La disputa por la conducción de la Unión Cívica Radical (UCR) de Tucumán avanza en los tribunales. Y la polémica por la intervención del centenario partido en estas tierras podría pasar al ámbito de la Cámara Electoral Nacional (CEN).

El legislador Agustín Romano Norri interpuso un recurso de apelación contra la sentencia dictada días atrás por la jueza federal María Servini, quien había rechazado la demanda que objeta la intervención dispuesta el 11 de marzo pasado por la mesa directiva del Comité Nacional de la UCR. Según Romano Norri, la medida -que derivó en la designación como interventores de Hernán Abel Rossi y Jorge Raúl Rizzotti- debe ser dejada sin efecto por el tribunal con competencia electoral ya que adolece de un vicio de incompetencia orgánica insubsanable”. En síntesis, el legislador sostiene que la resolución partidaria “fue dispuesta por un órgano que no ostenta en la Carta Orgánica la facultad de intervenir los organismos de distrito, y no se ha acreditado una ratificación válida, expresa y tempestiva por parte del órgano soberano estatutariamente competente”, aseveró el opositor.

Este litigio se desarrolla en momentos de reordenamiento interno en la UCR de Tucumán, luego de elecciones de medio término en las que el referente partidario, Roberto Sánchez, no logró renovar la banca como cabeza de lista “Unidos por Tucumán”.

En simultáneo, otros “correligionarios” se aceraron a La Libertad Avanza (LLA), que si bien quedó a 15 puntos del peronismo, logró repartir escaños con la lista que encabezó el gobernador Osvaldo Jaldo.

Uno de ellos es Mariano Campero, colega de Sánchez en la Cámara baja y nuevo miembro del bloque libertario en Diputados.

Precisamente Campero y Romano Norri aunaron esfuerzos en apoyo al principal candidato opositor en Alberdi, Luis María Díaz Augier, quien fue derrotado por el oficialista Bruno Romano.

El interrogante es si a partir de esta experiencia, el ex intendente de Yerba Buena y el legislador de la Capital terminan consolidando un espacio que dispute la conducción del radicalismo con Sánchez y con otros referentes, como los legisladores José Manuel Cano y Silvia Elías de Pérez.

En medio de estas tensiones, a su vez, el intendente radical de Concepción, Alejandro Molinuevo, estuvo en reuniones con el presidente de LLA en Tucumán, Lisandro Catalán. Y aunque se habló sólo de trabajar en conjunto, se abrió el interrogante los acuerdos que puedan cerrarse entre Catalán y Molinuevo.

En este escenario, sigue la discusión por la normalización de la UCR. En el ámbito judicial, un expediente clave es el que impulsa Romano Norri, quien objeta los términos y la legitimidad de lo resuelto respecto al partido en Tucumán. “Habiéndose analizado la competencia del órgano que dispuso la intervención y siendo que los fundamentos esgrimidos en el acta respectiva no resultan irrazonables ni se verifica la ilegalidad de la medida adoptada por la Mesa Directiva del Comité Nacional, corresponde rechazar la demanda”, indicó la magistrada.

El legislador radical apeló el fallo y busca que sea la Cámara Electoral Nacional quien resuelva la controversia sobre la conducción de la UCR-Tucumán.

Entre otros puntos, remarcó que el proceso para la celebración de las elecciones partidarias “solo fue cuestionado por un reducido grupo de afiliados, quienes promovieron una acción judicial solicitando la nulidad de la convocatoria y de los comicios”. Así, Romano Norri cuestionó la sentencia de Servini. Y en caso de que no prospere el recurso de apelación, anticipó que llevará la cuestión a la Corte Suprema de la Nación.