En medio de un clima de alta tensión política y social, el debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil en Argentina ha tomado un nuevo giro en el Congreso de la Nación. Tras la propuesta inicial del Gobierno nacional de reducir la edad de punibilidad a los 13 años, la falta de consenso con los bloques aliados y la resistencia de diversos sectores técnicos obligaron al oficialismo a retirar dicho proyecto para avanzar con una iniciativa que fija el límite en los 14 años. Sin embargo, para varios especialistas, esta modificación numérica no resuelve el problema de fondo. La Red de Juezas y Jueces Penales de la República Argentina ha manifestado su rotundo rechazo a esta tendencia, denunciando que la insistencia cíclica en disminuir la edad de imputabilidad lejos de ser una respuesta eficaz, representa el retorno de una lógica punitiva simplificadora que confunde la expansión del castigo con la producción de seguridad real.
Desde una perspectiva estrictamente jurídica y de política criminal, la Red sostiene que reducir la edad de punibilidad opera como un "efecto placebo", ya que genera una apariencia de acción estatal inmediata sin producir mejoras sustanciales en la seguridad pública. Los magistrados advierten que esta medida implica una operación simbólica de extrema gravedad: la negación de la niñez como una categoría jurídica relevante. Al introducir una lógica de responsabilidad individual sobre subjetividades que aún están en proceso de formación, se transforman conflictos sociales complejos en problemas exclusivamente penales, aplicando a los adolescentes penas diseñadas para adultos y omitiendo las especificidades estructurales de la etapa que atraviesan.
“El derecho penal moderno establece con claridad que no todos los sujetos están en la misma posición frente al poder punitivo del Estado. En este sentido, la infancia y la adolescencia no deben ser tratadas con un régimen diferenciado como un privilegio, sino como una exigencia técnica derivada de su menor autonomía psíquica y jurídica”, dijeron. La Red de Juezas y Jueces enfatiza que asimilar a los menores con adultos plenos ignora el ordenamiento jurídico nacional e internacional, el cual exige sistemas especializados cuyas finalidades sean la reinserción y la responsabilidad progresiva, y no la mera retribución penal o la "venganza social".
Un punto central en la argumentación de los jueces es que el endurecimiento de las penas no ha demostrado históricamente ser un factor de reducción del delito. Por el contrario, la Red señala que ante cada "crisis de seguridad" -muchas veces construida más desde lo narrativo que desde la evidencia empírica- se activa un reflejo político de mayor encierro y penalización temprana. Esta postura técnica destaca que la justicia penal juvenil debe orientarse inequívocamente hacia la garantía de segundas oportunidades y el fortalecimiento de trayectorias de vida compatibles con la convivencia democrática.
Es fundamental aclarar, según el pronunciamiento de la Red, que la edad mínima de responsabilidad penal actual no significa impunidad para los ilícitos cometidos por menores. En la actualidad, las provincias ya cuentan con abordajes jurisdiccionales para adolescentes no punibles. En distritos como Tucumán, Buenos Aires y Entre Ríos, existen procesos y medidas que incluyen la privación de la libertad en centros socioeducativos de régimen cerrado para casos de delitos graves. “Por lo tanto, el sistema ya ofrece respuestas ante el conflicto, lo que refuerza la idea de que bajar la edad es, en realidad, una renuncia del Estado a diseñar políticas públicas integrales”, dijeron. En ese sentido exhortaron a los legisladores a que cualquier reforma del Régimen Penal Juvenil se armonice con los estándares internacionales de derechos humanos y el corpus iuris del derecho de la niñez. Entre las recomendaciones técnicas más urgentes, la Red subraya la necesidad de incorporar un límite máximo a la pena de prisión y establecer mecanismos de revisión periódica para toda sanción privativa de la libertad. “No se trata de negar la responsabilidad de los jóvenes, sino de definirla en una clave distinta al castigo previsto para la adultez, priorizando la reinserción social”, remarcaron.
Finalmente, los jueces concluyeron en que más castigo temprano no se traduce en mayor seguridad para la ciudadanía. “El verdadero camino hacia una sociedad más segura radica en la garantía efectiva de los derechos económicos, sociales y culturales de los jóvenes. La seguridad real no se construye con más encierro para los sectores más vulnerables, sino con la presencia de un Estado que no claudique en su rol de protección y formación de las nuevas generaciones, evitando soluciones simplistas que solo profundizan la fractura social”, dijeron.
Este posicionamiento de la Red de Juezas y Jueces Penales busca aportar racionalidad a un debate que suele estar dominado por la urgencia política. Y advirtieron: la baja de la edad de punibilidad a los 14 años, aunque sea el nuevo consenso parlamentario, “sigue siendo una respuesta insuficiente y jurídicamente cuestionable si no se acompaña de una reforma estructural que priorice la prevención y la educación por sobre el castigo temprano”.
Las cifras
En Argentina, los menores de 18 años involucrados en delitos representan una minoría, estimada entre el 0,06% y 0,55% del total de niños y adolescentes, enfocándose la mayoría de causas en delitos contra la propiedad (82-84%) y mayormente varones de 16-17 años. Así, apenas el 0,55% de los aproximadamente 12.2 millones de menores en Argentina están vinculados a denuncias penales