento o riesgo crediticio para el Estado argentino.