El gobierno de Javier Milei mantiene su objetivo de asegurar un crédito privado de hasta U$S5.000 millones a través de una operación de repo, tras el fracaso de negociaciones previas con bancos de Wall Street, Estados Unidos (EEUU). 

Esta nueva estrategia surge como respuesta a la caída de las expectativas iniciales de obtener un préstamo mucho más grande, por U$S20.000 millones, que se desmoronó la semana pasada debido a desacuerdos sobre las garantías requeridas.

Fuentes cercanas a las negociaciones confirmaron que ahora el enfoque está en resolver los desafíos estructurales asociados con este tipo de operación de corto plazo, con especial énfasis en la creación de una ingeniería de garantías que permita minimizar los riesgos sin afectar la liquidez inmediata del Tesoro estadounidense, consignó el diario "Ámbito".

La situación actual se ve como el desenlace de una serie de publicaciones anticipatorias realizadas por este medio la semana pasada, que detallaban cómo grandes bancos internacionales, como J.P. Morgan, Citigroup y Goldman Sachs, condicionaban su participación a la aprobación de un "backstop" por parte del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. La negativa de Washington a asumir las garantías soberanas, debido a la necesidad de aprobación del Congreso y a las fricciones con el FMI, llevó a una reducción significativa del monto inicial del préstamo, ajustándose a una cifra mucho menor.

Esta coyuntura también refleja no solo la aversión al riesgo de los prestamistas privados, sino las presiones internas dentro de Estados Unidos, como las críticas de figuras políticas que cuestionaron el nivel de opacidad de las negociaciones.

Un giro en las garantías

La propuesta ahora en discusión, que abandona la especulación sobre el uso de activos del System Open Market Account (SOMA) de la Reserva Federal como colateral, ha sido forzada por la retirada de la FED de este esquema, tras un intenso debate interno en su Consejo de Gobernadores. Esta salida implica un cambio significativo en la estructura de garantías, obligando a los negociadores argentinos a ajustar el marco de protección, priorizando mecanismos que internalicen el riesgo en el sector privado.

Mientras tanto, los estudios jurídicos internacionales, como Allen & Overy y Shearman & Sterling, están trabajando en la elaboración de una "ingeniería de garantías" para encontrar soluciones que satisfagan las exigencias de los prestamistas sin violar las regulaciones del FMI ni de la FED. Estas firmas están encargadas de crear un esquema legal que permita cubrir hasta el 50% del préstamo en caso de default, utilizando colaterales híbridos que puedan atraer a los bancos sin comprometer las finanzas públicas.

Con el objetivo de reforzar las reservas netas, que actualmente se encuentran en niveles críticos, el Gobierno nacional apuesta a esta operación de repo como una vía para estabilizar el mercado cambiario antes de los vencimientos de deuda próximos. Sin embargo, este esquema también se enfrenta a nuevos desafíos, como la escasez de divisas, que podría dificultar las emisiones necesarias para respaldar la operación.

La necesidad de contar con al menos U$S4.300 millones para afrontar vencimientos de deuda en enero de 2026 sigue siendo un desafío central, ya que de no lograrse este financiamiento, la prima de riesgo podría dispararse aún más, lo que dificultaría el acceso a mercados y desestabilizaría el tipo de cambio.

El éxito de la operación repo está estrechamente vinculado a la aprobación del FMI, cuyo apoyo es clave para que el flujo de crédito privado no interfiera con la deuda externa, que asciende a más de U$S60.000 millones. En este contexto, el Gobierno busca asegurar que cualquier operación financiera adicional no desajuste los acuerdos con el Fondo, que podrían reavivar tensiones y poner en riesgo la estabilidad económica.