El presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, puso el foco en la necesidad urgente de cubrir los cargos vacantes en la justicia, una situación que, según las autoridades, perjudica a los ciudadanos y afecta la imagen del sistema. En la cena anual de la Asociación de Magistrados, también defendió el rol del Consejo de la Magistratura frente a cuestionamientos y posibles reformas en el sistema de selección de jueces.

Ante magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional, el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, identificó la “preocupación” y “demanda fundamental” en el Poder Judicial como “la cobertura de vacantes”. El reclamo fue compartido por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, quien momentos antes había admitido que “compartía la preocupación por la cobertura de vacantes” pero atribuyó las demoras al Congreso Nacional, señalando que fue “una máquina de impedir no nos permitió avanzar”. El ministro también se quejó porque “el sistema de designación, pese el esfuerzo, es lento, problemático y polémico”.

En respuesta, Rosatti defendió al organismo que selecciona a los jueces y afirmó que están haciendo “el esfuerzo necesario” para agilizar los procesos. Sostuvo que los otros dos sistemas posibles, la elección a dedo por parte del Ejecutivo o la elección popular, “chocan contra la Constitución Nacional”. Destacó que solo conoce “tres sistemas nada más de promoción para la designación de jueces”. 

Además del Consejo de la Magistratura, mencionó el sistema electoral (“El juez elegido como un diputado o como un senador o como un presidente o como un gobernador”) y el sistema anterior a la reforma del '94, donde el Presidente escogía a alguien sin que hubiera “concursos previos, no había control social, no había criterios de idoneidad, no había compulsas públicas… Hoy sí las hay”.

El presidente de la Corte Suprema advirtió que reformar el sistema actual para implementar cualquiera de los otros dos mecanismos implicaría un proceso complejo que requeriría “reformar a la Constitución con todo lo que esto significa: dos tercios de cada cámara, una ley que establezca la necesidad de la reforma y después una convención constituyente”. Rosatti también señaló que muchas veces “el Consejo de la Magistratura tiene mala prensa” pero resaltó los esfuerzos recientes por parte de sus integrantes.

Para el próximo año, el Consejo de la Magistratura, presidido también por Rosatti, se enfoca en “agilizar el trámite de los concursos y reforzar las capacitaciones de magistrados” para un trabajo interdisciplinario y especializado en causas complejas, no solo en narcotráfico y lavado de activos, sino también en “pornografía infantil”. 

Rosatti también puso en valor que el organismo avanzó con el enjuiciamiento a magistrados, algo que no sucedía hace mucho tiempo. Afirmó que “el propio Consejo de la Magistratura es el que está poniendo el foco, como nunca antes lo había hecho, por lo menos en cantidad, para el análisis de la conducta de aquellos jueces que en minoría son los que permiten generar una sospecha sobre la mayoría”. Y añadió: “fueron los jueces que integra el Consejo los que, deseosos de separar los magistrados que pueden ser reprobados de los otros, se sumaron para que no haya ningún tipo de garantía de inmunidad”.

La crisis por la falta de cobertura de cargos es un problema extendido que “ha alcanzado cifras inéditas” y que “perjudica directamente a los Justiciables y afecta la imagen del sistema judicial”, como lo señaló Andrés Basso, presidente de la Asociación de Magistrados, sumándose al reclamo. En el caso de la Justicia Federal en provincias como Tucumán, la situación es crítica, con numerosos cargos vacantes en juzgados y tribunales orales federales.

“Yo aspiro -afirmó Rosatti- a que dentro de unos años se pueda reconocer en la labor actual de los magistrados, de los fiscales, de los defensores, lo que se está haciendo en materia de combate a los delitos de corrupción y de narcotráfico”. Y sentenció: “Entonces podremos decir que, desde el Poder Judicial, así como en su momento ayudó de una forma extraordinaria a consolidar el sistema democrático, nosotros habremos puesto nuestro esfuerzo para mejorar la calidad de nuestra democracia. Estoy convencido de que esto va a ocurrir”.

El ministro Cúneo Libarona, además de aludir a los esfuerzos por la cobertura de vacantes, defendió los principios de “austeridad” y “respeto del déficit fiscal” del presidente Javier Milei. Basso, por su parte, había alertado sobre factores “que buscan debilitar la independencia judicial” a través de cuestionamientos a la designación e inamovilidad de los magistrados.

La situación en Tucumán

La situación que denunció Rosatti se replica con crudeza en el interior del país, y la Justicia Federal en Tucumán es un claro ejemplo. La provincia, un nodo clave en el NOA para causas sensibles como el narcotráfico, opera con un sistema judicial federal gravemente afectado por la falta de magistrados titulares.

En la actualidad, varios cargos cruciales se encuentran vacantes y en distintos tramos de un lento proceso de selección. El Juzgado Federal N° 1 de Tucumán, clave por ser el encargado de las elecciones nacionales en la provincia, está vacante desde fines de 2020 y su concurso (N° 462) tuvo recientemente la aprobación de su terna de candidatos por parte del Consejo de la Magistratura. 

Por su parte, el Juzgado Federal N° 2 de Tucumán está en medio de su concurso (N° 499), que ya tiene un orden de mérito provisional, aunque todavía restan instancias de impugnación y entrevistas personales antes de la decisión final del Poder Ejecutivo. El Juzgado Federal N° 3 está cubierto, pero aún no entró en funciones.

A esta situación se suma la de los tribunales orales federales: el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán tiene tres cargos vacantes, al igual que el cargo de Fiscal General ante este mismo tribunal. También están vacantes las fiscalías federales 1 y 2, actualmente cubiertas con subrogantes