Los nombramientos en oficinas estatales dependientes del Poder Ejecutivo (PE) se mantendrán congelados a partir del 1 de enero de 2026. El gobernador Osvaldo Jaldo dispuso vía Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) la prohibición de nuevas designaciones de personal y contrataciones bajo relación de empleo público, tanto en organismos centralizados como en entes autárquicos y descentralizados.
La determinación se tomó en el marco de la prórroga de la emergencia económica y social (Ley N° 9.945). Mediante el DNU Nº 1.113 (MEyP), del 23 de diciembre, el mandatario dispuso una serie de restricciones administrativas y financieras que regirán por dos años en la provincia, con la posibilidad de ser prorrogadas, según lo establece el propio texto legal remitido a la Legislatura el 29 de diciembre.
Las restricciones alcanzan a todos los organismos dependientes del PE, incluso a aquellos que, pese a contar con autonomía financiera, requieran aportes del Estado para el pago de haberes o gastos de funcionamiento. “Las disposiciones revisten carácter transitorio, excepcional y proporcionado a la situación de emergencia”, señala el texto que se firmó con acuerdo del gabinete de ministros. Se justificó la necesidad de “contener el gasto público, optimizar el uso de los recursos humanos existentes y alinear los compromisos de gasto a la efectiva disponibilidad de recursos”.
Casos excepcionales
“Se establece la abstención de efectuar nuevas designaciones de personal, en cualquier condición de revista, y de celebrar contrataciones bajo relación de empleo público, previéndose excepciones, siempre que resulten estrictamente necesarias para la continuidad de funciones esenciales”, se advierte en los fundamentos del DNU. En el instrumento se indica que se podrá solicitar la incorporación de personal al PE a través del Ministerio de Economía y Producción que conduce Daniel Abad, siempre y cuando existan razones debidamente fundadas que la justifiquen.
El texto aclara, de todos modos, que “quedan exceptuadas las renovaciones de contratos vigentes y las designaciones a término del personal que se encontrare prestando servicios a la fecha, siempre que resulten estrictamente necesarias para la continuidad de funciones esenciales”.
Mejoras de haberes, sólo con autorización
Por otra parte, el instrumento señala que se permitirá la afectación transitoria de servicios. Es decir, que los organismos podrán disponer que agentes estatales sean reasignados a otras áreas del Estado “sin alteración del cargo, nivel escalafonario, remuneración ni beneficios”. Mediante esa medida se busca optimizar la utilización de los recursos humanos disponibles, según se argumenta.
En materia salarial, el DNU establece que toda mejora o incremento de haberes que implique la creación de nuevos conceptos remunerativos deberá contar con la autorización previa del Poder Ejecutivo. En caso contrario, los funcionarios que dispongan aumentos no autorizados serán personalmente responsables y deberán reintegrar los montos abonados de manera indebida. El texto prevé, además, sanciones disciplinarias y judiciales para los casos de incumplimiento.
En los considerandos, el decreto remarca que por el actual contexto económico y financiero, resulta imprescindible asegurar la administración responsable de los fondos públicos por parte del PE, en su carácter de órgano constitucionalmente encargado de la ejecución del presupuesto y de la conducción financiera del Estado. Se indicó que es preciso “garantizar el equilibrio fiscal, el pago íntegro y puntual de las remuneraciones del sector público y el cumplimiento de las obligaciones legales y contractuales de la Provincia”.
La norma, en su artículo séptimo, faculta al Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (conocido popularmente como “Subsidio de Salud”) a reasignar y disponer la totalidad de sus recursos, siempre que requiera asistencia financiera del Poder Ejecutivo, con el objetivo de “administrar de una manera más eficaz y eficiente el gasto que demande el cumplimiento de sus fines”.
Mientras que en el artículo 11 se invita a los poderes Legislativo y Judicial; el Tribunal de Cuentas de la Provincia; la Defensoría del Pueblo; los ministerios Público Fiscal y Ministerio Pupilar y de la Defensa; y las municipalidades a adherir a las disposiciones del DNU Nº 1.113.
Además de las firmas de Jaldo y de Abad, el documento fue rubricado por los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia), Susana Montaldo (Educación), Luis Medina Ruiz (Salud Pública), Federico Masso (Desarrollo Social), Darío Monteros (Interior), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), y de Marcelo Nazur (Obras, Infraestructura y Transporte Público). También estampó su firma Federico Nazur, Secretario General de la Gobernación.