En las vísperas del inicio de las sesiones extraordinarias, el proyecto de reforma laboral impulsado por el gobierno de Javier Milei enfrenta fuertes cuestionamientos de sectores productivos y la oposición. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) alzó la voz para criticar una “animosidad con el sector empresarial” en la redacción de la norma. Ricardo Diab, titular de la entidad, junto a representantes de la CAC y Adimra, presentó un documento al Senado solicitando modificaciones urgentes en cinco puntos clave, argumentando que, aunque acompañan la intención de modernizar el sistema, la propuesta actual genera incertidumbre jurídica, especialmente en el cálculo de indemnizaciones que derivan en “cifras absurdas”.
Uno de los ejes centrales del conflicto para las pymes radica en la desigualdad que plantea el artículo 128 del proyecto. Diab denunció que la iniciativa veta los aportes obligatorios para las asociaciones empresas, pero mantiene los beneficios financieros para los gremios. Asimismo, CAME cuestionó el artículo 126 por otorgar al Estado una potestad de homologación excesiva en convenios ya acordados entre partes, y el artículo 132, que permitiría al Ejecutivo suspender convenios colectivos bajo argumentos ambiguos de “interés general”, lo cual perturbó a la dirigencia pyme por la posible generación de nuevas controversias legales.