El cruce de notas sumó un tercer capítulo. La Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) calificó de “malintencionadas las imputaciones” de la Capital respecto a una supuesta “conducta extorsiva”. Además, exigió soluciones de fondo a la crisis del sector.

“Su misiva no ofrece ninguna medida de fondo. Con su inacción, el gobierno municipal favorece el ‘empobrecimiento y quebranto’ que venimos denunciando, originado en la falta de políticas del municipio”, indicó Aetat en un escrito firmado este lunes por Jorge Berretta (vicepresidente) y por César Atim (secretario), y dirigido al fiscal municipal Conrado Mosqueira.

La entidad había formalizado un primer pedido para implementar un sistema de “boleto por kilómetro”. Mosqueira rechazó el contenido de la nota, consideró abstracto el planteo y requirió más detalles sobre el modelo. Ahora, en el nuevo texto, los empresarios adelantaron que elaborarán la propuesta, que ya se aplica en otros distritos.

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En la primera parte de la nota, Aetat rechazó “las falsas y malintencionadas” acusaciones. “Faltando gravemente a la verdad, nos imputa haber ‘intimado a proveer un subsidio de $2.000 millones bajo ‘amenaza de paro inmediato’. Tal afirmación es absolutamente falaz y temeraria. La gravísima imputación de una ‘conducta extorsiva’, sumada a la amenaza de promover acciones penales, constituye una clara demostración de mala fe por parte de ese Municipio”, dijeron.

Cinco puntos

En línea con la contestación de la Fiscalía Municipal, las empresas marcaron cinco puntos.

1) Los empresarios señalaron que la tarifa debe ser fijada por los ediles, pero advirtieron que es responsabilidad del Ejecutivo municipal “garantizar la continuidad” de los servicios. “El 29 de agosto manifestamos que no pedíamos tarifa, pues no se puede seguir ahogando al vecino con aumentos. Nuestra solicitud de ‘contraprestación por kilómetro recorrido’ apunta precisamente a lo contrario: sincerar los costos y permitir al Municipio subsidiar la totalidad de la demanda que desee (BEM, jubilados, etc.) sin desfinanciar a las prestadoras”, insistieron los empresarios.

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2) En cuanto al transporte ilegal, negaron que exista “un control eficaz”. “El municipio admite el fracaso (...) y justifica el auge de la ilegalidad en su propia ineficiencia”, reprocharon.

3) Aetat ratificó que el municipio utiliza políticamente el boleto gratuito. Y afirmó que la comparación con la gestión provincial “es improcedente, por tratarse de otro poder concedente”.

4) Respecto a la SUBE, indicaron que estas medidas “deben analizarse integralmente”. “Si perjudica a la prestadora, consecuentemente perjudica al usuario”, apuntaron los empresarios.

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5) Sobre la “precariedad jurídica”, señalaron que es “de absoluta seriedad”. Según dijeron, esta situación, sumada “a la inacción” del municipio, genera “la situación crítica de las escasas empresas que, pese a todo, ‘se arriesgaron’ a comprar ómnibus que hoy no pueden afrontar”. Además, respecto a la nota con el pedido de reunión al secretario de Transporte de la Provincia, Vicente Nicastro, añadieron que el gobierno de Osvaldo Jaldo “se está ocupando” de la crisis del ámbito provincial. “De las empresas municipales debería ser la señora intendente (Rossana Chahla) quien resuelva los conflictos de su propia jurisdicción. Instamos a que asuma las responsabilidades que le competen”, cerraron.