Durante la primera audiencia del juicio oral y público por la "Causa Cuadernos", que tiene bajo su responsabilidad el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7). se leyeron los primeros 40 hechos de cohecho pasivo (recepción de coimas) atribuidos a Cristina Fernández de Kirchner. Por delante, resta la lectura de otras 164 coimas que integran la acusación de la exmandataria junto a la mayor responsabilidad penal: la de haber sido jefa de una asociación ilícita.

Es en el marco del expediente 13816/2018 donde se detallan el mayor listado de sobornos que -según se determinó en la etapa de instrucción-, percibió por interpósita persona Cristina Kirchner. El requerimiento de elevación a juicio de este tramo, consta de 420 páginas y cuenta con diez arrepentidos.

La causa se formó el 22 de agosto de 2018 como un desprendimiento del expediente principal, cuyo requerimiento de elevación a juicio comenzó a leerse el jueves pasado. Sostiene la acusación: “tras reunirse elementos que sustentaran que la asociación ilícita también había operado en los rubros específicos de obra pública civil, energía y transporte”, para profundizar la investigación se creó este expediente centrado en la obra pública civil.

Los aportes de los imputados colaboradores permitieron reconstruir el mecanismo de corrupción que funcionaba utilizando a las empresas nucleadas en la Cámara de la Construcción y que fue “implementado principalmente por funcionarios públicos del gobierno argentino, en ese sector”.

Se determinó que se abonaron anticipos financieros a representantes estatales, a través de Ernesto Clarens, extrayendo un porcentaje del valor ofertado por la obra -generalmente, entre un 3% y un 20%- o montos más concretos y relacionados con certificados de obra. / Así lo explicaron ante el fiscal Carlos Stornelli y el fallecido juez, Claudio Bonadio, el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción Carlos Wagner, y el propio Clarens.

De los 51 imputados en este tramo con Fernández de Kirchner a la cabeza de la organización señalada como jefa de la asociación ilícita que se dedicada al cobro de fondos ilegales, sólo seis son ex funcionarios, los restantes 45 son empresarios.

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Entre los más relevantes apuntados como responsables de haber pagado sobornos que terminaron direccionados a la ex mandataria, se encuentran Gerardo Ferreyra (2 coimas), Cristóbal López (6), Fabián y Osvaldo De Sousa (6), Carlos Wagner (7), José, Gerardo y María Rosa Cartellone (10), Hugo Alberto Dragonetti (22), Juan Chediack (5), Aldo Benito Roggio (11), Mario Rovella (12), Ángelo Calcaterra (4), Javier Sánchez Caballero (4).

Imputados colaboradores

Un dato no menor: diez de los empresarios se convirtieron en imputados colaboradores, entre ellos el primo de Mauricio Macri, Juan Chediack, Roggio, Wagner, entre otros.

Todos ellos, según determinó la justicia federal, fueron responsables de pagar las coimas alrededor de la obra pública civil. Al describir cómo funcionaba el sistema, Carlos Wagner afirmó que “la obra pública iba a ser uno de los métodos de recaudación de dinero para los gastos políticos. A modo de ejemplo, llamada una licitación los interesados compraban los pliegos y se reunían en distintos lugares para determinar al ganador de la licitación”.

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Una vez finalizada la lectura de los requerimientos de elevación a juicio -que podría extenderse durante todo noviembre-, se abrirá formalmente el debate oral.

En ese momento, los defensores y querellantes podrán plantear cuestiones preliminares, como nulidades o asuntos que consideren deben resolverse antes de avanzar.