Con el zumbido constante de una notificación o el sonido de una llamada entrante, la vida puede cambiar en un segundo. Conducir con el teléfono en la mano no es un acto inocuo ni una simple falta de atención: es una conducta que multiplica el riesgo de siniestros y, en la práctica, pone precio a la vida humana. Las estadísticas oficiales muestran que la inseguridad vial sigue cobrando miles de víctimas cada año en la Argentina; el teléfono móvil se instaló como el principal factor de distracción. Basta observar el tránsito: conductores hablando con el celular en la mano, o mandando mensajes de audio, o leyendo o enviando mensajes de texto. Es algo que se normalizó.

En 2024 se registraron más de cuatro mil muertes por siniestros viales en el país, una cifra que obliga a abandonar la liviandad con la que algunos tratan la regla elemental de no manipular el celular al volante ya que esta es una de las principales causas. Basta una fracción de segundo para desviar la trayectoria de una vida.

La ley nacional prohíbe la utilización del celular mientras se usa y puede implicar, además de multas, la suspensión de la licencia cuando la falta es grave. En la práctica, las jurisdicciones han endurecido las sanciones. Pero la acción punitiva por sí sola no alcanza. Los especialistas en seguridad vial insisten en que la combinación de legislación, fiscalización y campañas sostenidas es la única vía que mostró resultados en países con menores tasas de mortalidad. Las organizaciones civiles que trabajan en prevención sostienen que las campañas de prevención cumplen una función ética y pedagógica.

La educación vial temprana debe ser una prioridad pública. Incluir formación práctica y valores cívicos desde la escuela primaria no es una opción: es una inversión directa en vidas futuras. No alcanza con explicar normas; hay que incorporar hábitos que se internalicen antes de que el joven tome el volante por primera vez.

La evidencia científica muestra que cualquier operación con el teléfono -leer un mensaje, marcar un número o mirar una notificación- incrementa la probabilidad de un choque.

Los expertos del sector público y de las ONG piden medidas concretas: mayor fiscalización automatizada, programas de intervención para infractores reincidentes, y campañas sostenidas en medios y redes. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y organizaciones como Luchemos por la Vida han repetido la misma idea: reducir la distracción tecnológica es una prioridad que requiere herramientas técnicas, comunicación clara y controles eficaces. Cuando la autoridad pública y la sociedad civil coinciden, la política pública puede ser eficaz. Pero la tecnología no reemplaza la responsabilidad individual: el conductor decide, en cada maniobra, si prioriza la comunicación instantánea o la seguridad de todos.

La sanción económica y administrativa es legítima y necesaria, pero debe combinarse con políticas coherentes: campañas en escuelas, formación obligatoria en la emisión y renovación de licencias, y protocolos claros en empresas que expongan a sus empleados a la conducción. El objetivo no puede ser sólo recaudar multas, sino reducir víctimas.

La responsabilidad última recae en cada conductor. Si queremos calles y rutas menos trágicas, debemos cambiar hábitos: guardar el teléfono, activar modos de silencio, planificar las rutas y, sobre todo, transmitir a los más jóvenes que la inmediatez digital no puede valer más que la vida.