El escándalo generado en la Unidad Regional Norte, donde policías y reclusos trabajaban en arreglos en una propiedad de un comisario, ha generado un fuerte sacudón en la institución. El gobernador ha ordenado investigar hasta el fondo y se está viendo si hay otros efectivos policiales implicados, además del jefe y del subjefe de la Unidad, que fueron dados de baja.

Las situaciones descubiertas, al cabo de una denuncia -que incluía un video de prueba- son una serie de gravísimas irregularidades en el servicio de seguridad. Cuatro presos, que deberían estar en la cárcel, estaban alojados en calabozos de la URN y de Chuscha, y eran mantenidos en un área no carcelaria durante la semana y llevados a las celdas los fines de semana.

Cuando el personal de la Fiscalía de Estado y agentes de la custodia del Gobernador fueron a corroborar la denuncia de que se estaban haciendo los arreglos en la casa del policía en El Cadillal, encontraron a dos efectivos policiales y a dos condenados por abuso sexual realizando tareas de albañilería, Todos habían  sido llevados allí en un vehículo policial.  

El juez de ejecución, Gonzalo Ortega, al enterarse de que los presos estaban en esa situación totalmente irregular, ordenó su inmediato traslado al penal de Benjamín Paz. Los reos no pueden ser llevados de un lado a otro sin autorización del magistrado de quien dependen.

Los efectivos detenidos van a ser acusados de peculado y quienes hayan sabido de esta situación irregular y no la hayan denunciado podrían ser acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El mandatario ordenó una investigación profunda y pidió informes a los responsables de áreas. El escándalo llega en momentos en que los responsables de seguridad de la provincia se jactan de que se ha logrado disminuir la conflictividad violenta a niveles muy bajos, tanto en lo que hace a cifras de homicidios como de robos y asaltos, si bien en lo que hace a violencia de género los datos son preocupantes. La circunstancia del Cadillal obliga a revisar sustancialmente la forma en que se controla la tarea del personal jerárquico y de sus subalternos. Cada vez que hubo escándalos de corrupción -uno de los más sonados fue el de los “sacapresos” de la ex Brigada de Investigaciones en 2012, en el que, según la investigación, detenidos eran liberados para cometer robos- se mencionó la necesidad de poner Asuntos Internos en la Fuerza de Seguridad. Incluso un presidente de la Corte, tiempo atrás, propuso que se instalara esta área de control como parte importante de la estructura policial.

El gobernador ha ordenado medidas de impacto para investigar a fondo. Sería importante que, además, se estudie la forma de acentuar los controles en la fuerza de seguridad, de la que depende el bienestar de la sociedad y a la que se le debe exigir eficiencia, honestidad y transparencia en su accionar.